UNA NACIÓN QUE SOSTIENE UN ESTADO CRIMINAL, ES UNA NACIÓN CRIMINAL. La estupidez de aquellos que exigen derechos violados a los ajenos, aceptando los privilegios legales de un estado criminal, labran su propio fin como nación y como pueblo libre.
viernes, mayo 24, 2013
EL PELAJE NO OCULTA AL LADRÓN.
La ley no se aplica por mayorías. Un solo ciudadano del lado de la ley, tiene más legitimidad y autoridad, que todo el crimen organizado en el estado, junto.
No legitimemos a unos ladrones con otros. A unos omisos con otros. A unos mafiosos con otros. A una canalla con otra.
Alguien de derechas, es un señor. Alguien de izquierdas, es un señor. Un liberal, es un señor. Un político es un señor. Un juez, es un señor. Un policía es un señor. Un empleado público es un señor. Un sindicalista es un señor. Un andaluz, valenciano, catalán, vasco o extremeño, es un señor. Un rey es un señor Majestad.
Quien roba es un ladrón, sea de derechas o de izquierdas. Sea de donde sea y lo que sea, si roba no es más que un vulgar ladrón al que todos tenemos el deber de exigir su condena correspondiente. Exactamente igual al que comete delito de omisisón, corrupción, suiciasesinato, promulgación de leyes contra derechos fundamentales, cumplir órdenes contra derechos democráticos o violar leyes en la obligación de cumplirlas y hacerlas cumplir.
Los que delinquen malversando los recursos del estado, violando la ley u omitiendo sus deberes legales y constitucionales, NO son ateos ni creyentes, ni políticos, ni poderosos ni débiles, ni de izquierdas ni de derechas, ni reyes ni príncipes, ni policías ni militares. Son delincuentes. Son ladrones a los que la democracia tiene el ineludible deber de meter entre rejas, cargando de agravantes a todos aquellos cuyos deltos se cometan en ostentación de cargos o responsabilidades públicas. La democracia no debe darles cuartel ni respiro, mientras uno solo esté en nuestras instituciones o en libertad. La democracia es el ultimo mecanismo legítimo para hacer Justicia, cuando todos los demás se han autocorrompido robando, omitiendo y apaleando víctimas. Todos sin excepción somos victimas de nuestro propio estado ladrón y mafioso, tras ser pagado y equipado para que persiga al crimen que lo ocupa.
La democracia es el poder soberano al que se subordina la totalidad de su servidumbre, desde el Jefe del Estado hasta el último bedel. Que ni un solo marginado del estado, ose levantar la mirada del suelo, ante una sola de sus víctimas, con la contractualidad constitucional en sus manos. Ni uno solo de sus millones de delincuentes que nos acosan, roban o apalean merece ni la hez de una sola de sus vícitimas que les paga sus propias garantías.
Nuestro estado ha sido tomado por corruptos, ladrones, omisos y terroristas, masacrando, física, económica, moral y culturalmente, el derecho, la dignidad y la libertad de una ciudadanía envilecida y dividida ideológica y socialmente, en escuelas y universidades.
Que todas las víctimas de España, independientemente de ideología, origen, credo o condición, se unan a otras en el objetivo común de hacer contra el crimen organizado en nuestro estado de nuestra propiedad, la Justicia que ese, nuestro estado, nos deniega. Son nuestra servidumbre, que marginándose de la ley, se declara en rebeldía contra la nación, para usando nuestro estado, leyes y recursos dedicarse al pillaje contra la nación a la que deben subordinación y servicio. Hay que poner fin a esta canalla, por todos los medios. La ley, el derecho y la razón nos asiste.
Todos, menos los marginados de él, somos el poder. Somos la democracia. Es nuestro deber y derecho perseguir al crimen hasta sus últimos agujeros. Nuestros descendientes no merecen esta escoria.
Democracia = Demos Kratos = Autoridad del Pueblo.
lunes, marzo 25, 2013
El artículo de Juan Torres censurado:
"Es muy significativo que habitualmente se hable de “castigo” para referirse a las medidas que Merkel y sus ministros imponen a los países más afectados por la crisis.
Dicen a sus compatriotas que tienen que castigar nuestra irresponsabilidad para que nuestro despilfarro y nuestras deudas no los paguen ahora los alemanes. Pero el razonamiento es falso pues los irresponsables no han sido los pueblos a los que Merkel se empeña en castigar sino los bancos alemanes a quienes protege y los de otros países a los que prestaron, ellos sí con irresponsabilidad, para obtener ganancias multimillonarias.
Los grandes grupos económicos europeos consiguieron establecer un modelo de unión monetaria muy imperfecto y asimétrico que enseguida reprodujo y agrandó las desigualdades originales entre las economías que la integraban. Además, gracias a su enorme capacidad inversora y al gran poder de sus gobiernos las grandes compañías del norte lograron quedarse con gran cantidad de empresas e incluso sectores enteros de los países de la periferia, como España. Eso provocó grandes déficit comerciales en éstos últimos y superávit sobre todo en Alemania y en menor medida en otros países.
Paralelamente, las políticas de los sucesivos gobiernos alemanes concentraron aún más la renta en la cima de la pirámide social, lo que aumentó su ya alto nivel de ahorro. De 1998 a 2008 la riqueza del 10% más rico de Alemania pasó del 45% al 53% del total, la del 40% siguiente del 46% al 40% y la del 50% más pobre del 4% al 1%.
Esas circunstancias pusieron a disposición de los bancos alemanes ingentes cantidades de dinero. Pero en lugar de dedicarlo a mejorar el mercado interno alemán y la situación de los niveles de renta más bajos, lo usaron (unos 704.000 millones de euros hasta 2009, según el Banco Internacional de Pagos) para financiar la deuda de los bancos irlandeses, la burbuja inmobiliaria española, el endeudamiento de las empresas griegas o para especular, lo que hizo que la deuda privada en la periferia europea se disparase y que los bancos alemanes se cargaran de activos tóxicos (900.000 millones de euros en 2009).
Al estallar la crisis se resintieron gravemente pero consiguieron que su insolvencia, en lugar de manifestarse como el resultado de su gran imprudencia e irresponsabilidad (a la que nunca se refiere Merkel), se presentara como el resultado del despilfarro y de la deuda pública de los países donde estaban los bancos a quienes habían prestado. Los alemanes retiraron rápidamente su dinero de estos países, pero la deuda quedaba en los balances de los bancos deudores. Merkel se erigió en la defensora de los banqueros alemanes y para ayudarles puso en marcha dos estrategias. Una, los rescates, que vendieron como si estuvieran dirigidos a salvar a los países, pero que en realidad consisten en darle a los gobiernos dinero en préstamos que pagan los pueblos para traspasarlo a los bancos nacionales para que éstos se recuperen cuanto antes y paguen enseguida a los alemanes. Otra, impedir que el BCE cortase de raíz los ataques especulativos contra la deuda de la periferia para que al subir las primas de riesgo de los demás bajara el coste con que se financia Alemania.
Merkel, como Hitler, ha declarado la guerra al resto de Europa, ahora para garantizarse su espacio vital económico. Nos castiga para proteger a sus grandes empresas y bancos y también para ocultar ante su electorado la vergüenza de un modelo que ha hecho que el nivel de pobreza en su país sea el más alto de los últimos 20 años, que el 25% de sus empleados gane menos de 9,15 euros/hora, o que a la mitad de su población le corresponda, como he dicho, un miserable 1% de toda la riqueza nacional.
La tragedia es la enorme connivencia entre los intereses financieros paneuropeos que dominan a nuestros gobiernos, y que estos, en lugar de defendernos con patriotismo y dignidad, nos traicionen para actuar como meras comparsas de Merkel."
Vía http://www.twitlonger.com/show/n_1rjd7vo
"Es muy significativo que habitualmente se hable de “castigo” para referirse a las medidas que Merkel y sus ministros imponen a los países más afectados por la crisis.
Dicen a sus compatriotas que tienen que castigar nuestra irresponsabilidad para que nuestro despilfarro y nuestras deudas no los paguen ahora los alemanes. Pero el razonamiento es falso pues los irresponsables no han sido los pueblos a los que Merkel se empeña en castigar sino los bancos alemanes a quienes protege y los de otros países a los que prestaron, ellos sí con irresponsabilidad, para obtener ganancias multimillonarias.
Los grandes grupos económicos europeos consiguieron establecer un modelo de unión monetaria muy imperfecto y asimétrico que enseguida reprodujo y agrandó las desigualdades originales entre las economías que la integraban. Además, gracias a su enorme capacidad inversora y al gran poder de sus gobiernos las grandes compañías del norte lograron quedarse con gran cantidad de empresas e incluso sectores enteros de los países de la periferia, como España. Eso provocó grandes déficit comerciales en éstos últimos y superávit sobre todo en Alemania y en menor medida en otros países.
Paralelamente, las políticas de los sucesivos gobiernos alemanes concentraron aún más la renta en la cima de la pirámide social, lo que aumentó su ya alto nivel de ahorro. De 1998 a 2008 la riqueza del 10% más rico de Alemania pasó del 45% al 53% del total, la del 40% siguiente del 46% al 40% y la del 50% más pobre del 4% al 1%.
Esas circunstancias pusieron a disposición de los bancos alemanes ingentes cantidades de dinero. Pero en lugar de dedicarlo a mejorar el mercado interno alemán y la situación de los niveles de renta más bajos, lo usaron (unos 704.000 millones de euros hasta 2009, según el Banco Internacional de Pagos) para financiar la deuda de los bancos irlandeses, la burbuja inmobiliaria española, el endeudamiento de las empresas griegas o para especular, lo que hizo que la deuda privada en la periferia europea se disparase y que los bancos alemanes se cargaran de activos tóxicos (900.000 millones de euros en 2009).
Al estallar la crisis se resintieron gravemente pero consiguieron que su insolvencia, en lugar de manifestarse como el resultado de su gran imprudencia e irresponsabilidad (a la que nunca se refiere Merkel), se presentara como el resultado del despilfarro y de la deuda pública de los países donde estaban los bancos a quienes habían prestado. Los alemanes retiraron rápidamente su dinero de estos países, pero la deuda quedaba en los balances de los bancos deudores. Merkel se erigió en la defensora de los banqueros alemanes y para ayudarles puso en marcha dos estrategias. Una, los rescates, que vendieron como si estuvieran dirigidos a salvar a los países, pero que en realidad consisten en darle a los gobiernos dinero en préstamos que pagan los pueblos para traspasarlo a los bancos nacionales para que éstos se recuperen cuanto antes y paguen enseguida a los alemanes. Otra, impedir que el BCE cortase de raíz los ataques especulativos contra la deuda de la periferia para que al subir las primas de riesgo de los demás bajara el coste con que se financia Alemania.
Merkel, como Hitler, ha declarado la guerra al resto de Europa, ahora para garantizarse su espacio vital económico. Nos castiga para proteger a sus grandes empresas y bancos y también para ocultar ante su electorado la vergüenza de un modelo que ha hecho que el nivel de pobreza en su país sea el más alto de los últimos 20 años, que el 25% de sus empleados gane menos de 9,15 euros/hora, o que a la mitad de su población le corresponda, como he dicho, un miserable 1% de toda la riqueza nacional.
La tragedia es la enorme connivencia entre los intereses financieros paneuropeos que dominan a nuestros gobiernos, y que estos, en lugar de defendernos con patriotismo y dignidad, nos traicionen para actuar como meras comparsas de Merkel."
Vía http://www.twitlonger.com/show/n_1rjd7vo
viernes, febrero 08, 2013
STOP DESAHUCIOS
A un lado tenemos a la Banca, Cajas de Ahorro, Partidos Políticos y Sindicatos haciendo negocio con la especulación inmobiliaria .
En frente tenemos al pensionista avalando a su hijo o nieto, que al haberse quedado este sin trabajo no puede hacer frente a la Hipoteca.
Los encargados de aplicar el Derecho y poner sentido común y justicia a esa relación (Gobiernos, Banco de España, Notarios, Registradores de la propiedad y Jueces de 1ª Instancia y de lo Mercantil), hacen oídos sordos poniéndose del lado de la parte más fuerte de la relación. La Prensa sabe perfectamente lo que ocurre y se calla la boca (estómagos agradecidos de la Banca, de los Gobiernos..)
El resultado final es que la Banca y las Cajas de Ahorro se quedan con el piso del hijo o nieto hipotecado, más el piso del padre o abuelo avalista, quien a su vez tiene que responder de la parte no cubierta por ambas propiedades con su propia pensión.
Cuando este padre o abuelo avalista otorgaba su consentimiento a su futura ruina (inconscientemente), ni los Gobiernos,ni el Banco de España ni los Sindicatos, ni los Partidos Políticos, ni los Notarios, ni los Registradores, ni los Jueces, ni la Prensa fueron capaces de anticiparse previendo la catástrofe que se avecinaba.
¿Realmente los Partidos, los Sindicatos, los Notarios, los Registradores, los Jueces o la Prensa...nos pueden dar lecciones de moral cuando ellos por omisión coadyuvaron a la ruina de tantas familias situándoles en la más absoluta miseria?
¿No deberían estar en la cárcel los responsables de Bancos y Cajas de Ahorros miembros de los Gobiernos y Banco de España que provocaron por acción esa ruina y miseria? ¿Que ocurre con aquellos que se beneficiaron de esa ruina y miseria, banqueros principalmente?
Marisol Rodríguez
Clandestino
En frente tenemos al pensionista avalando a su hijo o nieto, que al haberse quedado este sin trabajo no puede hacer frente a la Hipoteca.
Los encargados de aplicar el Derecho y poner sentido común y justicia a esa relación (Gobiernos, Banco de España, Notarios, Registradores de la propiedad y Jueces de 1ª Instancia y de lo Mercantil), hacen oídos sordos poniéndose del lado de la parte más fuerte de la relación. La Prensa sabe perfectamente lo que ocurre y se calla la boca (estómagos agradecidos de la Banca, de los Gobiernos..)
El resultado final es que la Banca y las Cajas de Ahorro se quedan con el piso del hijo o nieto hipotecado, más el piso del padre o abuelo avalista, quien a su vez tiene que responder de la parte no cubierta por ambas propiedades con su propia pensión.
Cuando este padre o abuelo avalista otorgaba su consentimiento a su futura ruina (inconscientemente), ni los Gobiernos,ni el Banco de España ni los Sindicatos, ni los Partidos Políticos, ni los Notarios, ni los Registradores, ni los Jueces, ni la Prensa fueron capaces de anticiparse previendo la catástrofe que se avecinaba.
¿Realmente los Partidos, los Sindicatos, los Notarios, los Registradores, los Jueces o la Prensa...nos pueden dar lecciones de moral cuando ellos por omisión coadyuvaron a la ruina de tantas familias situándoles en la más absoluta miseria?
¿No deberían estar en la cárcel los responsables de Bancos y Cajas de Ahorros miembros de los Gobiernos y Banco de España que provocaron por acción esa ruina y miseria? ¿Que ocurre con aquellos que se beneficiaron de esa ruina y miseria, banqueros principalmente?
Marisol Rodríguez
Clandestino
miércoles, enero 09, 2013
LA AMBICIÓN PUEDE PUENTEAR LA LEY Y AHOGAR A LA JUSTICIA, PERO NO CALLAR A LOS JUSTOS.
Me llega vía Marisol Rodríguez, un documento que entiendo de alto interés para el conjunto ciudadano, por su valor informativo sobre una institución en la que ningún ciudadano de a pie puede bucear mientras nuestro estado sea una confrontación de poderes hacia intereses espurios, en lugar de ser servicio al interés general de la nación. Todos debemos conocer nuestras obligaciones con nuestro estado, sin obviar nuestra responsabilidad democrática con el tratamiento que éste dispensa a nuestras garantías de convivencia, en paz y Justicia, en sus instrumento vitales como son la ley, y sus administradores -en independencia, respaldo, respeto y equipamientos- como responsables finales de esas garantías.
Mi agradecimiento a Marisol Rodríguez por su interés en divulgar asunto de tanto interés general, y junto al debido agradecimiento, mis respetos y reconocimiento a su autor.
“A) PREÁMBULO.
No debería existir ninguna razón para que un país civilizado, económica y culturalmente avanzado como es España, ocupe el número 60 en el ranking mundial de independencia judicial, detrás de países de tan larga tradición jurídica como Namibia, Zambia o Nigeria, y el 30 en el de corrupción.
El Presidente del Gobierno Don Mariano Rajoy Brey lo ha dicho claramente en la XXII Cumbre Iberoamericana: “La inversión es crecimiento, la seguridad jurídica su nutriente, y el crecimiento de la renta es su fruto”, considerando que “esta ecuación es la palanca para mejorar el bienestar de los ciudadanos y fortalecer la cohesión social”. Lo que nos preguntamos ahora, es la clase de seguridad jurídica a que se refiere nuestro Presidente, teniendo en cuenta los datos expuestos.
Iustitia est fundamentum regnorum se ha dicho siempre y con toda razón, puesto que si no funciona la Administración de Justicia nada puede funcionar correctamente en un país.
Se dice que se quiere situar a España dentro del mundo pero las instituciones europeas han dictado distintas resoluciones en el ámbito de la Justicia que no se cumplen. Por ejemplo la Recomendación (12) del Comité de Ministros del Consejo de Europa o del Consejo Consultivo de Jueces Europeos en las que se reitera a los Estados miembros sobre la necesidad de un órgano independiente de autogobierno de los jueces en el que al menos la mitad de sus miembros sean elegidos en su totalidad o bien en una mayoría sustancial por ellos mismos.
La independencia externa de los Jueces no constituye una prerrogativa o un privilegio establecido en su interés personal sino en favor del Estado de Derecho y del de toda persona que demanda una Justicia imparcial, señala la Recomendación citada. La cuestión llega al nivel de que según una encuesta publicada en septiembre del 2011 por el Consejo General de la Abogacía 7 de cada 10 ciudadanos considera que los cargos y nombramientos de Jueces se decide más por criterios políticos que en función de factores técnicos y profesionales considerando análoga proporción de ciudadanos que el órgano de Gobierno de los Jueces no es independiente del Gobierno o de los partidos políticos, considerando necesaria 8 de cada 10 una reforma urgente y profunda. La cuestión llega al punto de que el Presidente del CGPJ ha tenido que aclarar que los Jueces no actúan por criterios políticos.
Deben removerse las circunstancias que han permitido llegar a esta situación y no seríamos buenos españoles ni buenos jueces si no pusiésemos todo nuestro empeño en modificarla.
La primera gran cuestión que hemos clara las personas que vivimos al organizativo del Estado Social de es que no cabe contraponer el democrático con el de legalidad.
Ninguna autoridad puede invocar su origen democrático para infringir la ley, toda vez que la primera aplicación del principio democrático es ser gobernado por las leyes y no por los hombres, como recoge el Preámbulo de nuestra Constitución de 1978.
Es la Constitución la que recoge la voluntad del pueblo constituyente y señala las pautas por las que ha de regirse la convivencia.
No se puede hablar, por lo tanto, de la soberanía del Parlamento. Todos los Poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial deben estar separados y cumplir los mandatos que el pueblo soberano les ha encargado a través de la Constitución. Ninguno de ellos es soberano, ya que, igualmente, deben obedecer los mandatos constitucionales, que limitan el contenido y forma de ejercer sus competencias.
Hoy los grupos nacionalistas más activos proponen sus políticas al margen de la Constitución de 1978, y tal y como se constata por acreditados especialistas de Derecho Público sería necesario carecer de sentidos para negar que una parte creciente de la ciudadanía española tiene la convicción de que la clase política se ha apoderado de un Estado que, por tal razón, se ha convertido en un problema en sí mismo.
Ninguna de nuestras Constituciones históricas ha sido muy duradera y casi todas fueron cambiadas en el marco de revoluciones o de fuertes convulsiones sociales, con los problemas que plantea para las personas y las instituciones públicas situarse al borde del precipicio y la confrontación.
No debe albergarnos ninguna duda, que si no se canaliza adecuadamente la situación y si el sistema constitucionalmente establecido no articula, de hecho, una adecuada respuesta a la problemática situación del Estado, va a llegar el día en que el pueblo soberano, y desgraciadamente de forma traumática, destruirá el Orden Constitucional.
Nuestros problemas de corrupción, real nepotismo, malversación o despilfarro no se derivan de una ausencia de normas jurídicas o de que la Constitución de 1978 no haya intentado ponerles remedio.
Se trata sencillamente de que la Constitución no se cumple, ni en sus principios, ni en sus mandatos más expresos como lo pueden ser las propias sentencias del Tribunal Constitucional.
Por todo ello debe acabarse ya el tiempo del disimulo, los fraudes y las apariencias o las interpretaciones forzadas al amparo de la literalidad que claramente contravienen el espíritu en el que se basa nuestra convivencia.
Ha llegado el tiempo de llamar las cosas por su nombre y sólo por su nombre, con claridad. De otro modo perseveraríamos en las circunstancias que nos han conducido hasta donde nos encontramos.
La intervención de la política en la Justicia, más o menos justificada con la existencia de un verdadero poder legítimo, el Legislativo, sin duda, obedece a una falta de adaptación o comprensión del verdadero concepto de democracia.
No seríamos originales, y así lo ha considerado hasta algún académico de la Real de la Historia, si consideramos que aunque el Parlamento esté elegido democráticamente, la acumulación de poderes le conduce a una situación perversa, proclive a la tiranía, donde no hay controles, siendo la independencia de Poder Judicial su mejor garantía, habiendo anunciado el actual gobierno entre sus principales medidas, su intención de devolvérselas, (Marqués de la Serna, “ El Cambio”, ABC, 20-12-2012).
Yerra quien considere que en España existe un solo poder del Estado: el Legislativo y que los jueces son funcionarios públicos, o de otro modo, en este caso se debe ser coherente y reconocer que en España no existe democracia, como desde los albores del Estado contemporáneo establecieron los revolucionarios franceses en la Constitución de 1791
B.- EL GOBIERNO EXTERNO DE JUECES: EL CONSEJO GENERAL PODER JUDICIAL.
Desde los inicios del sistema de elección parlamentaria íntegra de los vocales del CGPJ surgió la sospecha de su mediatización por los partidos políticos, lo que era más grave no sólo por su ejercicio judicial posterior sino por el alineamiento de la Carrera por el juego de las prebendas y sanciones.
Que el actual modelo de elección parlamentaria del CGPJ no ocupa una oposición autónoma sino subordinada a los demás poderes públicos (f.jdco 10º), lo pone bien de manifiesto el hecho de que antes de que se reuniesen los vocales elegidos por el Congreso y el Senado para la elección de su presidente (24-2-2008), el nombre de éste ya fuese facilitado a los medios de comunicación por el Presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero con el beneplácito del Jefe de la Oposición Parlamentaria Rajoy Brey (22-9- 2008).
Tal actuación contraria al espíritu constitucional, destacada expresamente por el TC en la citada sentencia (f. jdco. 13º, al final) invalida su actuación como órgano garante de la independencia judicial.
Según las normas que rigen la prueba en los procesos judiciales y el más elemental sentido racional de interpretación fáctica, no cabe desconocer que, al facilitar el Presidente del Gobierno y el de la Oposición en la Cámara Legislativa, el sentido de la decisión, por otra parte tan inusual, que se iba a tomar días más tarde se producía una situación por la que el TC consideraba inconstitucional la actuación del Consejo, al carecer de lo que la STC 108/ 86 (f. jdco. 10º) consideraba “una posición autónoma y no subordinada a los demás poderes públicos”, que aconsejaba por su riesgo su sustitución, de ahí que al concretarse deba considerarse inconstitucional.
Con toda claridad señala la citada STC en el mencionado f. jdco, que la finalidad del art. 122 de la CE de 1978 es asegurar que el CGPJ refleje el pluralismo existente en el seno de la sociedad y muy especialmente en el seno del Poder Judicial, y aunque el mecanismo electoral no se ha diseñado directamente en la propia Constitución y lo ha remitido a una ley orgánica tal finalidad se alcanza más fácilmente atribuyendo a los propios jueces y magistrados la facultad de elegir a 12 de los miembros del CGPJ, cosa que ofrece pocas dudas al máximo intérprete de le CE. ¿Por qué siendo tan clara la postura de nuestra Constitución, según su intérprete supremo, los partidos políticos son reacios a aplicar directamente la Constitución?
La respuesta se encuentra en las propias sentencias, porque la lógica del Estado de Partidos empuja a actuaciones de este género, a verificar actuaciones según la generalidad a que están acostumbrados, a que su fuerza parlamentaria sea la que se aplique.
Poco vale que los más ilustres juristas de nuestro país, conocedores teóricos y prácticos de nuestro sistema, que trabajan con la Justicia todos los días hayan señalado que si el servicio público de la justicia no funciona no quiere decir que los jueces no sean personas dignas de la mejor consideración. Consideran que los Jueces son profesionales, normalmente en España, muy comprometidos, muy sacrificados y, en líneas generales, muy solventes, extraordinarios jueces y magistrados es decir, son gentes de calidad ( Santiago Muñoz Machado, ABC, 14-12-2012) porque serán tachados de corporativistas y arrojados al ostracismo. Por ello gente de la importancia del Presidente del Consejo de Estado, Romay Beccaría, los califica como tesoro oculto de España dominando las enormes dificultades, dignificando el oficio y rompiendo las olas (ABC, 20-12-2012).
¡Cómo puede ser tachado de corporativista, el jurista que colmada su paciencia, pide la aplicación correcta de la Constitución o de Tratados Internacionales en los que España es parte!
El acceso a la carrera judicial carece por su multiplicidad de parangón en el resto de profesiones jurídicas públicas. Para ser letrado de las Administraciones Públicas, notario, registrador de la propiedad o funcionario existe solamente una forma de acceso, la oposición.
Puede ser juez, quien antes ha ejercido cualquier otra profesión jurídica, sin realizar ninguna oposición. Los jueces no tienen capacidad ni para comprar un solo bolígrafo que necesiten para el ejercicio de su función, necesitan pedírselo al Gobierno para que se lo compre. A diferencia del resto de poderes del Estado no se fijan sus retribuciones y la dinámica de su actuación consiste en que sus decisiones sean examinadas y corregidas por Órganos judiciales superiores en grado, algo que carece de parangón en cualquier otra organización.
En estas condiciones no sólo el sentir general de la población sino grandes conocedores de nuestra organización estatal han señalado que hay una complicidad general de la clase política, que se ponen unos sueldos fabulosos, y como lo hacen todos, pues no terminan de quitarse (Tomás Ramón Fernández, ABC, 17-12-2012).
Hasta Presidentes del Centro Superior de Investigaciones Científicas que han recibido el Premio Nacional de Ensayo se preguntan cómo es posible que los jueces, cuya competencia técnica y honestidad profesional son superiores a lo normal se vean forzados a desempeñar un papel tan lamentable. Destaca que el Juez, la voz de la Justicia, trabaja en condiciones infrahumanas, que no aceptaría el mecanógrafo del Banco más modesto y que los magistrados presumen de haber dictado más de una sentencia al día, con la lectura de unos procesos compuestos por centenares o miles de folios ( Alejandro Nieto, La Organización del Desgobierno, 194).
Los jueces españoles sí que dictan más de tres sentencias cada dos días, además de otras resoluciones de fondo, como pueden ser los autos, que resuelven incidentes, tasaciones de costa, medidas cautelares, etc…Quienes hemos participado en los programas de intercambio de autoridades judiciales europeas tenemos tres impresiones nítidas: la laboriosidad y preparación técnica de los jueces españoles, así como nuestro retraso en la dotación de los medios materiales.
Francia tiene un 30% más de población que España y un 60% más de jueces pero un 40% menos de pleitos (9,5 millones de España por 6 de Francia). Portugal con un cuarto de población que España tiene, aproximadamente, la mitad de jueces.
España tiene la mitad de la media de los jueces que la OCDE, pero el doble de abogados. En España hay 10 Jueces por cada 10.000 habitantes, Moldavia y Albania tienen 12, Ucrania 14, Portugal 17, Grecia 20 y Alemania 25. Estamos en el puesto 36 del ranking europeo, sólo por delante de Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Malta y Dinamarca, país este último con muy baja litigiosidad.
El coste aproximado de la justicia es de algo menos de 80€ por persona y año, prácticamente el doble del costo de las televisiones públicas.
Mientras que la media europea está entre el 3 y el 4%, en España, el presupuesto de Justicia ronda el 1%.
Sería de mala fe negar el alcance de estos hechos y sus consecuencias.
¡Cómo es posible que se reciban de quienes lo propusieron tan agrias críticas por pedir que se cumpla su programa electoral en el que se decía: “promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ, para que, conforme a la Constitución, 12 de sus 20 miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías”!
¡Es incoherente defender un aspecto esencial de nuestra organización política y la contraria!
B) ÓRGANOS DE GOBIERNO INTERNO: SALAS DE GOBIERNO Y PRESIDENTES.
La potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado corresponde, en exclusiva, a los jueces y magistrados que son los únicos titulares del poder judicial, siendo su órgano de gobierno, el CGPJ.
No puede haber democracia sin separación de los poderes del Estado. Por excelencia, el principio democrático implica que los gobernados elijan a sus gobernantes.
Ninguna doctrina del TC niega que a los jueces les esté vedado elegir a los miembros de procedencia judicial del CGPJ, y al contrario, según se deduce de los debates constitucionales y de la literalidad del art. 122.3 de la CE (STC 108/86, f.jdco 13), el fin perseguido era el de asegurar la presencia en el Consejo de las principales actitudes y corrientes de opinión existentes en el conjunto de jueces y magistrados en cuanto tales. De ninguna manera se puede conseguir mejor este fin que a través del sistema democrático directo.
A todos los poderes públicos se les reconoce, según constante jurisprudencia, una potestad de autoorganización, de ahí que de acuerdo con el principio democrático que recoge nuestra Constitución consideremos que todos los órganos de gobierno interno del poder judicial deban ser elegidos democráticamente.
Si se considera adecuado el gobierno de los jueces al margen de los titulares del poder judicial, por coherencia, el resto de poderes del estado han de estar dotados de órganos de gobierno elegidos, igualmente por terceros y parcialmente entre sus titulares.
Dada la función primera del poder judicial, los órganos de gobierno la han de completar y respetar como función preferente, subordinándose a ella, y teniendo tal cuestión presente en la atribución de los medios personales y materiales cuya adscripción se atribuyan, a sí mismos y a los órganos judiciales.
La preminencia de lo político y gubernativo sobre lo profesional es una de las causas de nuestros males.
C) POLICIA JUDICIAL
Debe crearse una auténtica policía judicial, completamente desvinculada, jerárquica y funcionalmente de la policía gubernativa y dependiente de los jueces de instrucción, únicos garantes de un procedimiento imparcial e independiente.
D) RELACION CON OTRAS PROFESIONES
Es indudable que al igual que otros profesionales pueden expresar en el CGPJ la proyección en el mundo del Derecho de otras corrientes de pensamiento existentes en la sociedad, la opinión de los jueces debería ser tenida en cuenta en las cuestiones que aborden determinadas profesiones relacionadas con la administración de justicia, especialmente cuando se dota de los medios materiales y personales que deben facilitar otros poderes del Estado, o cuando precisamente su consideración de administración pública obedece a funciones relacionadas con la Administración de Justicia .
E) NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO
Teniendo en cuenta los principios de mérito y capacidad, y la complejidad de tal actividad de selección, así como la vinculación al principio de legalidad, al margen de sensibilidades, la función de proponer al candidato debe atribuirse a un órgano técnico que siga unas pautas objetivas previamente determinadas, y formado por Magistrados del Tribunal Supremo y Catedráticos con cierta antigüedad en la disciplina, pudiendo participar en la misma quienes reuniendo los requisitos legales ocupen un tercio de la parte superior del escalafón, de acuerdo con el principio de carrera judicial.
Los Jueces, en tanto que empleados públicos, queremos que la Carrera judicial se rija por los principios de mérito y capacidad, y dada las peculiaridades de nuestra organización como Carrera consideramos que solamente quienes están en condiciones de valorar a los candidatos deben hacerlo.
Parangonando a Esperanza Aguirre (“ Carta Abierta al Ministro de Educación”, ABC, 17-12-2012), la Justicia no está para servir a las ideologías ni para el adoctrinamiento ( La Dictadura de Género ) sino que es el campo de la instrucción ( del latín in- struere, construir por dentro la personalidad y el genio jurídico fruto de la síntesis y el aprendizaje de los años de profesión).”
Mercenario Villalba Lava.
Juez por Oposición
Magistrado Especialista en lo Contencioso Administrativo
Doctor Europeo en Derecho
PD.- En el texto original no existían párrafos resaltados en negrita.
Clandestino
Mi agradecimiento a Marisol Rodríguez por su interés en divulgar asunto de tanto interés general, y junto al debido agradecimiento, mis respetos y reconocimiento a su autor.
“A) PREÁMBULO.
No debería existir ninguna razón para que un país civilizado, económica y culturalmente avanzado como es España, ocupe el número 60 en el ranking mundial de independencia judicial, detrás de países de tan larga tradición jurídica como Namibia, Zambia o Nigeria, y el 30 en el de corrupción.
El Presidente del Gobierno Don Mariano Rajoy Brey lo ha dicho claramente en la XXII Cumbre Iberoamericana: “La inversión es crecimiento, la seguridad jurídica su nutriente, y el crecimiento de la renta es su fruto”, considerando que “esta ecuación es la palanca para mejorar el bienestar de los ciudadanos y fortalecer la cohesión social”. Lo que nos preguntamos ahora, es la clase de seguridad jurídica a que se refiere nuestro Presidente, teniendo en cuenta los datos expuestos.
Iustitia est fundamentum regnorum se ha dicho siempre y con toda razón, puesto que si no funciona la Administración de Justicia nada puede funcionar correctamente en un país.
Se dice que se quiere situar a España dentro del mundo pero las instituciones europeas han dictado distintas resoluciones en el ámbito de la Justicia que no se cumplen. Por ejemplo la Recomendación (12) del Comité de Ministros del Consejo de Europa o del Consejo Consultivo de Jueces Europeos en las que se reitera a los Estados miembros sobre la necesidad de un órgano independiente de autogobierno de los jueces en el que al menos la mitad de sus miembros sean elegidos en su totalidad o bien en una mayoría sustancial por ellos mismos.
La independencia externa de los Jueces no constituye una prerrogativa o un privilegio establecido en su interés personal sino en favor del Estado de Derecho y del de toda persona que demanda una Justicia imparcial, señala la Recomendación citada. La cuestión llega al nivel de que según una encuesta publicada en septiembre del 2011 por el Consejo General de la Abogacía 7 de cada 10 ciudadanos considera que los cargos y nombramientos de Jueces se decide más por criterios políticos que en función de factores técnicos y profesionales considerando análoga proporción de ciudadanos que el órgano de Gobierno de los Jueces no es independiente del Gobierno o de los partidos políticos, considerando necesaria 8 de cada 10 una reforma urgente y profunda. La cuestión llega al punto de que el Presidente del CGPJ ha tenido que aclarar que los Jueces no actúan por criterios políticos.
Deben removerse las circunstancias que han permitido llegar a esta situación y no seríamos buenos españoles ni buenos jueces si no pusiésemos todo nuestro empeño en modificarla.
La primera gran cuestión que hemos clara las personas que vivimos al organizativo del Estado Social de es que no cabe contraponer el democrático con el de legalidad.
Ninguna autoridad puede invocar su origen democrático para infringir la ley, toda vez que la primera aplicación del principio democrático es ser gobernado por las leyes y no por los hombres, como recoge el Preámbulo de nuestra Constitución de 1978.
Es la Constitución la que recoge la voluntad del pueblo constituyente y señala las pautas por las que ha de regirse la convivencia.
No se puede hablar, por lo tanto, de la soberanía del Parlamento. Todos los Poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial deben estar separados y cumplir los mandatos que el pueblo soberano les ha encargado a través de la Constitución. Ninguno de ellos es soberano, ya que, igualmente, deben obedecer los mandatos constitucionales, que limitan el contenido y forma de ejercer sus competencias.
Hoy los grupos nacionalistas más activos proponen sus políticas al margen de la Constitución de 1978, y tal y como se constata por acreditados especialistas de Derecho Público sería necesario carecer de sentidos para negar que una parte creciente de la ciudadanía española tiene la convicción de que la clase política se ha apoderado de un Estado que, por tal razón, se ha convertido en un problema en sí mismo.
Ninguna de nuestras Constituciones históricas ha sido muy duradera y casi todas fueron cambiadas en el marco de revoluciones o de fuertes convulsiones sociales, con los problemas que plantea para las personas y las instituciones públicas situarse al borde del precipicio y la confrontación.
No debe albergarnos ninguna duda, que si no se canaliza adecuadamente la situación y si el sistema constitucionalmente establecido no articula, de hecho, una adecuada respuesta a la problemática situación del Estado, va a llegar el día en que el pueblo soberano, y desgraciadamente de forma traumática, destruirá el Orden Constitucional.
Nuestros problemas de corrupción, real nepotismo, malversación o despilfarro no se derivan de una ausencia de normas jurídicas o de que la Constitución de 1978 no haya intentado ponerles remedio.
Se trata sencillamente de que la Constitución no se cumple, ni en sus principios, ni en sus mandatos más expresos como lo pueden ser las propias sentencias del Tribunal Constitucional.
Por todo ello debe acabarse ya el tiempo del disimulo, los fraudes y las apariencias o las interpretaciones forzadas al amparo de la literalidad que claramente contravienen el espíritu en el que se basa nuestra convivencia.
Ha llegado el tiempo de llamar las cosas por su nombre y sólo por su nombre, con claridad. De otro modo perseveraríamos en las circunstancias que nos han conducido hasta donde nos encontramos.
La intervención de la política en la Justicia, más o menos justificada con la existencia de un verdadero poder legítimo, el Legislativo, sin duda, obedece a una falta de adaptación o comprensión del verdadero concepto de democracia.
No seríamos originales, y así lo ha considerado hasta algún académico de la Real de la Historia, si consideramos que aunque el Parlamento esté elegido democráticamente, la acumulación de poderes le conduce a una situación perversa, proclive a la tiranía, donde no hay controles, siendo la independencia de Poder Judicial su mejor garantía, habiendo anunciado el actual gobierno entre sus principales medidas, su intención de devolvérselas, (Marqués de la Serna, “ El Cambio”, ABC, 20-12-2012).
Yerra quien considere que en España existe un solo poder del Estado: el Legislativo y que los jueces son funcionarios públicos, o de otro modo, en este caso se debe ser coherente y reconocer que en España no existe democracia, como desde los albores del Estado contemporáneo establecieron los revolucionarios franceses en la Constitución de 1791
B.- EL GOBIERNO EXTERNO DE JUECES: EL CONSEJO GENERAL PODER JUDICIAL.
Desde los inicios del sistema de elección parlamentaria íntegra de los vocales del CGPJ surgió la sospecha de su mediatización por los partidos políticos, lo que era más grave no sólo por su ejercicio judicial posterior sino por el alineamiento de la Carrera por el juego de las prebendas y sanciones.
Que el actual modelo de elección parlamentaria del CGPJ no ocupa una oposición autónoma sino subordinada a los demás poderes públicos (f.jdco 10º), lo pone bien de manifiesto el hecho de que antes de que se reuniesen los vocales elegidos por el Congreso y el Senado para la elección de su presidente (24-2-2008), el nombre de éste ya fuese facilitado a los medios de comunicación por el Presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero con el beneplácito del Jefe de la Oposición Parlamentaria Rajoy Brey (22-9- 2008).
Tal actuación contraria al espíritu constitucional, destacada expresamente por el TC en la citada sentencia (f. jdco. 13º, al final) invalida su actuación como órgano garante de la independencia judicial.
Según las normas que rigen la prueba en los procesos judiciales y el más elemental sentido racional de interpretación fáctica, no cabe desconocer que, al facilitar el Presidente del Gobierno y el de la Oposición en la Cámara Legislativa, el sentido de la decisión, por otra parte tan inusual, que se iba a tomar días más tarde se producía una situación por la que el TC consideraba inconstitucional la actuación del Consejo, al carecer de lo que la STC 108/ 86 (f. jdco. 10º) consideraba “una posición autónoma y no subordinada a los demás poderes públicos”, que aconsejaba por su riesgo su sustitución, de ahí que al concretarse deba considerarse inconstitucional.
Con toda claridad señala la citada STC en el mencionado f. jdco, que la finalidad del art. 122 de la CE de 1978 es asegurar que el CGPJ refleje el pluralismo existente en el seno de la sociedad y muy especialmente en el seno del Poder Judicial, y aunque el mecanismo electoral no se ha diseñado directamente en la propia Constitución y lo ha remitido a una ley orgánica tal finalidad se alcanza más fácilmente atribuyendo a los propios jueces y magistrados la facultad de elegir a 12 de los miembros del CGPJ, cosa que ofrece pocas dudas al máximo intérprete de le CE. ¿Por qué siendo tan clara la postura de nuestra Constitución, según su intérprete supremo, los partidos políticos son reacios a aplicar directamente la Constitución?
La respuesta se encuentra en las propias sentencias, porque la lógica del Estado de Partidos empuja a actuaciones de este género, a verificar actuaciones según la generalidad a que están acostumbrados, a que su fuerza parlamentaria sea la que se aplique.
Poco vale que los más ilustres juristas de nuestro país, conocedores teóricos y prácticos de nuestro sistema, que trabajan con la Justicia todos los días hayan señalado que si el servicio público de la justicia no funciona no quiere decir que los jueces no sean personas dignas de la mejor consideración. Consideran que los Jueces son profesionales, normalmente en España, muy comprometidos, muy sacrificados y, en líneas generales, muy solventes, extraordinarios jueces y magistrados es decir, son gentes de calidad ( Santiago Muñoz Machado, ABC, 14-12-2012) porque serán tachados de corporativistas y arrojados al ostracismo. Por ello gente de la importancia del Presidente del Consejo de Estado, Romay Beccaría, los califica como tesoro oculto de España dominando las enormes dificultades, dignificando el oficio y rompiendo las olas (ABC, 20-12-2012).
¡Cómo puede ser tachado de corporativista, el jurista que colmada su paciencia, pide la aplicación correcta de la Constitución o de Tratados Internacionales en los que España es parte!
El acceso a la carrera judicial carece por su multiplicidad de parangón en el resto de profesiones jurídicas públicas. Para ser letrado de las Administraciones Públicas, notario, registrador de la propiedad o funcionario existe solamente una forma de acceso, la oposición.
Puede ser juez, quien antes ha ejercido cualquier otra profesión jurídica, sin realizar ninguna oposición. Los jueces no tienen capacidad ni para comprar un solo bolígrafo que necesiten para el ejercicio de su función, necesitan pedírselo al Gobierno para que se lo compre. A diferencia del resto de poderes del Estado no se fijan sus retribuciones y la dinámica de su actuación consiste en que sus decisiones sean examinadas y corregidas por Órganos judiciales superiores en grado, algo que carece de parangón en cualquier otra organización.
En estas condiciones no sólo el sentir general de la población sino grandes conocedores de nuestra organización estatal han señalado que hay una complicidad general de la clase política, que se ponen unos sueldos fabulosos, y como lo hacen todos, pues no terminan de quitarse (Tomás Ramón Fernández, ABC, 17-12-2012).
Hasta Presidentes del Centro Superior de Investigaciones Científicas que han recibido el Premio Nacional de Ensayo se preguntan cómo es posible que los jueces, cuya competencia técnica y honestidad profesional son superiores a lo normal se vean forzados a desempeñar un papel tan lamentable. Destaca que el Juez, la voz de la Justicia, trabaja en condiciones infrahumanas, que no aceptaría el mecanógrafo del Banco más modesto y que los magistrados presumen de haber dictado más de una sentencia al día, con la lectura de unos procesos compuestos por centenares o miles de folios ( Alejandro Nieto, La Organización del Desgobierno, 194).
Los jueces españoles sí que dictan más de tres sentencias cada dos días, además de otras resoluciones de fondo, como pueden ser los autos, que resuelven incidentes, tasaciones de costa, medidas cautelares, etc…Quienes hemos participado en los programas de intercambio de autoridades judiciales europeas tenemos tres impresiones nítidas: la laboriosidad y preparación técnica de los jueces españoles, así como nuestro retraso en la dotación de los medios materiales.
Francia tiene un 30% más de población que España y un 60% más de jueces pero un 40% menos de pleitos (9,5 millones de España por 6 de Francia). Portugal con un cuarto de población que España tiene, aproximadamente, la mitad de jueces.
España tiene la mitad de la media de los jueces que la OCDE, pero el doble de abogados. En España hay 10 Jueces por cada 10.000 habitantes, Moldavia y Albania tienen 12, Ucrania 14, Portugal 17, Grecia 20 y Alemania 25. Estamos en el puesto 36 del ranking europeo, sólo por delante de Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Malta y Dinamarca, país este último con muy baja litigiosidad.
El coste aproximado de la justicia es de algo menos de 80€ por persona y año, prácticamente el doble del costo de las televisiones públicas.
Mientras que la media europea está entre el 3 y el 4%, en España, el presupuesto de Justicia ronda el 1%.
Sería de mala fe negar el alcance de estos hechos y sus consecuencias.
¡Cómo es posible que se reciban de quienes lo propusieron tan agrias críticas por pedir que se cumpla su programa electoral en el que se decía: “promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ, para que, conforme a la Constitución, 12 de sus 20 miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías”!
¡Es incoherente defender un aspecto esencial de nuestra organización política y la contraria!
B) ÓRGANOS DE GOBIERNO INTERNO: SALAS DE GOBIERNO Y PRESIDENTES.
La potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado corresponde, en exclusiva, a los jueces y magistrados que son los únicos titulares del poder judicial, siendo su órgano de gobierno, el CGPJ.
No puede haber democracia sin separación de los poderes del Estado. Por excelencia, el principio democrático implica que los gobernados elijan a sus gobernantes.
Ninguna doctrina del TC niega que a los jueces les esté vedado elegir a los miembros de procedencia judicial del CGPJ, y al contrario, según se deduce de los debates constitucionales y de la literalidad del art. 122.3 de la CE (STC 108/86, f.jdco 13), el fin perseguido era el de asegurar la presencia en el Consejo de las principales actitudes y corrientes de opinión existentes en el conjunto de jueces y magistrados en cuanto tales. De ninguna manera se puede conseguir mejor este fin que a través del sistema democrático directo.
A todos los poderes públicos se les reconoce, según constante jurisprudencia, una potestad de autoorganización, de ahí que de acuerdo con el principio democrático que recoge nuestra Constitución consideremos que todos los órganos de gobierno interno del poder judicial deban ser elegidos democráticamente.
Si se considera adecuado el gobierno de los jueces al margen de los titulares del poder judicial, por coherencia, el resto de poderes del estado han de estar dotados de órganos de gobierno elegidos, igualmente por terceros y parcialmente entre sus titulares.
Dada la función primera del poder judicial, los órganos de gobierno la han de completar y respetar como función preferente, subordinándose a ella, y teniendo tal cuestión presente en la atribución de los medios personales y materiales cuya adscripción se atribuyan, a sí mismos y a los órganos judiciales.
La preminencia de lo político y gubernativo sobre lo profesional es una de las causas de nuestros males.
C) POLICIA JUDICIAL
Debe crearse una auténtica policía judicial, completamente desvinculada, jerárquica y funcionalmente de la policía gubernativa y dependiente de los jueces de instrucción, únicos garantes de un procedimiento imparcial e independiente.
D) RELACION CON OTRAS PROFESIONES
Es indudable que al igual que otros profesionales pueden expresar en el CGPJ la proyección en el mundo del Derecho de otras corrientes de pensamiento existentes en la sociedad, la opinión de los jueces debería ser tenida en cuenta en las cuestiones que aborden determinadas profesiones relacionadas con la administración de justicia, especialmente cuando se dota de los medios materiales y personales que deben facilitar otros poderes del Estado, o cuando precisamente su consideración de administración pública obedece a funciones relacionadas con la Administración de Justicia .
E) NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO
Teniendo en cuenta los principios de mérito y capacidad, y la complejidad de tal actividad de selección, así como la vinculación al principio de legalidad, al margen de sensibilidades, la función de proponer al candidato debe atribuirse a un órgano técnico que siga unas pautas objetivas previamente determinadas, y formado por Magistrados del Tribunal Supremo y Catedráticos con cierta antigüedad en la disciplina, pudiendo participar en la misma quienes reuniendo los requisitos legales ocupen un tercio de la parte superior del escalafón, de acuerdo con el principio de carrera judicial.
Los Jueces, en tanto que empleados públicos, queremos que la Carrera judicial se rija por los principios de mérito y capacidad, y dada las peculiaridades de nuestra organización como Carrera consideramos que solamente quienes están en condiciones de valorar a los candidatos deben hacerlo.
Parangonando a Esperanza Aguirre (“ Carta Abierta al Ministro de Educación”, ABC, 17-12-2012), la Justicia no está para servir a las ideologías ni para el adoctrinamiento ( La Dictadura de Género ) sino que es el campo de la instrucción ( del latín in- struere, construir por dentro la personalidad y el genio jurídico fruto de la síntesis y el aprendizaje de los años de profesión).”
Mercenario Villalba Lava.
Juez por Oposición
Magistrado Especialista en lo Contencioso Administrativo
Doctor Europeo en Derecho
PD.- En el texto original no existían párrafos resaltados en negrita.
Clandestino
domingo, diciembre 09, 2012
LUCES DEL FRANQUISMO
Algunos aspectos del
estado de bienestar legado por Franco a su muerte, el 20 de noviembre de 1975,
y a día de hoy en avanzado estado de desmantelamiento.
ACTUALIZADO EL
09-07-16
A pesar de los
grandes esfuerzos políticos, legales, escolares y mediáticos empleados por los
que odiaron al dictador vivo y muerto, para impedir que se conozcan las
verdaderas razones de ese odio cerval, aún quedan testimonios sobrados de la
realidad. Me permito listar algunos de los recopilados de varias fuentes y de
mi propia memoria, con el único interés de hacer que resplandezca esa verdad
sobre nuestra historia más reciente y dejar claro que a nadie le interesaba
mejorar los defectos del franquismo, sino destruir sus mejores logros y
virtudes y que lejos de instaurar la democracia que cobran, lo único que ha
introducido la transición española fue corrupción, usura, crimen, impunidad,
odio y muerte.
Actualizaré este
listado según vaya recopilando información sobre algunos otros aspectos que
conformaron lo que fue nuestro estado de bienestar.
Todo lo que lean aquí
abajo se ajusta a la realidad social, legal y política de España, a la muerte
del Jefe del Estado. Si meditan sobre ello y lo imaginan aplicado a una
sociedad moderna, culta, libre y formada, sin el autoritarismo del
franquismo, verán ante ustedes un sistema que puede satisfacer el sueño
de convivencia en paz, Justicia y libertad, de cualquier nación. Intuyo que en
algún periodo futuro, la humanidad en pleno se regirá con medidas iguales o
similares a estas. Pero eso será cuando se erradiquen de la faz de la tierra
grupos y entidades secretas y no, corruptores y manipuladores de gobiernos y
estados contra sus naciones con fines de poder y lucro. Franco nos aisló y
protegió de ellos. Y lo odiaron y odian más que a ninguna otra persona del
planeta.
He aquí las pruebas:
“Los hombres más
heroicos del mundo. Los hombres más grandes de Europa, son los hijos de
España”. - Franco
La población española
aumenta 8 millones de habitantes, entre 1940 y 1970.
Entre 1940 y 1970 la
renta nacional se multiplicó por ocho.
Entre 1940 y
1970 la producción agraria aumentó más del 150%.
La repoblación
forestal pasa de 792 Ha, en 1940 a 2.350.000 Ha, en 1970.
La superficie en
riego de España pasa de 83.100 Ha, en 1940, hasta 1.029.100 Ha, en 1970.
La producción de
energía eléctrica, pasa de los 3.617.000 de KW/h, en 1940, a los 56.484.00
KW/h, en 1970.
La capacidad de los
embalses pasa de 400.000.000 de m3, en 1940, a 36.000.000.000 de m3, en 1970.
La construcción de
buques pasa de 89.000 toneladas, en 1940, a 920.000 toneladas en
1970.
La vivienda nueva, en
España, pasa de 22.000 construidas en 1940, a 3.321.321 en 1970.
El seguro de
enfermedad en 1940 tenía 311.600 beneficiarios, en 1970 pasan a ser
25.134.956.
"El hecho de que
repudiemos con toda razón, un sistema que aniquiló nuestra vida política, nos
obliga a buscar la democracia por otros caminos". - Franco
“Los Españoles somos
fuertes cuando permanecemos unidos”. - Franco ante las cortes en 1971
"No cejéis en
alcanzar la Justicia social y la cultura, para todos los hombres de España, y
haced de ello vuestro primordial objetivo”. – Franco
“La política,
la noble política, es el arte de gobernar a los pueblos”. -Franco
"No abandonados
a la voracidad marxista, atomizados y presa del pánico a manos del crimen
organizado de las mismas alturas del poder". – Franco
"Teníamos que hacer
una patria mejor y estamos haciendo una patria mejor”. – Franco
“El hombre es
un ser sociable con pensamiento político, que si no se le llena con verdad,
otros acabaran llenándolo con mentira”. -Franco
“Que nuestra historia
nos reconozca por nuestras obras y no por lo que digan”. - Franco.
“Nuestras realidades
destruirán las críticas. Lo importante es que se reconozcan por sus frutos y no
por nuestras palabras”. - Franco
&&&&&&&&&&&&&
1975.- España era 2ª
potencia mundial en el sector servicios.
1975.- España tenía
la 2ª flota pesquera del mundo faenando libremente en los principales caladeros
del planeta.
1975.- España era el
tercer productor mundial, en astilleros
1975.- España 9ª
potencia industrial del mundo.
1975.- La industria
representaba el 36% del PIB. En la actualidad no llega al 15% del PIB.
1975.- Paro: 510.500
desempleados. Tasa de paro: 3,78% (26% de paro en la actualidad)
1975.- 515 embalses a
lo largo y ancho de toda la geografía española.
1975.- España había
entregado más de 9.000.000 de viviendas de Protección Oficial, entre
construidas y reconstruidas.
1975.- Clase Media:
56% de la población (43% en 2008). Actualmente casi extinguida.
1975.- 700.000
funcionarios públicos. (Más de 3.000.000 en la actualidad).
1975.- 7.3% de deuda
sobre el PIB (96% en 2014).
1975.- 21
universidades laborales y numerosas escuelas laborales. Defenestradas todas
ellas!!
1975.- Tres niveles
de ayudas a familias numerosas, según número de hijos. Corregían nivel
adquisitivo entre familias con más o menos hijos
1975.- 1 mes o 30
días naturales, de vacaciones retribuidas al año.
1975.- Paga extra de
Navidad.
1975.- Paga extra del
18 de Julio.
1975.- Dos medias
pagas extras, por beneficios de empresa.
1975.- Pagas extras
mensuales, por trienios o quinquenios.
1975.- Incremento
mensual en nóminas, de pequeña cantidad en metálico, por cada hijo de cada
trabajador/ra (Conocido como ‘Puntos’)
1975.- El Estado
protegía especialmente a las familias numerosas.
1975.- La riqueza no
podrá permanecer inactiva, ser destruida indebidamente ni aplicada a fines
ilícitos.
1975.- Retorno
gratuito en medios de transportes públicos urbanos, en billetes expendidos
hasta las 9:00 horas.
1975.- Todos los
bienes privados, eran inembargables. (Art. 32 Fuero de Los Españoles).
1975.- Persecución
implacable sobre toda forma de usura (Cap. IX—3º Fuero del Trabajo).
1975.- El trabajo
tenía prioridad sobre cualquier otro aspecto. No se podía molestar u obstruir a
personas en el ejercicio de su trabajo.
1975.- El Impuesto de
Tráfico de Empresa, (ITE, actual IVA) era del 2%. (Actualmente se aplica el
21%)
1975.- La presión
fiscal era el 18’4%. En 2013 era 32’9%.
1975.- La apertura de
pequeños negocios o comercios apenas necesitaban requisitos legales más allá de
seguridad e higiene.
1975.- Una única ley
y normativa nacional, agilizaba y dinamizaba la economía productiva
interterritorial.
1975.- Las
diputaciones Provinciales, coordinaban la relación política entre estado y
municipios, suplantando CC.AA a costo
despreciable.
1975.- Prohibición de
interrumpir el suministro de agua, electricidad o carbón en hogares, por
impago.
1975.- El blindaje d
mercado productivo contra financiero y usura, arrojaba excelentes resultados
contables empresariales y salariales.
1975.- El nivel
adquisitivo d los españoles podía rondar entre 1.000% y 1.500% sobre el actual.
(En hogares con un solo ingreso)
1975.- Derecho a
pensión a partir de dos años cotizados a la seguridad social. Ahora a partir de
35 años.
1975.- Los salarios
eran netos, totalmente exentos de retenciones y del pago de impuestos.
1975.- Existía el
impuesto de lujo del 33%. Los “demócratas” lo derogaron y nos cargaron IRPF y
21% de IVA, a los trabajadores.
1975.- La jornada
laboral estaba sujeta rigurosamente a 8 horas, permitiendo horas extras en
casos de emergencias y previa negociación de precios.
1975.- El salario
mínimo en España era el 90% del salario mínimo europeo. Ahora es el 45% del
salario mínimo europeo.
1975.- Drogas,
corrupción, traición, renegados, telebasura, exhibicionismo gay en vías
públicas, abortos y otros, estaban por inventar.
1975.- En 40 años se
produjeron 3 casos de corrupción en España: Sofico, Matesa y Redondela. Media
superada por mayoría d días “democráticos”.
1975.- El domicilio
de los españoles era inviolable, bajo dura persecución penal. (Ahora es
patrimonio d ladrones, penando leg. defensa.)
1975.- Los bajos
niveles de delincuencia, casi despreciables, ofrecían alta seguridad en
poblaciones y en todo el territorio nacional, 24 h
1975.- Millones de
hogares, templos y otros, nunca usaban llaves en sus puertas. (Apenas había
bancos criando telarañas en sus cajas)
1975.- 15.000 presos
en las cárceles. Ahora 85.000 en las cárceles y otros tantos en las calles y en
el estado, bajo absoluta impunidad.
1975.- La entrega de
viviendas de Protección Oficial, era rigurosamente selectiva, a bajo precios q
rondaban entre nada y poco más que simbólica.
1975.- Bancos y
cajas pagaban entre 1% y 3% de intereses al saldo, según fueran cuentas de
ahorro o corrientes. Ahora cobran mantenimiento.
1975.- La gran mayoría
de españoles no tenían cuentas bancarias. Dinero y valores, se guardaban en el hogar,
dada su inviolabilidad.
1975.- No
existían empresas de seguridad privada, en España.
1975.- Apenas había oficinas bancarias en
España.
1975.- Solo se
domiciliaba el recibo del teléfono. Para todo lo demás, había cobradores a
domicilio.
1975.- Dada la
autofinanciación de la economía productiva, la inflación interna era muy baja,
soportando fluctuaciones del mercado externo.
1975.- No existían vallas en los campos de
fútbol ni de otros eventos deportivos. La presencia policial siempre escasa, apenas era testimonial.
Para cobertura al
seguro se construyen: Residencias hospitalarias: 292|| Ambulatorios: 500
Consultorios: 425|| Residencias concertadas: 96
1975.- Las garantías
sobre estado d bienestar creado, recaían sobre el sindicato vertical gestionado
por FE y las JONS, como sus precursores
Procuradores en
Cortes electos, sindicatos y otros, dimiten incondicionalmente en pro d una
democracia q pagamos a alto precio y nunca llegó
En el seno del
sindicato vertical se gestó el sindicato de orientación comunista, CC.OO
posteriormente auto escindido. También el famoso falangista, Felipe
González llegó a ser Secretario General del PS europeo, del PSOE y
Presidente del Gobierno de España. Durante el franquismo gozó de protección del
estado. Y a pesar de estar prohibidos, la existencia de partidos
políticos y sindicatos era de conocimiento público como lo eran la mayoría de
sus actividades. Como resumen, según la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), el número de huelgas en España, de 1963 a 1974, pese a que
estuvieran prohibidas, han sido las siguientes:
1963, 241 huelgas.
1964, 126 huelgas.
1965, 150 huelgas.
1966, 147 huelgas.
1967, 513 huelgas.
1968, 309 huelgas.
1969, 439 huelgas.
1970, 1.542 huelgas.
1971, 549 huelgas.
1972, 713 huelgas
1974, 1.926 huelgas.
&&
Leyes.- 1938 -
Derecho del Trabajo.- Ley de Bases de la Organización Nacionalsindicalista.
Leyes.- 1 de
septiembre de 1939. Ley del Subsidio familiar.
Leyes.- 23 de
septiembre de 1939. Ley del Subsidio de Vejez.
Leyes.- 13 de julio
de 1940. Ley de Descanso dominical y días festivos.
Leyes.- Ley del 25 de
septiembre de 1941 crea el Instituto Nacional de Industria, INI
Leyes.- 25 de
noviembre de 1942. Ley de Patrimonios familiares.
Leyes.- 14 de
diciembre de 1942. Seguro Obligatorio de enfermedad.
Leyes.- 26 de enero
de 1944. Contrato de Trabajo, vacaciones retribuidas, maternidad para las
mujeres trabajadoras y garantías sindicales
Leyes: 19 de
noviembre de 1944. Paga extraordinaria de Navidad.
Leyes: 18 de julio de
1947. Paga extraordinaria del 18 de julio.
Leyes.- 1949 Ley de
Colonización y Distribución de la Propiedad de las Zonas Regables. Se
construyeron 314 núcleos Unas 55.000 familias se asentaron en ellos.
Leyes: 14 de junio de
1950. Reforma del I.N.P. para una mejor cobertura en la acción protectora.
Leyes: 22 de junio de
1956. Accidentes de Trabajo
Leyes: 24 de abril de
1958. Convenios colectivos
Leyes: 23 de abril de
1959. Mutualidad agraria. En esta ley se encuadran 2.300.000 trabajadores del
campo, por cuenta ajena y propia
Leyes: 2 de abril de
1961. Seguro de Desempleo.
Leyes: 14 de junio de
1962. Ayuda a la Ancianidad.
Leyes: 28 de
diciembre de 1963. Ley de Bases de la Seguridad Social.
Leyes: 31 de mayo de
1966. Régimen Especial Agrario.
Leyes: 2 de octubre
de 1969. Ordenanza General del Campo, donde se establece la jornada laboral de
8 horas.
Leyes: 20 de agosto
de 1970. Mutualidad de Autónomos Agrícolas.
Leyes: 23 de
diciembre de 1970. Ley de Empleo Comunitario.
1938.- Cartera de
Acción y Organización Sindical.
1938 -
Disposiciones.- Obligación de las empresas a habilitar comedores para sus
obreros.
1938 -
Disposiciones.- Fomento de economatos y cooperativas.
1938 -
Disposiciones.- Ejecución del Plan de Electrificación de Ferrocarriles.
1938 - Derecho del
Trabajo.- Creación de la Magistratura del Trabajo.
1938 - Derecho del
Trabajo.- Régimen obligatorio de Subsidios Familiares.
1939 Se creó el
Instituto Nacional de Colonización. Se construyeron pantanos, canales y
acequias convirtiendo en regadíos millones de Ha de secano
1944 Creación del
Instituto Medicina y Seguridad e Higiene en el Trabajo
1956 Creación de los
Servicios Médicos de Empresa
1962.- El Ministerio
de Trabajo equipara los derechos laborales de la mujer con los del hombre.
1972 Creación de los
Servicios Medicina Preventiva y Salud Pública
Decreto 1433/1975, de
30 de mayo.- Por el que se regula la incorporación de las lenguas nativas en
los programas de los Centros de Educación.
Evolución del
analfabetismo en España.- 1930.............44'4 % 1960.............11'2 %
1975.............5'7 % (Ahora solo Dios lo sabe)
Extracto de algunos
artículos del Fuero de los Españoles y del Fuero del Trabajo
1975 En ningún
caso se impondrá pena d confiscación de bienes. Nadie podrá ser expropiado sino
por causa de utilidad pública previa indemnización
1975 El Estado
impedirá toda competencia desleal a la producción, así como aquellas
actividades que dificulten el normal desarrollo económico.
1975 El Estado
reconoce y ampara la propiedad privada como medio natural para el cumplimiento
d las funciones individuales, familiares y sociales
1975 El Estado
asume hacer asequibles a todos los españoles las formas d propiedad ligadas a
la persona: el hogar familiar y la heredad de tierra
1975 El estado
reconoce a la familia como fundamento de la Sociedad, y como institución dotada
de derecho inalienable y superior a toda ley
1975 Para mayor
garantía de su conservación y continuidad, se reconocerá el patrimonio familiar
inembargable.
1975 El Estado
protegerá el trabajo nacional y, mediante Tratados con otras Potencias, dará
amparo a trabajadores españoles en el Extranjero.
1975 Por ser
esencialmente personal, el trabajo no se reduce a concepto material ni ser
incompatible con la dignidad personal de quien lo preste.
1975 El Estado valora
y exalta el trabajo. Lo protegerá con la ley, haciéndolo compatible con familia
y otros fines culturales y sociales.
1975 El trabajo,
como deber social, será exigido inexcusablemente, en cualquiera de sus formas,
a todos los españoles.
1975 El trabajo
constituye uno d los más nobles atributos d jerarquía y honor y es título
suficiente para exigir la asistencia y tutela dl Estado
1975 Todos los
españoles tienen derecho al trabajo. La satisfacción de este derecho es misión
primordial del Estado.
1975 El Estado se
compromete a ejercer una acción constante y eficaz en defensa del trabajador,
su vida y su trabajo.
1975 Se crearán
instituciones para q en horas libres los trabajadores, tengan disfrute los
bienes d la cultura, la alegría, la salud y el deporte
1975 La retribución
del trabajo será, como mínimo, suficiente para proporcionar al trabajador y a
su familia, una vida moral y digna.
1975 El Estado fijará
bases para la ordenación dl trabajo, con sujeción a las cuales se establecerán
las relaciones entre trabajadores y Empresas
1975 El Estado velará
por la seguridad y continuidad en el trabajo.
1975 La Empresa
informará a su personal d la marcha d la producción para fortalecer su sentido
de responsabilidad en la misma.
1975 El artesanado
-herencia viva d pasado gremial- será fomentado y eficazmente protegido por ser
proyección completa d la persona en su trabajo
1975 Siendo
artesanado una forma de producción igualmente apartada de la concentración
capitalista y del gregarismo marxista.
1975 Las normas de
trabajo en la empresa agrícola se ajustarán a sus características y a las
variaciones estacionales impuestas por la naturaleza
1975 El Estado
cuidará la educación técnica dl productor agrícola, capacitándole para todos
los trabajos exigidos por cada unidad d explotación.
1975 Se disciplinarán
y revalorizarán precios d principales productos, asegurando beneficio mínimo en
condiciones normales al empresario agrícola
1975 Y en
consecuencia, exigirle para los trabajadores jornales que les permitan mejorar
sus condiciones de vida.
1975 Se tenderá a
dotar a cada familia campesina d una parcela para huerto familiar, q le sirva
para atender a sus necesidades elementales.
1975 Se creará una
nueva Magistratura del Trabajo, con sujeción al principio de que esta función
de justicia corresponde al Estado.
1975.- El capital es
instrumento de la producción.
1975 La Empresa, como
unidad productora, ordenará los elementos que la integran, en jerarquía q
subordine a todos ellos al bien común.
1975 El jefe de la
Empresa asumirá por sí la dirección de la misma, siendo responsable de ella
ante el Estado.
1975 El beneficio de
la Empresa, se aplicará con preferencia a formación d reservas necesarias y al
mejoramiento de las condiciones de trabajo.
1975 La honorabilidad
y la confianza, basada en la competencia y en el trabajo, constituirán
garantías efectivas para la concesión de créditos.
1975 El Estado
perseguirá implacablemente todas las formas de usura.
1975 De modo
primordial se tenderá a dotar a los trabajadores ancianos de un retiro
suficiente.
1975 Actos
individuales o colectivos q turben la normalidad d la producción o atenten
contra ella, serán considerados como delitos d lesa patria.
1975 En general el
Estado no será empresario, sino cuando falte la iniciativa privada o lo exijan
los intereses superiores de la Nación.
1975 El Estado
español proclama como principio rector de sus actos el respeto a la dignidad,
la integridad y la libertad de la persona
1975 El estado
reconoce al hombre como miembro d comunidad nacional, titular d deberes y
derechos cuyo ejercicio garantiza en orden al bien común
1975 Los españoles
deben servicio fiel a la Patria, lealtad al Jefe del Estado y obediencia a las
leyes.
1975 La Ley ampara
por igual el derecho de todos los españoles, sin preferencia de clases ni
acepción de personas
1975 Los españoles
tienen derecho al respeto d su honor personal y familiar. Quien lo ultraje,
incurrirá en responsabilidad.
1975 Los españoles
tienen derecho a recibir educación y el deber d adquirirla en el seno familiar
o en centros privados o públicos, a su elección
1975 El Estado
velará para que ningún talento se malogre por falta de medios económicos.
1975 Nadie será
molestado por sus creencias religiosas ni el ejercicio privado de su culto.
1975 No se permitirán
otras ceremonias ni manifestaciones externas que las de la Religión Católica.
1975 Todos los
españoles tienen derecho a participar en las funciones públicas a través de la
Familia, el Municipio y el Sindicato
1975 Todos los españoles
podrán desempeñar cargos y funciones públicas según su mérito y capacidad.
1975 Dentro del
territorio nacional, el Estado garantiza la libertad y el secreto de la
correspondencia.
1975 Los españoles
tienen derecho a fijar libremente su residencia dentro del territorio nacional.
1975 Nadie podrá
entrar en un domicilio sin consentimiento o sin mandato de la Autoridad y en
los casos y en la forma que establezcan las Leyes.
1975 Los españoles
podrán reunirse y asociarse libremente para fines lícitos y de acuerdo con lo
establecido por las Leyes.
1975 Los españoles
tienen derecho a la seguridad jurídica.
1975 Nadie podrá ser
condenado sino en virtud d Ley anterior al delito, mediante sentencia d
Tribunal competente y previa defensa del interesado.
1975 Ningún español
podrá ser privado d su nacionalidad sino x delito d traición o por prestar
servicio de las armas o cargo público en extranjero
1975 Los españoles
podrán dirigir individualmente peticiones al Jefe del Estado, a las Cortes y a
las Autoridades.
1975 Los padres están
obligados a alimentar, educar e instruir a sus hijos.
1975 El Estado
suspenderá el ejercicio de la patria potestad o privará de ella a los que no la
ejerzan dignamente.
1975 Todos los
españoles tienen derecho al trabajo y el deber de ocuparse en alguna actividad
socialmente útil.

Se puede ver como entre 1960 y 1981 la inflación estimada se corrige favorablemente al salario, al inicio del año y no al final como se hace a partir de 1981, obligando al salario a soportar menor nivel adquisitivo.
(Clicar sobre la imagen para ampliar)
Entre 1960 y 1981 la incidencia inflacionaria sobre el salario se estimaba y corregía al inicio del año y no al siguiente como sucedió después.
Gestando el principio del fin del estado de bienestar, según se fuese consolidando el bienestar del estado.

Firmantes de los Pactos de la Moncloa: Enrique Tierno, Santiago Carrillo, Josep MaríaTriginer, Joan Raventós, Felipe González, Juan Ajuriaguerra, Adolfo Suárez, Manuel, Fraga, Leopoldo Calvo Sotelo y Miquel Roca.
FUENTES:
- Fuero de los Españoles.
- Fuero del trabajo.
http://personal.telefonica.terra.es/web/cristiandadfutura/tema123.htm
-Fuero de los españoles:
http://www.e-torredebabel.com/leyes/constituciones/fuero-espanoles-1945.htm
-Fuero del trabajo:
http://www.e-torredebabel.com/leyes/constituciones/fuero-del-trabajo-1938.htm
-Rincon del Vago:
http://html.rincondelvago.com/inflaccion-en-espana.html
-Rio Torio:
http://teosar21.blogspot.com.es/2008/07/conclusiones-las-huelgas-en-la-espaa.html
-‘Sospechoso’. (Comentarista en el blog “Es la libertad de expresión Idiotas”)
-Mis propios recuerdos y vivencias de la época.
Clandestino
jueves, noviembre 08, 2012
El crimen organizado se une para dividirnos.
"Ser de izquierdas es, como ser de derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil: ambas, en efecto, son formas de la hemiplejía moral." J.Ortega y Gasset
A todos nos iría mejor si en lugar de enfrentarnos en izquierdas y derechas, nos unimos en causa común desde el ejercicio democrático para controlar a los que nos roban al amparo de ese nuestro enfrentamiento y desunión, que ellos promueven mediante fragmentación social de la mano de corrupciones, omisiones y violaciones legales y constitucionales que llevan a exclusión, discriminación, privilegios o expolios y asesinatos inducidos mediante suicidio, a grandes masas de ciudadanos despojados de dignidad y medios básicos y fundamentales para la supervivencia.
Que cada cual piense en la ideología que quiera, y hable el idioma q quiera. Pero la mano q entra en nuestras bolsas y la que nos roba servicios, bienestar, libertades y derechos, no hace distinciones. Y su impunidad reside en nuestra debilidad. Y nuestra debilidad se sustenta en la división por diferencias, en lugar de hacernos fuertes en la unión de nuestra vindicación común.
El día 6-D hay una concentración en Pza. de Colón de Madrid, convocada por las antiguas víctimas de ETA, y que ahora lo son del estado. Igual que lo soy yo. Igual que lo somos todos. Todos los que nos consideramos víctimas de un estado claramente marginado del ordenamiento constitucional y claramente constituido en crimen organizado, debemos aprovechar cualquier concentración de protesta para hacerla nuestra. Juntos. Cuantos más mejor. Sin importar origen, creencia, ideología o raza. Solo ciudadanos unidos en causa común contra enemigos comunes, que agreden y violan derechos y libertades necesariamente comunes.
Unidad nacional es democracia. "Demos Kratos". La unidad en causa común, es el debido ejercicio democrático para el debido control sobre nuestra servidumbre. Hasta entonces solo seremos machitos presumiendo de ideologías y debilitando al prójimo hasta reducirnos todos a simples espaldas en las que los esbirros que pagamos como policías, para nuestras garantías, midan sus porras descargando con saña sus propios miedos.
Cada cual sea libre de pensar como quiera, pero sin unidad ante el enemigo común, ninguno seremos más que esclavos, a merced regalada de la mano de nuestra obsesiva y pertinaz estupidez.
A todos nos iría mejor si en lugar de enfrentarnos en izquierdas y derechas, nos unimos en causa común desde el ejercicio democrático para controlar a los que nos roban al amparo de ese nuestro enfrentamiento y desunión, que ellos promueven mediante fragmentación social de la mano de corrupciones, omisiones y violaciones legales y constitucionales que llevan a exclusión, discriminación, privilegios o expolios y asesinatos inducidos mediante suicidio, a grandes masas de ciudadanos despojados de dignidad y medios básicos y fundamentales para la supervivencia.
Que cada cual piense en la ideología que quiera, y hable el idioma q quiera. Pero la mano q entra en nuestras bolsas y la que nos roba servicios, bienestar, libertades y derechos, no hace distinciones. Y su impunidad reside en nuestra debilidad. Y nuestra debilidad se sustenta en la división por diferencias, en lugar de hacernos fuertes en la unión de nuestra vindicación común.
El día 6-D hay una concentración en Pza. de Colón de Madrid, convocada por las antiguas víctimas de ETA, y que ahora lo son del estado. Igual que lo soy yo. Igual que lo somos todos. Todos los que nos consideramos víctimas de un estado claramente marginado del ordenamiento constitucional y claramente constituido en crimen organizado, debemos aprovechar cualquier concentración de protesta para hacerla nuestra. Juntos. Cuantos más mejor. Sin importar origen, creencia, ideología o raza. Solo ciudadanos unidos en causa común contra enemigos comunes, que agreden y violan derechos y libertades necesariamente comunes.
Unidad nacional es democracia. "Demos Kratos". La unidad en causa común, es el debido ejercicio democrático para el debido control sobre nuestra servidumbre. Hasta entonces solo seremos machitos presumiendo de ideologías y debilitando al prójimo hasta reducirnos todos a simples espaldas en las que los esbirros que pagamos como policías, para nuestras garantías, midan sus porras descargando con saña sus propios miedos.
Cada cual sea libre de pensar como quiera, pero sin unidad ante el enemigo común, ninguno seremos más que esclavos, a merced regalada de la mano de nuestra obsesiva y pertinaz estupidez.
miércoles, mayo 02, 2012
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