viernes, octubre 14, 2005

Los privilegios de los injustos, con permiso del Estado.

Las ambiciones nacionalistas siempre tienen su origen en la insolidaridad. En el expansionismo. En la discriminación excluyente. Principios elementales del nazismo. Está sobradamente demostrado que la Nación española ha sido tradicional e incondicionalmente solidaria con las orgullosas y engreídas Cataluña y P. Vasco, manteniendo bolsas de fuerte implantación económica en detrimento del resto de la Nación, convertida en un erial, que obligó a grandes masas de naturales de otras regiones a sufrir el escarnio del desplazamiento y discriminación fuera de su hábitat. El pago ha sido correspondido con moneda falsa. Creo que han colmado el vaso. Se les puede y debe vaciar por los mismos que lo llenaron.

El nacionalismo intenta no pagar al Estado los impuestos sobre beneficios que, en gran parte, obtienen de la comercialización de sus productos en el resto de la Nación. Asumen todas las competencias, desautorizando al Estado en todo lo concerniente a asuntos sociales, económicos, territoriales y políticos, “compartiendo” algunas que les permiten continuar su tradicional efecto sanguijuela en la continuidad de España como su mercado particular, gratuito y absoluto, o para sus relaciones con la UE ante la negativa de esta por aumentar gastos en subdivisiones nacionalistas, pero siendo siempre suyas las decisiones finales, y utilizando el idioma como instrumento de extorsión que impida el acceso al funcionariado o poderes públicos al personal que no lo conozca perfectamente a la vez que continuará la persecución institucional contra el idioma oficial del Estado. Es decir, España lazarillo de catalanes. Al servicio de catalanes. Explotación de catalanes. Toda una Nación al servicio de una región.

Muchísimo más perjudicial que la independencia total. Son completamente independientes pero conservando únicamente los nexos que les permite tener a España bajo sus intereses exclusivos y unidireccionales.

Ante el proteccionismo inexplicable y discriminatorio, del Estado a favor de las economías y políticas vasca y catalana, por acción u omisión, lógicamente la ciudadanía debe actuar y descentralizar la concentración económica en dichas áreas que no revierte riqueza redistribuible, al resto de la nación, produciendo descapitalización, a través del consumo de productos procedentes de esas localizaciones insolidarias o fraudulentas. Eso no es boicot. Eso es recompensar o equilibrar, la economía más deprimida, readaptándola a un equilibrio lógico y razonable. El consumidor perjudicado debe evitar que Cataluña o P. Vasco se conviertan en paraísos fiscales de sí mismos, a costa del empobrecimiento del resto de la Nación. "Fabrico, importo y manufacturo en Cataluña, vendo a España y me quedo los beneficios y los impuestos".

Si el Estado accede a ello, supongo que yo tengo derecho a reivindicar lo mismo. Y Vd. Y el otro. Y el de más allá. Y todos los que pagamos impuestos... Si el Estado considera que Cataluña puede administrar y gestionar los impuestos, o parte de ellos, generados por beneficios obtenidos en toda España, invirtiéndolos solo en sus territorios y en sus ciudadanos, no me puede discriminar a mí si, con los mismos criterios y justificaciones, yo decido administrar y gestionar mis impuestos, o parte de ellos, en mi casa con mi familia. Si Cataluña puede ser insolidaria, todos podemos serlo.

Pan para mi y hambre para el que no pueda.

Estamos obligados a reivindicar la diversificación de la economía, por todo el territorio Nacional sin distinciones, mediante la descentralización o desconcentración consolidada en P. Vasco y Cataluña. Sin cejar. Apoyando el consumo y la contratación de servicios de todo proveedor, taller, fabricante, importador o panadero de fuera del área desleal e insolidaria, de los socios y simpatizantes del gobierno. Estamos obligados a protegernos de las agresiones anti ciudadanas de la usura y la avaricia.

Más que de insolidaridad yo lo calificaría de fraude y tomadura de pelo. El estatuto, íntegro, es una premeditada y vulgar burla a España y a su ciudadanía, que recibe trato de tercermundismo. Cualquier gobierno de la Nación les habría devuelto el estatuto inmediatamente y exigido disculpas por la ofensa. Luego habría articulado los mecanismos para evitar la concentración de recursos económicos en estas áreas “agraciadas”, garantizando la estabilidad económica, mediante su implantación por todo el territorio nacional, y la correspondiente recaudación de impuestos que permita una justa redistribución. Cualquier gobierno de la Nación para la Nación, para toda la Nación, para todos los ciudadanos de la Nación, lo habría hecho sin ninguna duda.

Cualquier gobierno de todos los españoles no sería rehén voluntario de una cuadrilla de renegados codiciosos.