sábado, abril 14, 2007

Cuando la ley política menoscaba el derecho natural, rompe la convivencia.

Dentro de una misma especie se observan claras y diferentes características en los individuos que la componen. En la especie humana, las mujeres y los hombres somos diferentes, igual que los blancos son diferentes a los negros y los altos a los bajitos o los gordos a los flacos, etc., que pueden llegar a producir interferencias que perturben una convivencia culta y cívica.

Pero la raíz del problema no son las diferencias entre los seres humanos, que compone la especie, sino del tratamiento más o menos interesado que se permiten ciertos colectivos sobre o contra otros, en base a su fuerza, estética, género, raza o posición social. Basta aceptar la natural condición de personas a toda la especie humana y regular los derechos de todos, en absoluta igualdad. Las posibles interferencias por efectos de diferencias naturales, se corrigen con una simple legislación donde se regula la rigurosa igualdad entre todas las personas. Cualquier ley que discrimine a cualquier colectivo, rompe el inalienable principio de igualdad, sobre el que se sustenta el Estado de Derecho, como su principal "valedor", y agranda las brechas obstaculizando la convivencia, al minar el civismo mínimo necesario que lo permita. No se puede pedir civismo a alguien que se le aplica una ley tan incívica como alienarle la parte de sus derechos que le garantizan la igualdad.

Cierto que durante la dictadura, y desde algunos millones de siglos antes, en general, la mujer ha estado sometida injusta e indignamente a los dictados del varón. Se hacía necesario deshacer ese desequilibrio llevando a la mujer al nivel correspondiente a su derecho natural, como persona. Pero hete aquí que los errores se repiten y se mantiene una discriminación igual de injusta e igual de perjudicial para ambos sexos: Se mantiene la injusticia de la discriminación, endosándosela al “enemigo”, y se consolida la ruptura animando al enfrentamiento hombre-mujer, en detrimento de su condición de PERSONAS o componentes de la especie humana, que los debe igualar en el derecho natural. Basataría una regulación sobre unas bases que garanticen la convivencia común, entre PERSONAS. Las diferencias por género, raza, aspecto, etc., se superan en la condición de igualdad que nos confiere la común condición de humanos. Una ley que regule derechos diferentes, rompe esa igualdad, al generar humanos “enchufados” frente a otros “desheredados”, solo por unas diferencias naturales de las que ninguno es culpable. Esas diferencias generan divisiones que inevitablemente producirán enfrentamientos por el lógico conflicto entre el derecho natural, a la igualdad solapándose con un contra-derecho, concedido por ley. Ninguna ley puede dar ni quitar derechos, solo regularlos y equiparlos para que su gestión se ajuste a un uso y disfrute justo por equitativos. Cualquier ley que quite o conceda derechos, genera desigualdad o confrontación, dado que se deslegitima en cuanto pretenda anular el derecho natural de alguien, aunque sea a un solo ciudadano. Desde la aprobación de la ley sobre malos tratos demésticos, donde se discrimina negativamente al varón, han aumentado ostensiblemente los malos tratos entre parejas, lejos del supuesto objetivo de reducirlos. Consecuencia de la confrontación entre dos leyes, ambas legítimas en el uso, pero opuestas en derecho, ya que la ley política despoja de legitimidad al derecho natural, por lo que dicha ley no se ajusta a derecho y por tanto produce los efectos contrarios a los presupuestos a cualquier ley: Injusticia en lugar de justicia

Tampoco, y por las mismas causas, se corrige la discriminación del mercado laboral regalando por ley lo que se debe conseguir mediante el esfuerzo personal. La ley de paridad es una vulgar operación aritmética, con rango de ley, que consagra la discriminación en detrimento del que debiera ser inalienable principio de igualdad. La ley debe garantizar la igualdad en disponibilidad y acceso a todo tipo de oportunidades y medios de cubrir las distintas necesidades, por un lado, e imponer las mismas obligaciones y responsabilidades por otro, para todas las PERSONAS. Cualquier cargo o puesto, tanto en el ámbito privado como oficial, que ocupe o ejerza una PERSONA, debe ser adjudicado únicamente en base a las aptitudes que, requeridas para ese cargo, reúna esa PERSONA, independientemente del sexo, edad, religión, etnia, altura o peso…

¿Se harán leyes de discriminación positiva, para los más débiles frente a los más fuertes? ¿ Para los bajitos discriminados por los altos? ¿Para los gordos discriminados por los flacos? ¿Para los feos discriminados por los guapos? ¿Para los torpes discriminados por los listos? ¿Dejaremos de considerarnos PERSONAS para regularnos, por ley, como colectivos independientes y ajenos, como mujeres, hombres, torpes, listos, gordos, flacos, negros, blancos, altos, bajos…?

¿Se hará una ley de discriminación positiva, para el discriminado, vilipendiado, vituperado e "inalienable" principio de igualdad?

viernes, abril 13, 2007

Poder y Ley, para sometimiento de hombres, a manos de hombrezuelos.



Filed at 12:43 am under Ideario by Clandestino

Tras la larga y ardua batalla contra la Carta Magna, o contra sus espacios democráticos, muchos de los que creímos haberlo visto todo, en la segunda legislatura del Sr. Aznar, nos maravillamos con la capacidad, para superarlo, del Sr. Zapatero en su cómoda y fácil lucha contra la moribunda democracia y contra la Nación rota, que esta debía amparar, como heredero del esfuerzo de gobiernos y presidentes anteriores.

Hay que reconocer que los distintos ocupas de la Moncloa y sus respectivas huestes, han realizado una impecable labor por la erradicación de posibles “accidentes” democráticos en la Constitución que un día vendieron, como tal democracia, con gran festejo a bombo y platillo no exento de medallas y celebraciones a base de jaboncillo y gran boato. Qué pena que ese esfuerzo no haya sido dedicado en consolidar una buena democracia. Tan buena como la que nos vendieron y pagamos. No hay duda de que hoy seríamos una de las democracias más ejemplares del mundo.

La prueba, la gran prueba, de su éxito sobre nuestro constituido y documentado fracaso democrático, la podemos contemplar en estos últimos días en el patético debate sobre el Tribunal Constitucional en referencia a su próximo pronunciamiento sobre el estatuto catalán. Nadie debate sobre la legalidad, alegalidad o ilegalidad del mismo. Parece que lo importante no es que dicho estatuto sea constitucional, anticonstitucional o inconstitucional. Nadie se plantea arrojar al fuego lo que solo produjo indiferencia a sus supuestos beneficiarios. Queda claro que lo importante es reunir suficientes levantamanos para “ganar”. Lo importante es la victoria política, tan injusta como antidemocrática o como anticiudadana. La ley, la justicia, el derecho, la propia democracia en sí, se dilucida en un juego de estrategias y presiones políticas cual partida de póker entre tahúres de la peor calaña, que se mofan y ningunean a toda una ciudadanía que cumple con su parte en el sostenimiento y cumplimiento de esa legalidad que ellos desprecian.

Esta caterva de impresentables que se arroga el derecho a irrogar al pueblo hurtando sus derechos fundamentales, dejan claro que la legalidad democrática y el conjunto ciudadano son, para ellos, la misma mierda.

Esta caterva de impresentables, dejan claro su desprecio por sus deberes de servicio -desde el sometimiento a la justicia- y su amor por el poder ajeno, dejando claro a su vez que una vez recabado, mediante engaño y estafa, el Poder Soberano, del pueblo, ni con aceite hirviendo podrán recuperarlo, en tanto en cuanto la legalidad democrática, como única vía pacífica posible, ha sido abolida en un descarado golpe contra la Nación y su pobre y raquítica ley constitucional y sus escasos, ciegos, sordos -o algo peor- garantes y custodios. No hay garantías democráticas en España una vez que se permite que al Tribunal Constitucional, como garante de la Ley que la avala, se le dé trato de vulgar brazo político de los desaprensivos que pretenden utilizarlo para, lejos de servir al pueblo, imponerle la tiranía de sus intereses de partidos. Ya ninguna ley podrá aplicarse con la fiabilidad y garantías de un Estado de Derecho, por aniquilamiento del mismo.

La Ley Democrática y el Poder Soberano han sido tomados, como bienes de uso particular, por las distintas castas partitocráticas, aspirantes a una parte en el reparto de la Nación, como si fuese una manada de reses, desde su ocupación del Estado. La tiranía se cierne sobre la Nación indefensa y desamparada en la renuncia de deberes por parte de los responsables de hacer prevalecer la Legalidad Democrática y el Estado de Derecho.

El Estado es el instrumento por el que se rige y se ampara el pueblo. Las leyes las hace el pueblo. El poder es el pueblo. La Nación es el pueblo. La calle es el pueblo. El Congreso y el Senado son el pueblo. Los políticos son servidores del pueblo. Cuatro mentacatos -pocos, ladrones y cobardes- han traicionado y robado todo al pueblo, incluida su legalidad.

¿Va a permitirlo, el pueblo?