Tras la larga y ardua batalla contra la Carta Magna, o contra sus espacios democráticos, muchos de los que creímos haberlo visto todo, en la segunda legislatura del Sr. Aznar, nos maravillamos con la capacidad, para superarlo, del Sr. Zapatero en su cómoda y fácil lucha contra la moribunda democracia y contra la Nación rota, que esta debía amparar, como heredero del esfuerzo de gobiernos y presidentes anteriores.
Hay que reconocer que los distintos ocupas de la Moncloa y sus respectivas huestes, han realizado una impecable labor por la erradicación de posibles “accidentes” democráticos en la Constitución que un día vendieron, como tal democracia, con gran festejo a bombo y platillo no exento de medallas y celebraciones a base de jaboncillo y gran boato. Qué pena que ese esfuerzo no haya sido dedicado en consolidar una buena democracia. Tan buena como la que nos vendieron y pagamos. No hay duda de que hoy seríamos una de las democracias más ejemplares del mundo.
La prueba, la gran prueba, de su éxito sobre nuestro constituido y documentado fracaso democrático, la podemos contemplar en estos últimos días en el patético debate sobre el Tribunal Constitucional en referencia a su próximo pronunciamiento sobre el estatuto catalán. Nadie debate sobre la legalidad, alegalidad o ilegalidad del mismo. Parece que lo importante no es que dicho estatuto sea constitucional, anticonstitucional o inconstitucional. Nadie se plantea arrojar al fuego lo que solo produjo indiferencia a sus supuestos beneficiarios. Queda claro que lo importante es reunir suficientes levantamanos para “ganar”. Lo importante es la victoria política, tan injusta como antidemocrática o como anticiudadana. La ley, la justicia, el derecho, la propia democracia en sí, se dilucida en un juego de estrategias y presiones políticas cual partida de póker entre tahúres de la peor calaña, que se mofan y ningunean a toda una ciudadanía que cumple con su parte en el sostenimiento y cumplimiento de esa legalidad que ellos desprecian.
Esta caterva de impresentables que se arroga el derecho a irrogar al pueblo hurtando sus derechos fundamentales, dejan claro que la legalidad democrática y el conjunto ciudadano son, para ellos, la misma mierda.
Esta caterva de impresentables, dejan claro su desprecio por sus deberes de servicio -desde el sometimiento a la justicia- y su amor por el poder ajeno, dejando claro a su vez que una vez recabado, mediante engaño y estafa, el Poder Soberano, del pueblo, ni con aceite hirviendo podrán recuperarlo, en tanto en cuanto la legalidad democrática, como única vía pacífica posible, ha sido abolida en un descarado golpe contra la Nación y su pobre y raquítica ley constitucional y sus escasos, ciegos, sordos -o algo peor- garantes y custodios. No hay garantías democráticas en España una vez que se permite que al Tribunal Constitucional, como garante de la Ley que la avala, se le dé trato de vulgar brazo político de los desaprensivos que pretenden utilizarlo para, lejos de servir al pueblo, imponerle la tiranía de sus intereses de partidos. Ya ninguna ley podrá aplicarse con la fiabilidad y garantías de un Estado de Derecho, por aniquilamiento del mismo.
La Ley Democrática y el Poder Soberano han sido tomados, como bienes de uso particular, por las distintas castas partitocráticas, aspirantes a una parte en el reparto de la Nación, como si fuese una manada de reses, desde su ocupación del Estado. La tiranía se cierne sobre la Nación indefensa y desamparada en la renuncia de deberes por parte de los responsables de hacer prevalecer la Legalidad Democrática y el Estado de Derecho.
El Estado es el instrumento por el que se rige y se ampara el pueblo. Las leyes las hace el pueblo. El poder es el pueblo. La Nación es el pueblo. La calle es el pueblo. El Congreso y el Senado son el pueblo. Los políticos son servidores del pueblo. Cuatro mentacatos -pocos, ladrones y cobardes- han traicionado y robado todo al pueblo, incluida su legalidad.
¿Va a permitirlo, el pueblo?
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