Dentro de una misma especie se observan claras y diferentes características en los individuos que la componen. En la especie humana, las mujeres y los hombres somos diferentes, igual que los blancos son diferentes a los negros y los altos a los bajitos o los gordos a los flacos, etc., que pueden llegar a producir interferencias que perturben una convivencia culta y cívica.
Pero la raíz del problema no son las diferencias entre los seres humanos, que compone la especie, sino del tratamiento más o menos interesado que se permiten ciertos colectivos sobre o contra otros, en base a su fuerza, estética, género, raza o posición social. Basta aceptar la natural condición de personas a toda la especie humana y regular los derechos de todos, en absoluta igualdad. Las posibles interferencias por efectos de diferencias naturales, se corrigen con una simple legislación donde se regula la rigurosa igualdad entre todas las personas. Cualquier ley que discrimine a cualquier colectivo, rompe el inalienable principio de igualdad, sobre el que se sustenta el Estado de Derecho, como su principal "valedor", y agranda las brechas obstaculizando la convivencia, al minar el civismo mínimo necesario que lo permita. No se puede pedir civismo a alguien que se le aplica una ley tan incívica como alienarle la parte de sus derechos que le garantizan la igualdad.
Cierto que durante la dictadura, y desde algunos millones de siglos antes, en general, la mujer ha estado sometida injusta e indignamente a los dictados del varón. Se hacía necesario deshacer ese desequilibrio llevando a la mujer al nivel correspondiente a su derecho natural, como persona. Pero hete aquí que los errores se repiten y se mantiene una discriminación igual de injusta e igual de perjudicial para ambos sexos: Se mantiene la injusticia de la discriminación, endosándosela al “enemigo”, y se consolida la ruptura animando al enfrentamiento hombre-mujer, en detrimento de su condición de PERSONAS o componentes de la especie humana, que los debe igualar en el derecho natural. Basataría una regulación sobre unas bases que garanticen la convivencia común, entre PERSONAS. Las diferencias por género, raza, aspecto, etc., se superan en la condición de igualdad que nos confiere la común condición de humanos. Una ley que regule derechos diferentes, rompe esa igualdad, al generar humanos “enchufados” frente a otros “desheredados”, solo por unas diferencias naturales de las que ninguno es culpable. Esas diferencias generan divisiones que inevitablemente producirán enfrentamientos por el lógico conflicto entre el derecho natural, a la igualdad solapándose con un contra-derecho, concedido por ley. Ninguna ley puede dar ni quitar derechos, solo regularlos y equiparlos para que su gestión se ajuste a un uso y disfrute justo por equitativos. Cualquier ley que quite o conceda derechos, genera desigualdad o confrontación, dado que se deslegitima en cuanto pretenda anular el derecho natural de alguien, aunque sea a un solo ciudadano. Desde la aprobación de la ley sobre malos tratos demésticos, donde se discrimina negativamente al varón, han aumentado ostensiblemente los malos tratos entre parejas, lejos del supuesto objetivo de reducirlos. Consecuencia de la confrontación entre dos leyes, ambas legítimas en el uso, pero opuestas en derecho, ya que la ley política despoja de legitimidad al derecho natural, por lo que dicha ley no se ajusta a derecho y por tanto produce los efectos contrarios a los presupuestos a cualquier ley: Injusticia en lugar de justicia
Tampoco, y por las mismas causas, se corrige la discriminación del mercado laboral regalando por ley lo que se debe conseguir mediante el esfuerzo personal. La ley de paridad es una vulgar operación aritmética, con rango de ley, que consagra la discriminación en detrimento del que debiera ser inalienable principio de igualdad. La ley debe garantizar la igualdad en disponibilidad y acceso a todo tipo de oportunidades y medios de cubrir las distintas necesidades, por un lado, e imponer las mismas obligaciones y responsabilidades por otro, para todas las PERSONAS. Cualquier cargo o puesto, tanto en el ámbito privado como oficial, que ocupe o ejerza una PERSONA, debe ser adjudicado únicamente en base a las aptitudes que, requeridas para ese cargo, reúna esa PERSONA, independientemente del sexo, edad, religión, etnia, altura o peso…
¿Se harán leyes de discriminación positiva, para los más débiles frente a los más fuertes? ¿ Para los bajitos discriminados por los altos? ¿Para los gordos discriminados por los flacos? ¿Para los feos discriminados por los guapos? ¿Para los torpes discriminados por los listos? ¿Dejaremos de considerarnos PERSONAS para regularnos, por ley, como colectivos independientes y ajenos, como mujeres, hombres, torpes, listos, gordos, flacos, negros, blancos, altos, bajos…?
¿Se hará una ley de discriminación positiva, para el discriminado, vilipendiado, vituperado e "inalienable" principio de igualdad?
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