La ley destinada al expolio

Estoy profundamente convencido de que estoy siendo legalmente humillado y agredido en mis derechos y en mi patrimonio, cuando me obligan al pago de un canon a la SGAE, por consumo de productos legales y de libre comercialización y venta en todo el mundo. Sin embargo, reconozco que la SGAE, aunque es la sociedad recaudadora, no comete un delito por estar legalmente autorizada a hacerlo. Efectivamente, los de la SGAE no son ladrones, al menos por esto. Realmente es el gobierno el que pone la ley al servicio de los grupos de presión en un mercadeo con derechos ajenos, arrogándose la potestad de darlos a quien convenga, hurtándolos previamente a sus legítimos dueños, traicionando a la Nación, una vez más, al adulterar la ley que garantiza ese derecho, legislando a favor de actuaciones que en cualquier “Legalidad Democrática” son constitutivas de delito. Mientras que en democracia el expolio siempre es delito, bajo cualquiera de sus formas, en un régimen totalitario plagado mafias, corruptos, desleales a la Constitución, a la Nación y a cualquier valor o principio, el expolio es la tónica habitual.

De esta forma el Estado, además de ahorrarse perseguir y erradicar el delito, lo usa como excusa para justificar leyes que sirven para reprimir, recaudar y repartir la responsabilidad civil subsidiaria sobre toda la población. Al ahorro por la laboriosa y poco eficaz tarea de perseguir un delito, como la piratería, se suma la rentabilidad que supone el que todos hemos de pagar las pérdidas de los colectivos “afectados”, tanto institucionales como privados, tanto afines como acreedores. Así se hace con la SGAE. Con el tráfico rodado. Con el mal trato doméstico. Con la “ley” de igualdad. Con la discriminación positiva. Con las fugas por trapicheos fiscales. Con las prejubilaciones. Con las subvenciones. Con las corrupciones. Con numerosas omisiones de los capitostes municipales, regionales y del propio Ejecutivo... Todo un descomunal revoltijo de víctimas y delincuentes obligados a convivir compartiendo los espacios físicos y legales.

Esto naturalmente solo es posible en un país donde la nación, además de pagar el lujo y el despilfarro a un gobierno desleal, permite su autoritarismo sectario y que haga gala de un absoluto desprecio al derecho y a la justicia. El Estado es utilizando a modo de plataforma para intereses de partido y de todo su entorno-colchón beneficiario, afín o asociado. Un gobierno en manos de gente que, por su calaña, son habitualmente denominados tercermundistas, barriobajeros o bananeros, de talla moral muy inferior a la de esa ciudadanía cuya explotación se reparten, como si fuera ganado.

Un gobierno decente y democrático articularía todos los medios a su alcance para facilitar al ciudadano la mejor enseñanza, en total libertad, inculcándole el libre acceso, creación, divulgación y disfrute de toda la cultura posible. Un gobierno decente educaría a ese ciudadano para que en el mundo cultural distinguiera la calidad, las formas, los estilos y orígenes, lo que favorecería la evolución del individuo y le prepararía así para que fuese capaz de eludir las basuras y sus basureros disfrazados de cultura. Un gobierno decente jamás legislaría para impedir la cultura, para obstruirla, gravarla o convertirla en vulgar estrategia de lucro o para consolidar su mercado de votos. Un pueblo culto es un pueblo unido, libre, creativo, activo y fuerte, con gran capacidad de autogobierno y muy difícil de someter y engañar.

Que se respeten y garanticen los derechos de autor, como todos los demás derechos, me parece algo legítimo. Que se legisle una transfusión de derechos a favor de la SGAE, criminalizando y desposeyendo de esos derechos a grandes colectivos o a toda la Nación, es una vulgar y humillante estafa democrática que además motiva la indefensión de sus víctimas. La cultura, en todos sus estilos y formas de expresión y divulgación, nunca dejó de crecer en abundancia, riqueza y solidez desde milenios antes de existir la SGAE. Una cosa es el arte y la cultura y otra bien diferente el negocio generado a su sombra y a costa de imponerlo por la fuerza.

La SGAE sobra, como sobran todas las mafias y corporativismos. Su boyante y antidemocrático negocio procedente del expolio, también. El que tenga algo que ofrecer, que compita en el mercado como cada hijo de vecino. El consumidor premiará el trabajo y la calidad, hundiendo a los vividores y chupópteros.





Clandestino