Mil veces peor la traición que la peste

Roma no pagó a los traidores. España, sí.
Viriato fué traicionado y asesinado por sus
lugartenientes Audas, Ditalkon y Minuros

El nacimiento de cualquier ser humano le confiere todos sus deberes, derechos y libertades fundamentales, imprescindibles e inalienables, para garantizar su dignidad, desde el desarrollo de su autosuficiencia para sobrevivir y convivir en igualdad en derechos, en deberes, ante la ley y de oportunidades, que el resto de sus conciudadanos. Nadie, absolutamente nadie, puede dar, quitar, aumentar o disminuir ninguno de esos deberes, derechos o libertades, a ningún ciudadano o colectivo, sin incurrir en delito criminal, de agredir o restar derechos a unos para ampliarlos a otros. Debiendo, por el contrario, ser regulados todos y cada uno de esos derechos de forma que nunca nadie pueda invadir los derechos ajenos.

Cuando un gobierno, que rige a una nación, constituida democráticamente, “amplía derechos”, a determinados colectivos, y se ufana de ello, no queda más remedio que aceptar que el estado está en manos de fueras de la ley, toda vez que eso solo es posible desde la promulgación de leyes que sustraen derechos discriminando a unos para ampliarlos privilegiando a otros. Cualquier ley que agreda, obstruya, reduzca o impida cualquier derecho, es una ley contra derechos inalienables, tanto por su carácter natural como constitucional. Toda ley que intercepte o contravenga la legalidad constitucional, es una ley criminal, por ir contra derechos fundamentales. Toda ley criminal tiene su origen en intereses espurios contra derechos sobre colectivos en particular y contra el derecho y las libertades en general, que desembocan en claras diferencias que rompen el principio mas fundamental e inalienable de toda democracia que se precie: El principio de igualdad.

Cuando se acepta el delito criminal como normalidad en las formas de hacer política, por todos los órganos con responsabilidad de vigilar la legalidad democrática y de la salvaguarda de la unidad nacional y seguridad ciudadana, no queda más remedio que aceptar que el estado es criminal, en manos de corruptos, fueras de la ley, omisos y criminales.

Cuando un gobierno es criminal, el estado también lo es, al imponer sus desmanes a través de los órganos e instituciones que lo conforma. Cuando una ciudadanía es sometida por un gobierno criminal que hace un uso bastardo de su estado y los órganos constituidos como garantes de sus derechos se inhiben de sus responsabilidades, ante el evidente y manifiesto abuso de la delincuencia del estado, esta tiene el derecho y el deber de disidir contra el estado y contra la autoridad criminal, que lo mangonea para sus propios intereses, de forma continuada, asimétrica y arbitraria, justificando el ejercicio del derecho a legítima defensa de la ciudadanía, articulada y organizada en insurgencia hasta conseguir la absoluta garantía de sus derechos y libertades y el total sometimiento de los gobiernos, a la legalidad constitucional manada de la soberanía popular, como único y legítimo poder, que somete a todos los demás, empleando todos los medios a su alcance, violencia incluida. Ningún pueblo debe permitir la vejación a manos de un puñado de mafiosos criminales ocupando su propio estado y utilizándolo contra ellos mismos, amparándose en un puñado de leyes políticas que le desposean de sus derechos y de su dignidad.



En democracia ningún gobierno, por mucha mayoría absoluta que ostente, puede inhibirse del cumplimiento de su deber de servicio a la nación y mucho menos de incumplir o permitir el incumplimiento de la legalidad constitucional. Pero sobre todo ni siquiera puede ni intentar agredir, enfrentar o dividir a la nación promulgando leyes criminales para este fin, amparándose en una “ampliación de derechos” tan imposible, como ilegítima, como delictiva. De darse el caso la ciudadanía tiene la obligación prioritaria de organizarse para recuperar su estado liberándolo de la ocupación criminal.

El poder es del ciudadano, no de su ‘personal de servicio’ elegido para que le garantice sus demandas. Si ese personal de servicio renuncia al cumplimiento de sus deberes, se le expulsa y se sustituye. Y si se resiste se le echa por la fuerza y se le pone a disposición judicial, con los cargos que correspondan.

El estado es del ciudadano. El poder es del ciudadano. La ley es constituida y aprobada por el ciudadano. El político acata, obedece y llega justo hasta donde el ciudadano le exige que llegue. Punto.

Cualquier gobierno criminal, mentiroso, sectario y renegado, es un gobierno despreciable y como tal, y solo como tal, debe ser tratado y arrojado de todas las estancias democráticas del la nación, a la que estafa, humilla y traiciona.