Leyes políticas contra el ‘imperio del derecho’

Los jueces no siempre son independientes, ni cuando juzgan graves delitos penales, de gran repercusión política y mediática, ni cuando juzgan pequeñas cuestiones de faltas. Entre otras cosas porque si entendemos juzgar como impartir justicia, es difícil hacerlo en la obligación de aplicar leyes políticas, ajenas o contra ella.

Cuando algunos jueces españoles mostraron reparos de conciencia por los asuntos de las bodas gays y observaron inconstitucionalidad en la ley de ‘discriminación positiva’, les fue democrática y descaradamente recordado, por la ‘vice’, que su deber es aplicar la ley. O aplicaban la ley o el gobierno tomaría las medidas oportunas. Y ocurrió que aplicaron la ley. Estas cosas siempre empiezan con estos escarceos y acaban como acaban. Parece que el totalitarismo bananero, alérgico a la justicia y a la convivencia pacífica, forma parte de la genética socialista. También en la socialista Alemania de Hitler, tras imponer leyes criminales de todo tipo, acabaron imponiendo el deber de aplicar la ‘Ley de la Sangre’, que acabaría llevando a más de seis millones de inocentes a la muerte... legalmente. Aplicaron la ley. ¿Eran inocentes aquellos jueces? ¿Era inocente el electo gobierno nazi del III reich? ¿Fue inocente el conjunto del pueblo alemán, que los votó y les consintió la legalización y ejecución del genocidio, omitiendo el deber de rebelarse contra tan horrendo crimen, hasta deponerlos?

El estado está obligado a garantizar todos los derechos. Por tanto no puede agredir unos para salvaguardar otros.

“Cualquier persona, entidad o institución que induce, aprovisiona o es cómplice de un crimen, es culpable”.



Por ejemplo si el gobierno ZP promulga una ley para que unas gestoras roben, en base a la incriminación general por la comisión de un supuesto delito, y estas consuman la práctica del robo, no deja de ser delito por el mero hecho de ser legal. Gobierno y gestoras cometerían delito de agresión al derecho patrimonial y a la inalienable presunción de inocencia, con agravante de lucro.

Por ejemplo, si el gobierno ZP promulga una ley para permitir el asesinato, cualquiera que asesine a alguien, aunque las víctimas sean ancianos o 'no natos', será un asesino a todos los efectos y con todas las consecuencias y responsabilidades, aunque sea legal. Gobierno y asesino, o asesinos, cometerían delito de agresión al inalienable derecho a la vida.

"Toda persona es responsable de sus actos"




Podríamos citar ejemplos de alienación de derechos claros y evidentes que en el caso de que en España algún día llegara a implantarse la democracia, y con ella la justicia, muchos jueces, políticos y mafias perimetrales, serían condenados y seguramente encarcelados. Cometer cualquier delito conlleva una responsabilidad con la justicia. La legalidad del delito no exime de esa responsabilidad. Pero el pueblo, también tendría que asumir su complicidad, al consentir y pagar un estado criminal, como en su día lo asumiera el pueblo alemán, mediante el pago de una indemnización anual, al estado de Israel

Nadie puede gozar de inmunidad para el delito. Mucho menos cuando su comisión se ampara bajo la ostentación de cargos y responsabilidades institucionales. La principal obligación del estado y, dentro de él, de su independiente aparato judicial, en cualquier país civilizado, es perseguir el delito bajo todas sus formas y camuflajes, principalmente el del estado, y muy por encima de cualquier poder político, militar, económico o social. De lo contrario en su momento podrán y deberán ser imputados por omisión de sus deberes y complicidad en el propio delito, tanto por tribunales nacionales como internacionales.

“El respeto al derecho ajeno, es la paz”



La carrera que estudian los abogados se llama “derecho”. Es mentira que la ley sea garante de un estado de derecho. Es el derecho mismo el único imperio sagrado e intocable en toda comunidad ciudadana, y único garante de la paz y de la convivencia, siendo la ley un instrumento solo válido cuando es diseñado como elemento útil a la justicia que lo garantice. Toda ley contra derecho es contraria a la justicia, por tanto no es ley sino instrumento criminal. El manoseo al derecho ajeno es el mayor crimen que pueda pesar sobre cualquier gobernante y que ninguna nación debe permitir, olvidar ni perdonar jamás, hasta depurar sus responsabilidades. En el momento que se utiliza para intereses bastardos, el rimbombante 'imperio de la ley' se convierte en un truco criminal que les permite usar el estado para delinquir. Les basta con hacer y usar la ley contra el derecho y ajustarla a sus ambiciones. Con legalizar sus delitos para que todos los acaten y den su conformidad, en el temor a ese ‘imperio de la ley’, que impide ver y discernir sobre su propia criminalidad, que les priva de sus derechos.

Toda ley promulgada contra derecho, es criminal. Si la ley es criminal, el estado es criminal. Un estado criminal es contrario a la justicia. Cualquier ciudadano o nación que su estado le niegue la justicia, está legitimada y obligada, a tomarla por su mano. Es un deber ineludible. Conviene recordar una y otra vez, que los políticos son mantenidos y elegidos para servir a los intereses generales y garantizar el derecho ciudadano. Nunca para delinquir en pro de intereses ajenos al general. Ningún político tiene poder sobre un solo ciudadano. Mucho menos sobre sus derechos y sus garantías judiciales, de paz y convivencia. En el mismo momento que delincan, han de ser forzosamente depuestos y puestos ante tribunales de justicia imparciales, de cualquier parte del mundo. La ciudadanía no puede ser víctima y cómplice de los delitos del estado, como propiedad que paga y mantiene.

Las naciones son los pueblos, no sus servidores políticos. Todos los órganos de gobierno e instituciones que conforman sus estados, sirven y deben lealtad a la nación y a sus leyes, no a sus servidores políticos ni a sus leyes políticas.

La paz y la convivencia, nacional e internacional, se sostienen sobre las garantías de los derechos, no sobre la ley política.

"El verdadero patriota protege a su país de su propio gobierno". Dirk-Peter van Uys

Clandestino