Democracia para esclavos agradecidos.

Toda democracia debe configurarse en la debida articulación de una Constitución, donde queden perfectamente delimitadas las responsabilidades de sus garantes y los deberes y responsabilidades contractuales mutuas, entre los servidores públicos contratados, y la nación contratante, mediante su electorado, con el fin de proteger y garantizar su soberanía, su libertad plena y su estado de derecho. Cualquier indicio o evidencia de corrupción, agresión o violación que atente directa o indirectamente contra el orden o legalidad constitucional establecida, deben activar de inmediato y automáticamente los mecanismos democráticos establecidos para cada situación, impidiendo su evolución y progreso y sus posibles daños.

No hacerlo supone renunciar a la soberanía nacional con sus correspondientes derechos, libertades e independencia, optando por someterse al crimen organizado en el estado, en calidad de siervo.

Sin embargo en el caso del estado español, las cosas no son, ni pueden ser así, ya que nuestra Constitución no pasa de panfleto cuyo diseño y articulado denuncia la evidencia de haber sido premeditado para impedir explícitamente cualquier opción de regirnos democráticamente. Nuestra cacareada, difundida y bien vendida “Transición Democrática” no pasa de un fiasco o estafa directamente, de claro corte barriobajero, tras pactar sus directrices en los pactos de la Moncloa, en lo que hoy se percibe como una clara entrega de la nación a los residuos del resentimiento republicano largamente rumiado durante cuatro largas décadas soñando con derrotar a Franco. Una vez que esto no fue posible, optaron por ensañarse contra su herencia y contra la nación que la encarnaba.
Ni es Constitución, ni es democrática, ni nunca lo fue. Lo peor es que nunca hubo intención de que lo fuera. La Constitución Española del 78, entre otras posibles carencias, tiene tres grandes trampas, las que entiendo que solo pueden sugerir la clara intencionalidad de impedir a toda costa la más mínima intención de permitir a la nación autogobernarse soberanamente bajo las garantías democráticas al derecho. La tan cacareada ‘transición democrática española’, es un fiasco. Una estafa monumental para encubrir una vulgar ocupación criminal del estado propiedad de la nación española, usado criminalmente contra la nación española. Ni disfrutamos de garantías a nuestros derechos, ni disponemos de la democracia que vigile y detenga la flagrante criminalidad que la impide. Nunca la tuvimos a pesar del carísimo precio que somos obligados a pagar por ella a cambio de expolio, prepotencia, resentimiento, ineptitud y trato humillante, desde nuestro estado y desde nuestras leyes.

Aunque toda ella es democráticamente inútil, solo voy a destacar tres trampas que en sí mismas destrozan, todo atisbo que pudiera dar impresión democrática, en el resto de su contenido:

- La Constitución encomienda al Rey, además de sus cometidos como tal, el cargo político de Jefe del Estado y los político-militar de Jefe Supremo de las FF.AA, y como tal, de Garante del Orden Constitucional. (Artículos 56.1, 8.1 y 62 h, de la C.E del 78).

- Prácticamente la totalidad del articulado constitucional, se remite al rigor y supremacia del “imperio de la ley”. Todos padecemos parte de la ley como instrumento criminal en sí mismo, que viola derechos, totalmente opuesto a la justicia que debe velar por ese derecho. ¿Estado de derecho?

- La supuesta independencia de poderes, se reduce al triste papel de la administración de justicia, humillantemente sometida al Consejo General del Poder Judicial, (CGPJ) como órgano de gobierno absolutamente político, y a expensas del Tribunal Constitucional, como entidad de carácter igualmente político. Es decir no existe tal separación de poderes. Todos hemos podido ver como se ha aislado al partido de la oposición, dejando fuera del debate parlamentario a casi la mitad del electorado que representa, mediante pactos del Tinell y el famoso ‘cordón sanitario’. Si además vemos como son amenazados y sancionados los jueces con objeciones a aplicar leyes contra derecho, ¿Dónde está nuestra democracia?

D. Juan Carlos I, además de ser Rey de España, ostenta constitucionalmente los cargos políticos de Jefe del Estado, Jefe Supremo de las FF.AA y Garante del Orden Constitucional. Ostenta, pero no asume ni el ejercicio ni las responsabilidades inherentes ni a su omisión. ¿Alguien entiende algo? ( Artículo 56.3 - La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad). ¿Por qué el rey acepta esos cargos políticos, a la vez omite su ejercicio privilegiado con impunidad constitucional y a la vez no renuncia para ser relevado en favor de cargos electos que sí los ejerzan? ¿Por qué no cumple o porqué no renuncia para que otros salvaguarden la democracia que él neutraliza por omisión?

Jefe de Estado. Jefe Supremo de las FF.AA. Garante de la unidad nacional y del Orden Constitucional. Es decir, la soberanía nacional y la democracia en pleno sin un solo responsable que la garantice. en cambio es obstruida bajo ostentación ficticia, impidiendo que sea ejercida por terceros. Ni democracia ni estado de derecho, ni posibilidad ni esperanza, de que pueda haberla.

Tal que el perro del hortelano, ni ejerce, ni permite que otros lo hagan, en su doble juego de “ni come ni comer deja”. Este enjuague, anula todo atisbo de garantía democrática y por ende del estado de derecho. A cambio proporciona un inmenso coladero y manoseo que habilita el estado y la ley como instrumento contra la nación, contra la democracia y contra la justicia, incentivando al crimen organizado, el cual una vez dentro y basándose en la premisa constitucional de remitirse al imperio de la ley, se limitan a comprar votos, a votarse así mismo, y a adoctrinar y fanatizar a los más ingenuos para completar sus mayorías, con las que se aprueban sus leyes criminales, para lo que SÍ cuentan con la inestimable colaboración del Jefe de Estado que las sanciona y legitima “democráticamente”, y con las que saquean y violan derechos, incluido el de la vida de no nacidos, imponiendo a los jueces la aplicación de leyes contra la justicia, para “administrar justicia”, siendo además estrechamente vigilados y directamente amenazados por el ejecutivo, y por el comisariado político que es a lo que se reduce el CGPJ, y dando largas según convenga en el TC, ante algún eventual recurso de inconstitucionalidad.

Estamos atrapados sin remisión. No hay más salida que la resignación y renuncia aceptando el humillante vasallaje de por vida, o ejercer el deber de todo ser vivo de luchar por la libertad y el derecho, por todos los medios hasta el final. Esta vez ningún Franco nos sacará las castañas del fuego.

La nauseabunda algarada unánime contra la impecable articulación democrática del estado de Honduras, hace suponer que todos o la mayoría de los estados supuestamente democráticos, tienen sus triquiñuelas, por las que ejemplos ejemplarizantes como el de Honduras, los pueda delatar. No me puedo creer que la impunidad criminal desde la ocupación del estado español a manos de zp con sus múltiples apoyos subsidiados a golpe de cheque y de ley, privilegiando a nazis, lobbies, sindicatos, medios y toda una variopinta pléyade de vividores afectos, pase desapercibida o incluso cuente con el respaldo del resto de los estados europeos e intercontinentales.


Clandestino