POLÍTICAS SOCIALES CONTRA ESTADO DE DERECHO

El destrozo se ha llevado a cabo bajo una persistente premeditación continuada, hasta la ruina, desde el absoluto desprecio y demonización sobre las continuas advertencias de sus millones de víctimas.



Hoy he recibido este correo:

Pensamiento de A. Rogers (1931)

“No se puede multiplicar la riqueza dividiéndola”.

“Todo lo que una persona recibe sin haber trabajado para obtenerlo, otra persona deberá haber trabajado para ello, pero sin recibirlo. El gobierno no puede entregar nada a alguien, si antes no se lo ha quitado a alguna otra persona. Cuando la mitad de las personas llegan a la conclusión de que ellas no tienen que trabajar porque la otra mitad está obligada a hacerse cargo de ellas, y cuando esta otra mitad se convence de que no vale la pena trabajar porque alguien les quitará lo que han logrado con su esfuerzo, eso... mi querido amigo...

...es el fin de cualquier Nación.”

Pastor Adrian Rogers

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El estado de derecho articulado y amparado por una serie de mecanismos democráticos articulados en la Constitución, no solo constituye una garantía al derecho, sino que en esta también reside las garantías a la paz, y la paz es convivencia, es progreso, es independencia, es libertad... Esa paz, esa convivencia y esa libertad se realimenta así misma sosteniéndose en sus propias garantías, lo que en sí mismo supone garantías a la justicia social o lo que es lo mismo se generan unas condiciones sociales, políticas y de mercado, en las que el individuo salvaguarda su dignidad, su libre albedrío y obtiene su supervivencia mediante su propio esfuerzo, hasta niveles directamente proporcionales a su esfuerzo, a sus aptitudes y a su capacidad. Cualquier otro concepto, sea de la índole que sea, que obstruya o impida este principio básico que en sí mismo define al estado de derecho, viola el derecho.

¿Cómo se encaja entonces, un estado social dentro de un estado de derecho? ¿Es compatible? ¿Qué sentido tiene, qué función desempeña y como se justifica? ¿Por qué política social en lugar de justicia social? ¿Se debe prescindir de un estado de derecho constituido y articulado democráticamente, en beneficio de un estado social virtual, solo fundamentado en la supuesta ideología o instintos de su gestor? El estado de derecho se fundamenta en las garantías al derecho mediante la justicia. El estado social es el chocolate del loro, guarida de forajidos o abonarle cosechas a las marabuntas.

La ambigüedad difusa, informe y desarticulada legal y políticamente, del ‘estado social’, lo reduce a una truculenta interpretación ideológica útil para justificar un uso arbitrario de la ley y de la redistribución de los recursos, que al no estar sujeto a norma generalmente acaba siendo una mera patente de corso en manos de desaprensivos sin escrúpulos, que lo convierte en enemigo mortal del estado de derecho. Por tanto la implantación de ‘políticas sociales’ en un estado de derecho solo es posible mediante la sistemática y continuada confrontación o violación del mismo en su principio de igualdad ante la ley y de la agresión más o menos encubierta, del derecho fundamental, abonando el terreno a corruptos y parásitos, que haciendo un uso y abuso de los mismos, les ensanchan las lindes, achicándoselas a los valores éticos y morales. Estos personajes son los mismos que siempre fueron definidos y casi siempre perseguidos como antisociales, desintegrados o marginales que solían nutrir el crimen organizado, y que ahora se organizan en partidos políticos, se elevan a nivel de estado y se organizan en él sobre las supuestas bondades de ese bien vendido ‘estado social’, y arropados con honorabilidad de servidumbre pública, van generando una costra superficial en la que atrapan y reflotan por encima de su propio lodazal, a todo el detritus social y político nacional, formando una inmensa y espesa balsa bajo la cual se fermenta, se larva y se corrompe el orden constitucional del derecho y es asfixiado el grito angustiado e impotente de sus víctimas.

El ‘estado social’ es un excelente reclamo a la hora de ofrecerlo como programa electoral totalmente asumible por los sectores ventajistas y parasitarios, entre otros intereses espurios y algunos más o menos ignorantes y sugestionables políticamente hablando, que automáticamente quedan abducidos por la bondad de su oferta incluyendo una feliz omisión hedonista y paradisíaca, que les resuelve todo sus problemas y los absuelve de toda responsabilidad sobre ellos, incluso legal en algunos casos, para obtener su supervivencia, bastándoles con renunciar a su libertad junto a su carga moral, y por ende a su dignidad, pasando de la libertad independiente obtenida en su autosuficiencia, a la dependencia del mendrugo subsidiado. Es el ‘estado social’ el que se encarga de garantizarles su supervivencia, simplemente facturándola a los que asumen las responsabilidades inherentes a la dignidad que nutre y da sentido al valor supremo de la libertad, que serán obligados a renunciar a los frutos de sus méritos, para cubrir responsabilidades ajenas, sobre necesidades, privilegios y cargas sociales derivadas del escaqueo hedonista y ‘social’ de su electorado que renunciará a sus valores, para nutrirse física y políticamente del esfuerzo de los que no conciben la vida sin la dignidad y la independencia que obtienen de sí mismos.

Sin embargo a priori esta alternativa resulta menos atractiva como oferta electoral basada en el estado de derecho, a su vez basado en la justicia social, pero que exige responsabilidad y esfuerzo, como condición para merecer esos derechos, y como medio de merecer y conservar un conjunto nacional sostenido en la integridad moral y la dignidad, en libertad, justicia e independencia, cuya soberanía le permite regirse así misma, mediante una servidumbre política, cuya componente ideológica es prácticamente anecdótica, al quedar su gestión debidamente vigilada y controlada por el rigor democrático de su legalidad constitucional.

Qué sentido tiene suplantar el estado de derecho por una gestión ideológica ‘social’ irregular, cuyo desarrollo solo existe en la mentalidad de la organización que la ofrece, independientemente de que sea bajo intención sana o enfermiza. Qué sentido tiene suplantar la ley que instrumenta a la justicia como garantía del derecho, por la ley ideológica arbitraria que privilegia contra el derecho. Qué sentido tiene suplantar la justicia social -gestionada por las garantías del estado de derecho- con un supuesto ‘estado social’, que inevitablemente acaba traduciéndose en puentear el orden constitucional, para contaminar el derecho e intoxicar la convivencia, generando la podredumbre con la que justifica más podredumbre realimentándose así misma. Solo se justifica en el sentido de destruir todo valor y referente, que les permita ser reyes de un muladar, en lugar de ser marginados incompetentes en una nación sostenida en la responsabilidad con sus deberes y en el compromiso con sus valores.

Hay naciones que se decantan abiertamente por un estado de derecho, haciendo valer su condición de nación libre e independiente, dispuesta al esfuerzo necesario para seguir siéndolo, frente a otras naciones, mitad parasitarias, mitad ignorantes, que se decantan por los ‘encantos’ del estado social, cuya dependencia los convierte en una nación de ‘palo y zanahoria’, sierva de sus regidores, y condenada irremisiblemente a la hambruna y a la miseria moral y económica, bajo la arbitrariedad de una tiranía política, tipo Cuba.

Pero el drama se convierte en trágica lucha por la supervivencia, cuando un estado de derecho, -perfectamente regulado y normalizado política y jurídicamente- es interceptado u ocupado por ‘políticas sociales’, jurídica y políticamente bastardas. El estado no puede desempeñar ambas formas de gestión a la vez. O es de derecho o es social. Como estado de derecho es legitimado soberana y constitucionalmente mediante referendo, mientras que las políticas sociales, son partículas ideológicas, inpuestas sobre la legalidad constitucional, siendo casi siempre incompatibles con las garantías establecidas en el estado de derecho, deduciéndose su uso como una forma de puentear la voluntad y el control democrático -que debe ejercer la soberanía nacional articulada en su constitución- con fines claramente espurios.

Un auténtico drama para los ciudadanos libres e independientes, emprendedores y autosuficientes, ser saqueados y condenados a padecer carencias por ser elegidos como meros proveedores gratuitos de los parásitos que se acogen a los favores del ‘estado social’, en su condición de afectos a su red clientelar de su mercado de votos, que sostienen a los expertos en tocomochos, con registro de partido político, que expropian el poder soberano a sus víctimas para arrojarlas al 'foso' de las alimañas debidamente agitadas en turbas y despedazados por sus servidumbres mediáticas. La coartada política con la que los cerebros de estas fechorías, ocultan al mundo el drama al que someten a su media nación libre, de puertas para afuera, es haciendo ostentación del estado de derecho, el que realmente es constituido democráticamente, pero que ocultan que ese estado de derecho está sepultado bajo la arbitrariedad criminal de su virtual ‘estado social’.

No son pocas naciones las que viven este drama que a veces roza la tragedia, como está cercana a ocurrir en Tailandia, y que habitualmente son condenadas al olvido, al expolio y al desamparo absoluto de esas medias naciones ignoradas por sus conciudadanos y por la comunidad internacional, siendo históricamente frecuente en estados iberoamericanos como Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador y otros, y recalando en el bochornoso de esta España en la que se ha permitido la impunidad de su criminalidad desde el estado, que ha traspasado nuestras fronteras pero nadie se hizo el más mínimo eco hasta que no se ha puesto en riesgo la economía del bloque europeo y la de los EE.UU, que sin embargo miraron para otro lado mientras millones de españoles padecíamos tan brutal agresión a no pocos derechos, algunos fundamentales.

Ahora y por lo que les afecta, buscan soluciones desesperadamente, para corregir las graves incidencias que les salpican arriesgando su propia estabilidad económica, de la mano de los destrozos de zp, pero en una terquedad obsesiva y contradictoria, pretenden que esas soluciones vengan de la mano del problema, imponiendo el correspondiente agravamiento del problema. zp se limita a mantener las garantías a la opulencia parasitaria de su red clientelar, aumentando el expolio sobre los más débiles y hundidos en las condiciones de precariedad en las que este nos ha sumido. Pero eso a la ‘Europa social’, en la que el derecho no pasa de ser un obstáculo para las ambiciones de sus castas dominantes, le da igual con tal de que le sean desinfectadas sus mugrientas y peligrosas salpicaduras, ignorando que solo las aumentan prorrogándolas en el tiempo. Las castas dominantes -que no políticas ya que ningunean a sus ciudadanos, mangoneando en lugar de gobernar- europeas ignoran en su prepotencia de clanes, que intentan dar soluciones políticas a gigantescos y masivos delitos de estado, solo posible de dilucidar en tribunales de justicia internacionales imparciales, empezando por inquirir a la justicia española, a instruir inmediatamente los procedimientos que concluyan con la inhabilitación de los criminales, invocando el mandato constitucional según su art. 8.1, si fuera necesario, y cortando de raíz la posible destrucción de pruebas incriminatorias o la continuidad de sus delitos desde el estado, como única forma factible y viable para empezar a plantear posibles soluciones, reales y efectivas. zp solo hará las dos únicas cosas que ha demostrado hacer bien: Mentir y Daño. Y de eso ya estamos sobradamente servidos.


Clandestino