Sentirse español y patriota, leal a la Nación y a la legalidad del Estado de Derecho, en España, es causa de acoso político por el partido del gobierno y por sus socios y apoyos nazis. Y lo es mucho más, paradójicamente, que por negociar, amparar o dar cobertura política internacional a la banda terrorista ETA, legitimándola. Esto da una idea de lo que está padeciendo la Nación española a merced de individuos de semejante ralea.
En un régimen corrupto y autoritario, se suele legislar contra derecho, por lo que acatar algunas leyes propiciadas por ese régimen supone renunciar a ciertas libertades fundamentales, además de ser privado de la justicia y el amparo debidos por el Estado. Ejercer la legítima defensa, haciendo pleno uso de esas libertades, pasa necesariamente por el desacato de las leyes injustas. No obstante, la apariencia democrática tras la que discurren las situaciones arbitrarias, permiten al tirano perseguir y neutralizar el ejercicio a la legítima defensa, convirtiendo en criminal, por desobediencia civil, lo que evidentemente es una persecución política. El tirano intentará eliminar así, como si de un vulgar delincuente se tratase, al honesto ciudadano que ha optado, debido a su integridad, por el acto de legítima rebeldía que le zafe de las medidas opresivas. Un ejemplo claro, no de los más graves, lo tenemos en los objetores de la asignatura “Educación para la Ciudadanía”, a los que se les amenaza con no graduarse sin haber aprobado dicha asignatura.
Las opciones del ciudadano, por lo tanto, se reducen a ser perseguido como un vulgar delincuente o bien a prescindir de su dignidad en un acto de aceptación sumisa de sus derechos conculcados. Ahora bien, acatar el poder del régimen y sobrevivir con la conciencia de estar siendo vilipendiado, además de afectar al honor y a menudo al patrimonio, es una forma de legitimar a ese régimen corrupto. Lo que ocurre es que en este caso nada puede hacerse en el ámbito de la Justicia, porque los tribunales, a su vez, simplemente aplican las leyes tal cual y según les llegan. Y es que nos hallamos ante un aparato judicial, mitad controlado, mitad mediatizado, que en gran parte secunda al mismo tirano que “fabrica” las leyes. Luego las alternativas son: O indignidad marginal, por desobediencia a la ley, o indignidad cobarde por sumisión.
Si ya es doloroso sufrir este dilema bajo la angustia diaria de no poder escapar a una carga que impide el disfrute pleno de la democracia, lo más descorazonador es ser deslegitimado, en cada crítica o reclamación, mediante el despectivo encasillamiento ideológico que supone, a menudo, que uno sea alineado con un determinado partido político. Es decir, el poder, además de expoliar y vejar a muchos ciudadanos, se permite acusarlos de fascistas por el mero hecho de que se nieguen a aceptar “pulpo, como animal de compañía”. Otro de los aspectos desagradables que conlleva el presente régimen, es el hecho de ser acusado de idiota por voceros gritones y semianalfabetos que, disponiendo de muchas horas en sus medios, arrojan sus descalificaciones con insoportable autosuficiencia y con patéticas poses de intelectuales de tabernilla.
La mitad de los españoles estamos siendo reprimidos y expoliados, mientras se nos distrae con el acoso y derribo destinado al Partido Popular. Un acoso que, en principio, fue contra Aznar, personaje que ahora se asocia a todo aquel que se oponga a las fechorías del partido en el poder. Como si de un pecado original se tratase, cualquier opositor pasa a ser heredero de los demonizados “antecendentes” de Aznar y de la no menos demonizada lealtad de Rajoy a la legalidad democrática y a la Nación. Aun sin tener ninguna relación personal, comercial ni política con estos señores del PP, uno está obligado a renunciar a sus derechos para no ser estratégicamente asimilados a ellos. La mayor parte de la otra mitad de españoles, afines al régimen, en su mayoría gozan de la deferencia de recibir el trato de “sin dolor”. Es decir, sin que tengan ni pajolera idea de que les están mangando hasta el NIF —solo unos pocos reciben beneficios netos—, mientras les envenenan la sangre y les llenan de odio hacia cualquiera que se manifieste disconforme del acoso antidemocrático del gobierno contra la oposición o contra los “fascistas” de las AVTs.
Si no se produce un cambio muy significativo, España camina directamente al suicidio con leyes políticas que desequilibran la igualdad, rompen la convivencia y destruyen su unidad. Y esto sucede por la iniquidad de un gobierno que se arroga el derecho a repartir canonjías según criterios adaptados en exclusiva a sus intereses y objetivos, entre los que, ya no tengo ninguna duda, está el fin de España como Nación.
Clandestino
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