Si no es democracia, aunque lo parezca, no lo es.

Si solo lo parece, no es. Cuando lo parece es porque no es democracia y sí algo similar a una explotación bananera, aunque en España, se empeñen e seguir llamando democracia a unas elecciones periódicas y al solemne acto de investidura con una mayoría que impide hacerlo a la oposición. Fin. Se acabó la democracia. A partir de ese día y hora, el ‘caudillo en jefe’ estará por encima de la Nación, de ley y del bien y del mal. Decidirá, de forma prepotente y autoritaria, por todos los españoles, para bien o para mal, les guste o no. Si le apetece destruir la Nación o venderla por manadas o puntas, como ganado, lo hará. Nada ni nadie puede o estará dispuesto a hacer cumplir la ley. Todos los poderes de la Soberanía Nacional serán mangoneados “democráticamente” por un único individuo durante al menos cuatro años. Esté loco o cuerdo. Sea valiente o cagatintas. Sea inteligente o imbécil. Culto o bananero. Amigo o enemigo de la Nación.

Pero no debemos pasar por alto que aunque nos sea hurtada, con total desfachatez y prepotencia, se nos vende una democracia, pagamos una democracia y tenemos derecho a exigir una democracia. Tenemos derecho a exigir a la 'mayoría' que ocupa el Estado legalmente, mediante las urnas, un comportamiento impecablemente democrático, como única forma aceptable y permitida, por esa legalidad, de ejercer las funciones de gobierno. La mayoría en las urnas le da ese carácter legal para esas funciones en esos términos, no le da derecho ni legitima a ningún gobierno para actuar como capos mafiosos y criminales, despreciando o hurtando el derecho a grandes sectores ciudadanos, omitiendo la legalidad o usándola para encubrir a criminales y desamparar a sus víctimas.

Por muchos votos o por mucha mayoría que ostente, democráticamente no están por encima del Estado de Derecho ni de su legalidad. Si no se someten a esa legalidad y a la voluntad popular, durante toda la legislatura, pierden la legitimidad para ejercer y quedan fuera de la legalidad que sustenta su condición de servidores públicos. Le apoyen un voto o cien millones. Un solo ciudadano respetuoso con la ley democrática, tiene más poder legal y más legitimidad que el gobierno al completo, mientras este no la cumpla o no la haga cumplir.

Cuando se constata la condición antidemocrática de ese gobierno con legalizaciones contra derechos, para lucrar a amiguetes y votantes, o pagar a deudores, o para que unos le paguen votos a terceros, o para hacerlo con el erario público, el ciudadano, en mayoría, en minoría o individualmente, puede y debe ejercer su derecho a exigir rectificación, respeto y lealtad a la ley y a sus derechos, tantas veces como les sea posible, por todos los medios que les sea posible, como ciudadanos gravados por ese gobierno que al renegar de la democracia, que debería custodiar y garantizar, e intervenir o asociarse corporativa o mafiosamente, con todos los poderes públicos, no ofrece garantías judiciales suficientemente fiables como para recurrir a los tribunales, sin el riesgo de resultar duramente represaliados, reprimidos o perseguidos de la misma forma que se favorecen a asesinos o se permiten las prácticas nazis y delictivas desde el Estado. Todo el mundo ha podido observar como ha pajeado el Fiscal General del Estado y como ‘sus’ leyes se moldean como plastilina según convenga, a la hora de imputar o exonerar de culpa a un individuo por los mismos cargos, sobre un mismo ‘presunto’ acto delictivo.

Es público y harto conocido que ZP, su gobierno, su partido y sus socios, han corrompido y debilitado al Estado, con la mentira, el sobeteo con sus simpatizantes y la crispación contra la oposición, como único proyecto político. Han violado sistemáticamente la Cunstitución con leyes sectarias y actuaciones que atentan contra el interés general.

Tenemos un Estado corrupto, con un Jefe que no puede ejercer, regido por fueras de la ley democrática y sin la posibilidad de articular ni un solo mecanismo de autodefensa, contemplados en la Carta Magna, contra ocupas enemigos. Ejerzo el derecho al pataleo renunciando, cobardemente, a defender mis derechos constitucionales renunciando, a su vez, a mi derecho a legítima defensa, por los medios a mi alcance, como la desobediencia civil sobre leyes agresivas con dichos derechos, o cualquier otro, dejándome someter por la fuerza del Estado y su uso ilegítimo ejercido, sin escrúpulos, por sus ocupantes. Lamento que estos ocupas traidores, fuleros y nefastos, no hayan tenido una oposición que haya cumplido con su deber de enfrentarse a ellos parando estos destrozos, con la legitimidad, el vigor y el poder que les concede la ley y el derecho natural a la mencionada legítima defensa, permitiendo, con su actitud pasiva, la vulnerabilidad del Estado y el desamparo e indefensión del conjunto ciudadano, ante las agresivas exigencias de nazis y terroristas, entre otros, y la cobarde debilidad, mediatización y mangoneo de poderes e instituciones, y renuncia al ejercicio de sus responsabilidades de gobierno por parte del ejecutivo, como más activo y principal colaborador de los enemigos de la Nación española y de la paz, como perturbadores unilaterales de la misma.

Clandestino

REFORMAR LA CONSTITUCIÓN A IMAGEN Y SEMEJANZA DE LOS QUE LA INCUMPLEN

Jamás habrá derechos ni libertades sin quedar debidamente reguladas por la ley. El imperio de la ley es el garante de todos los derechos humanos, desde su respeto, acatamiento y uso para impartir justicia. La ley ha de ser justa. Solo la ley justa es ley. El derecho y la libertad, en democracia, solo es posible, su uso y disfrute, desde el obligado cumplimento de una serie de deberes entre el que destaca, como principal, el acatamiento y cumplimiento de la ley que nos hacemos todos para todos.


Es fácil vocear y encajar una serie de aspectos que resulten agradables por mostrar su lado mas grato y liviano en la concepción de la ley adaptada a nuestros intereses y sazonarla con palabras receptivas como derechos y libertad, cuando realmente exigen intereses y poder, con el objetivo de atajar eludiendo algunos deberes legales y desheredando a millones de personas que solo reclaman sus derechos, al margen de coincidir o no con una ideología o confesión.

Es fácil vocear y convencer, acusando de enemigos del derecho y de la libertad, a los que exigen y recuerdan la parte desagradable que corresponde a los deberes legales y constitucionales.

La democracia, y todas sus prebendas en derechos, deberes y libertades, ha de ser escrita y suscrita por la ciudadanía y flanqueada por unas leyes justas. Cualquier régimen político pasa por una constitución y por unos códigos legales que regulen y permitan la convivencia. Especialmente en democracia, y cuanto más democracia sea más aún, la ley ha de ser inflexible y por igual para todos. La ley injusta o la debilidad en su aplicación, es el orín que irremisiblemente la corroerá y transformará en un vertedero donde se rebozan los poderes en una anarquía que la rechaza y desprecia.

Nadie. Absolutamente nadie, y muchísimo menos desde instituciones del Estado, puede incurrir en desobediencia civil incumpliendo, de forma sistemática y desafiante, la legalidad vigente, a la vez que se acusa de fascistas, u otras lindezas peores, a sus propias víctimas que los sufren y padecen, a los que los denuncian, o a los que reclaman retomar nuevamente dicha legalidad para desde ahí estudiar las posibilidades de cambios favorables a todos.

Fascismo, nazismo, bananerismo, totalitarismo, hamponería, etc., es hacer un uso fraudulento de las instituciones , violentando la constitución y las más básicas leyes y normas democráticas, perturbando y obstruyendo el derecho y libertades de grandes bolsas ciudadanas, creando cortinas de humo acusando a la constitución, al PP, a la Iglesia y a otros, -dando por sentado que esas instituciones no tienen derechos democráticos- de ser lo que son ellos y lo que practican, descaradamente a la luz, con total impunidad, por omisión, dejación y desamparo del Estado. Desde este montón de injusticias y totalitarismo nazi, se reclama “justicia y modernidad”.

La constitución ni es blindada, ni intocable, ni muchísimo menos arma política. Pero mientras esté vigente, el Jefe del Estado, el T.C. y el gobierno tienen derecho y obligación de observar su mas riguroso y escrupuloso cumplimiento, articulando, si fuera necesario, los diversos mecanismo dispuestos para ello. Cualquier cambio constitucional o legal ha de seguir sus procedimientos establecidos. Pero ha de iniciarse desde la legalidad del Estado. Es decir todos los españoles deben estar en absoluta igualdad de amparo y garantías democráticas, legales y constitucionales, vivan donde vivan y gobierne quién gobierne, obligando a retroceder a los ventajistas que han tomado “justicia y ley” por su cuenta. Si para ello es necesario retirar competencias, habrá que retirar competencias.

No se puede permitir reformar la constitución, ni ningún estatuto, cediendo desde el chantaje de flagrante delito de incumplimiento de la legalidad actual. No se puede reformar una constitución, o estatuto, en un Estado democrático, mejorando y aumentando las competencias a regiones cuyos gobiernos son manifiestamente antidemocráticos e incumple les leyes y la sustituye por el más despreciable de los radicalismos discriminatorios y excluyentes, sobre cientos de miles de ciudadanos españoles. No se puede reformar una constitución, o estatuto, bajo los auspicios de un gobierno cuya estabilidad depende del chantaje permanente de esa forma de gobierno. Del olvido institucional de millones de víctimas permitiendo el escarnio de homanajes públicos a sus agresores. No se puede reformar una constitución, o estatuto, con un gobierno que transmite la sensación de que el Estado premia y cede privilegios a los que le presionan y amenazan desde instituciones o desde el crimen organizado.

Previamente, cualquier iniciativa al respecto, ha de pasar necesariamente por el claro y firme posicionamiento, del gobierno, del lado de la ley y de la constitución, -persiguiendo y castigando su incumplimiento, y amparando firmemente a sus víctimas-, y a su medio natural de neutralidad y equidad con el conjunto ciudadano, de la misma forma firme, clara y transparente. Cualquier decisión reformista en base a intereses bastardos, debe ser considerada ilegítima, por tanto ilegal, y rechazada por el Jefe del Estado, T.C., la oposición, la ciudadanía, servicios judiciales y diferentes organizaciones publicas y sociales.

Tomar atajos y tomarse, cada uno, los cambios por su mano, supone la anarquía. Si nos creamos problemas, de convivencia, con un Estado regulado con leyes e instituciones ¿Cuánto tiempo seremos capaces de aguantar una anarquía?

Clandestino

Enero del 2006

La ley que avala el delito

Sentirse español y patriota, leal a la Nación y a la legalidad del Estado de Derecho, en España, es causa de acoso político por el partido del gobierno y por sus socios y apoyos nazis. Y lo es mucho más, paradójicamente, que por negociar, amparar o dar cobertura política internacional a la banda terrorista ETA, legitimándola. Esto da una idea de lo que está padeciendo la Nación española a merced de individuos de semejante ralea.

En un régimen corrupto y autoritario, se suele legislar contra derecho, por lo que acatar algunas leyes propiciadas por ese régimen supone renunciar a ciertas libertades fundamentales, además de ser privado de la justicia y el amparo debidos por el Estado. Ejercer la legítima defensa, haciendo pleno uso de esas libertades, pasa necesariamente por el desacato de las leyes injustas. No obstante, la apariencia democrática tras la que discurren las situaciones arbitrarias, permiten al tirano perseguir y neutralizar el ejercicio a la legítima defensa, convirtiendo en criminal, por desobediencia civil, lo que evidentemente es una persecución política. El tirano intentará eliminar así, como si de un vulgar delincuente se tratase, al honesto ciudadano que ha optado, debido a su integridad, por el acto de legítima rebeldía que le zafe de las medidas opresivas. Un ejemplo claro, no de los más graves, lo tenemos en los objetores de la asignatura “Educación para la Ciudadanía”, a los que se les amenaza con no graduarse sin haber aprobado dicha asignatura.

Las opciones del ciudadano, por lo tanto, se reducen a ser perseguido como un vulgar delincuente o bien a prescindir de su dignidad en un acto de aceptación sumisa de sus derechos conculcados. Ahora bien, acatar el poder del régimen y sobrevivir con la conciencia de estar siendo vilipendiado, además de afectar al honor y a menudo al patrimonio, es una forma de legitimar a ese régimen corrupto. Lo que ocurre es que en este caso nada puede hacerse en el ámbito de la Justicia, porque los tribunales, a su vez, simplemente aplican las leyes tal cual y según les llegan. Y es que nos hallamos ante un aparato judicial, mitad controlado, mitad mediatizado, que en gran parte secunda al mismo tirano que “fabrica” las leyes. Luego las alternativas son: O indignidad marginal, por desobediencia a la ley, o indignidad cobarde por sumisión.

Si ya es doloroso sufrir este dilema bajo la angustia diaria de no poder escapar a una carga que impide el disfrute pleno de la democracia, lo más descorazonador es ser deslegitimado, en cada crítica o reclamación, mediante el despectivo encasillamiento ideológico que supone, a menudo, que uno sea alineado con un determinado partido político. Es decir, el poder, además de expoliar y vejar a muchos ciudadanos, se permite acusarlos de fascistas por el mero hecho de que se nieguen a aceptar “pulpo, como animal de compañía”. Otro de los aspectos desagradables que conlleva el presente régimen, es el hecho de ser acusado de idiota por voceros gritones y semianalfabetos que, disponiendo de muchas horas en sus medios, arrojan sus descalificaciones con insoportable autosuficiencia y con patéticas poses de intelectuales de tabernilla.

La mitad de los españoles estamos siendo reprimidos y expoliados, mientras se nos distrae con el acoso y derribo destinado al Partido Popular. Un acoso que, en principio, fue contra Aznar, personaje que ahora se asocia a todo aquel que se oponga a las fechorías del partido en el poder. Como si de un pecado original se tratase, cualquier opositor pasa a ser heredero de los demonizados “antecendentes” de Aznar y de la no menos demonizada lealtad de Rajoy a la legalidad democrática y a la Nación. Aun sin tener ninguna relación personal, comercial ni política con estos señores del PP, uno está obligado a renunciar a sus derechos para no ser estratégicamente asimilados a ellos. La mayor parte de la otra mitad de españoles, afines al régimen, en su mayoría gozan de la deferencia de recibir el trato de “sin dolor”. Es decir, sin que tengan ni pajolera idea de que les están mangando hasta el NIF —solo unos pocos reciben beneficios netos—, mientras les envenenan la sangre y les llenan de odio hacia cualquiera que se manifieste disconforme del acoso antidemocrático del gobierno contra la oposición o contra los “fascistas” de las AVTs.

Si no se produce un cambio muy significativo, España camina directamente al suicidio con leyes políticas que desequilibran la igualdad, rompen la convivencia y destruyen su unidad. Y esto sucede por la iniquidad de un gobierno que se arroga el derecho a repartir canonjías según criterios adaptados en exclusiva a sus intereses y objetivos, entre los que, ya no tengo ninguna duda, está el fin de España como Nación.

Clandestino

DE IZQUIERDAS O DE DERECHAS, EL CORRUPTO SOLO ES UN DELINCUENTE

DE IZQUIERDAS O DE DERECHAS, EL CORRUPTO SOLO ES UN DELINCUENTE


Las elecciones no han cambiado mucho el panorama general. Esto puede denotar la falta de reflexión de un ciudadano tenso, perdido y polarizado por la crispación fanatizándose con ella. Únicamente cabe destacar una mayor afloración de la visceralidad y poca contención de muchos “contendientes” vulgarizando su aspecto ético y moral hasta autodescalificarse para sus funciones de servicio y gestión que han de ser ejemplarizantes y referentes de convivencia, desde un comportamiento culto, cívico y racional, respetuoso con la ciudadanía y especialmente con él mismo, sin la más mínima posibilidad de sospecha, por falta de honradez, y además serlo y parecerlo.

Es terrible que un imputado se ufane, públicamente, de que sus apoyos en las urnas le absuelven, entendiendo que esos son sus poderes y estos le eximen de la legalidad. No menos lo es que obtenga esos apoyos o por qué medios los consigue. Pero lo peor y más horrendo de todo es que esto se pueda producir en un Estado de Derecho, por titulares de cargos públicos con la responsabilidad prioritaria de evitarlo, enrolados en partidos que gobiernan, y/o han gobernado, la nación y gestionan multitud de instituciones y que tiene la ineludible responsabilidad de vigilar y controlar el debido cumplimiento de las normas y leyes que eviten un eventual desliz delictivo y ni mucho menos permitir su generalización. Queda evidente que la actitud de algunos responsables públicos son el ejemplo vivo de la normalidad con la que se asimila o acepta el delito dentro de las propias dependencias del Estado y sirviéndose, para ello, de algunas de sus instituciones, ante la impasibilidad de los responsables de articular los mecanismos de alarma y defensa.

La solución pasa por no aceptar el delito político, desde la propia política, autoextirpándose su propio mal. Nadie más puede hacerlo. Solo ella puede asistirse así misma. Puede deslegitimar e ilegalizar a cualquier titular que se haya servido de su cargo para delinquir, por muchos votos que obtenga. No existe ninguna cantidad de votos que puedan legitimar la omisión a la ley. Sancionar, inhabilitar y estigmatizar a los que tanto dañan las instituciones, a las personas honestas que las vitalizan y al ciudadano que se ve privado de la calidad o cantidad de servicios que paga. Dejar claro y nítido cuáles son los derechos y deberes de cada cual y que todo el que ponga en riesgo los derechos de terceros, inevitablemente se las han de ver con la ley y la justicia. Especialmente si el que impide esos derechos, ostenta un cargo público. Los errores se disculpan. El delito se paga.

Sin leyes ajustadas a derecho, no puede existir el Estado de Derecho. Sin el rigor en su aplicación, desde la absoluta independencia del aparato judicial, no se puede sustentar. Si su malversación tiene su origen en sus propios garantes y custodios, entonces no hay solución si no hay firme y valiente voluntad y agallas para la autolesión que corte y cauterice la infección. Y recordar que si bien la gran mayoría es inocente, a nivel individual, no lo es ningún colectivo. Servicios internos, autocrítica y autolesión o no hay solución.