La carretera sigue produciendo muertos. Son nuestros muertos: conciudadanos, vecinos, amigos o familiares. Son muertes producidas por accidentes y fallos en la conducción, algunas como resultado de una inexistente educación, ni vial ni de ningún tipo, pero también a causa de situaciones lamentables que se producen por la suma de incompetencias y afán recaudatorio de los que deben velar por la seguridad.
No creo que el carné por puntos haya sido ni sea efectivo en un mar de circunstancias que dificultan la normal circulación del tráfico rodado, algunas de ellas ajenas al conductor y que determinan que éste pase a ser un objeto de represión. Especialmente degradante podría considerarse el uso autoritario y a menudo arbitrario de los ayuntamientos, que utilizan el control sobre sus conciudadanos más “rebeldes” y los cazan con frecuencia en las numerosas trampas que se generan en las deficientes infraestructuras, lo que a veces hace imposible el cumplimiento de unas normas que además les sirven para justificar el esquilmo, como sucede en el ayuntamiento de Madrid. La gente acata para evitar el abuso de poder, la represión y el expolio, pero no porque acepte la humillante sumisión a ciertas reglas.
Es tradicional que la DGT presione y dañe al conductor en su dignidad, derechos y patrimonio, lo que le permite dejar las cosas como estaban y justificar otro 'apretón' al año siguiente. Para ello utiliza a los muertos, restregándoselos bien y a menudo a todo el mundo. En lugar de aplicar medidas y formar agentes para evitar accidentes, mejorando el trafico y la seguridad, perpetúa el coto de caza con agentes 'camuflados' o 'furtivos' solo útiles para multar o para recoger las chatarras y/o los cadáveres. Absolutamente para nada más. Y con radares situados estratégicamente para la única utilidad de sancionar, en lugar de situar agentes bien visibles, que salven vidas controlando el tráfico en los puntos negros, hasta que Fomento, las comunidades o los ayuntamientos decidan eliminarlos.
No se puede acabar con las muertes en la carretera incriminando y cargando toda la responsabilidad sobre el conductor. Solo usan el expolio y la amenaza, sin gastar las ganancias que estas generan en aumentar, formar y equipar a los efectivos policiales para regular el tráfico, y la velocidad, según lo permitan las circunstancias. Por mucho que repriman y saqueen al conductor —los vehículos están sujetos a una serie de impuestos que van desde la matriculación inicial, el de circulación anual y acaba en esa parte del león que se recarga en el combustible—, éste no podrá evitar ni asumir las muertes que se producen como consecuencia de la omisión y la ineptitud del Estado, a cuyos sucesivos gobiernos no cabe aplicarles —no por falta de ganas— ni la retirada de puntos ni ningún otro tipo de sanción que no pase por las urnas. Así, pues, no es posible acabar con los accidentes imponiendo solamente normas que al conductor le anulen su criterio, sus conocimientos y su libre albedrío.
Con reglamentos creados desde una mentalidad que trata al ciudadano como ganado al que encima hay que rentabilizar, está claro que no se pueden reducir los accidentes sin controlar ni mejorar, sobre todo, una red vial secundaria en estado penoso. Es una lástima que miles de conductores paguen puntos y sanciones económicas por circular a 142 Km/h en autopistas o autovías despejadas y con buen tiempo, por ejemplo, mientras la mayoría de accidentes mortales se producen en carreteras imposibles y olvidadas. Frente a tal desastre, lo que más chirría es la rígida eficacia de multar y recaudar, y además mediante amenazas y extorsión legal. "Pague ahora y reclame después, o le serán embargados sus bienes", es una frase que ilustraría perfectamente este simulacro “democrático” cargado de incompetencia.
¿Por qué no incluyen entre sus macabros ‘spots’ publicitarios que la plantilla de agentes es casi la misma, en número, que la que dejó la dictadura? ¿Cómo se explica que una red vial que ha aumentado varias veces su kilometraje, y un parque móvil agrandado veinte veces, no merezcan al menos duplicar la plantilla de agentes dedicada a su control y seguridad? ¿Cómo se explica algo así, y más cuando es muy posible que el volumen de la recaudación se haya multiplicado por decenas de veces? ¿Cuántas vidas se salvarían si en lugar de ocho mil agentes, buena parte de ellos camuflados y en labor de recaudadores furtivos, hubiera más del doble o el triple, con la consigna de priorizar la ayuda al conductor y facilitar el tráfico fluido? ¿Han pensado los de la DGT en el uso de abundante señalización vial, visible de forma ostentosa, que convierta a la sanción en una excepción de su labor habitual?
Clandestino
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