“Las verdades son solo palabras que puedes creer o no”, dice Mari Trini en su preciosa canción ‘Vals de Otoño’.
Que España es una explotación vasco-catalana, desde el sXIX, es un hecho constatable e incontestable. Cuando la verdad, lejos de ser palabras, es una evidencia y está ante los ojos no vale creer o no creer. O la aceptas o la repudias. O la defiendes y promulgas o la ignoras y desprecias, pero con sus consecuencias. Hoy el pueblo español sufre las consecuencias de la traición y de la persecución nazi vasco-catalana con más poder que nunca sobre todo el territorio nacional, tomando las riendas del Estado cedidas, por los que renuncian a gobernar España, en su favor.
El ejemplo vivo más destacable es el hecho de que un juez de Barcelona decide amordazar la verdad, en España. Verdad totalmente basada en una realidad objetiva, manifestada mediante el ejercicio de la libertad de expresión, y el derecho a legítima defensa del interés general, de forma legal y legítima, según nuestra constitución y nuestro sistema legal. Y todo porque esa verdad es onerosa a los intereses de la ‘nación catalana’, diametralmente opuestos a los de la Nación española.
Sin embargo al igual que ocurre con el expolio de la SGAE, esto también puede ser legal ya que se limitan a continuar con el desarrollo del estatuto donde ‘z’ regala a una nación enemiga (recuerden que para ellos somos ‘la puta España’ o ‘la mierda de España’, usado como eslogan que mitifica la libertad de expresión, al menos en ese ‘puto o mierda’ de país) no solo el expolio a nuestros recursos, sino parte de nuestra soberanía, dejando claro el poder que ese estatuto, le reconoce sobre la Nación española. Queda pues claro y demostrado que tenemos una Nación supuestamente regida por un sistema legal, supuestamente basado en una democracia constituida, pero sometida y expoliada por una nación no sujeta a la legalidad española, al ceder el Estado español todas las competencias, ni a ninguna otra al no tener estado y ser su legalidad de ‘plastilina’, por quedar fuera de la jurisdicción y control del Estado. Dos grandes ventajas que explotarán muy bien, prorrogando su independencia hasta que España quede completamente arrasada y barridos hasta el último euro.
Estamos en una situación en la que una camarilla de nazis apoltronados en su legalidad sujeta a cambios instantáneos según intereses, pueden imponer en España cualquier norma que resulte de su interés económico, político o social, pasándose nuestro sistema legal por el forro y sin que haya forma legal de impedirlo, teniendo, por el contrario, el deber de garantizarlo. Es más, no solo en España. Si estos nazis deciden hacer una ‘pirula’ en un país cualquiera la harán en nombre de España y será esta la que responda de sus desmanes allá donde los provoquen, dado que política y oficialmente son españoles, pero España no podrá exigirles el fin de estos, ni pedirles responsabilidades, por no tener ningún poder legal y por tanto ninguna autoridad sobre sus actuaciones ni dentro ni fuera de España. Podrán tener diputados, ministros, jueces, funcionarios, etc., etc., en todas las instituciones españolas. Incluso podrán ganar unas elecciones y ¿¡gobernarnos!?. En Cataluña no podrá haber un solo español, ejerciendo de tal, en una sola de sus instituciones y escasamente en la calle. Serán discriminados y sometidos a una asfixia tal que nadie podrá soportarlo a no ser que prescinda de su dignidad y de gran parte de sus derechos o le atraiga eso de ejercer de nazi.
Si el TC no falla, y pronto, anulando este bodrio incomestible de estatuto, España puede quedar atrapada, por el resto de los tiempos, en manos de una caterva de amos sin control legal, amparada y legitimada por el propio Estado español y con poder sobre el mismo. Le hemos concedido una licencia legal para atracarnos y someternos, bajo las garantías de nuestro propio sistema legal al que ellos ya no pertenecen , pero sí están bajo la tutela política internacional, al no disponer de su propio estado, por lo que internacionalmente no se les puede imputar sin invadir la soberanía española, algo que obligará a España a declararse responsable civil subsidiaria de todos los ‘bolos’ que estos bellacos vayan dejando tras de sí.
Vascongadas, dispone de un estatus similar dado que las concesiones del estatuto catalán ya las consiguieron ellos explotando el miedo tradicional de nuestros regidores y al descarado uso ventajista del terror asesino, por parte de los nacionalistas ‘moderados’. De ahí que les importe un bledo el estatuto y se centren en su ‘plan’ y en su ‘referéndum’.
¿Entienden ahora por qué aún ‘España no se ha roto’? Ojalá se hubiera roto. Sería mejor que habernos puesto, a nosotros mismos, una enorme bomba ‘en nuestras partes más vulnerables’ y darle el botón para activarla, a nuestros enemigos más recalcitrantes, avaros y barriobajeros.
La gran duda es, si el traidor ‘z’ gana las elecciones ¿Será capaz el TC de contradecir al caudillo y cumplir con la legalidad constitucional anulando el estatuto? ¿O por el contrario obedecerá sus órdenes y hundirá a la Nación? Esa puede ser la mecha que convierta la ‘memoria histórica’ en la más dramática actualidad. Mientras tanto solo podemos puentear en lo posible, la traición del caudillo y hacer compras solidarias eludiendo, no los productos catalanes o vascos, sino los radicados en esos lugares. Comprar solo productos comercializados por empresas radicadas en territorios cuyos impuestos sean recaudados por nuestra agencia tributaria y sean debidamente redistribuidos por España desde unos criterios solidarios. Mientras esté el ‘z’, no será así pero le pondremos en la tesitura de hacerlo mal, con lo que en su momento, cuando le sean pedidas cuentas en los tribunales, sumarán penas en su contra.
Después de todo les haremos el favor de no tener que ‘mantener’ a España, quedándose con nuestro dinero.
Clandestino
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