Reposición de post

Va por vosotros

Me permito un modesto homenaje a aquellos compañeros blogger que se ven acosados por los abiertamente declarados enemigos de los derechos, de las libertades y del Estado español, aprovechando la ausencia de gobierno y con la total colaboración y sumisión de sus ocupas, omisos y subvencionados, desempolvando y reponiendo este post.



ESTATUTOS PARA EL EXPOLIO FEDERAL

¿Por qué tengo que pagar impuestos a una “nación” enemiga y permitir que el Estado que mantengo esté más a su servicio que al mío, o que sus diputados y senadores mangoneen las políticas y las legislaciones en mi Parlamento y en el Senado de mi Nación?


Si no recuerdo mal, hace algo más de veinte años, el Presidente Felipe González tuvo un lapsus de lucidez que, alineándolo con sus deberes, le llevó a tratar de implantar el libre comercio y “descentralizarlo”. Con el fin de frenar el subdesarrollo económico tradicional de la mitad sur de España y el consiguiente despoblamiento de sus provincias, González permitió algunas importaciones de productos cuyo abastecimiento, desde tiempos inmemoriales, había sido acaparado por el mercantilismo de Cataluña. Fue un intento tímido de diversificar el comercio a través de distintas rutas peninsulares.

Muchos recordarán la trifulca histérica y medio vociferante con la que le obsequió el señor Pujol, esgrimiendo su tradicional y eficaz arma de amenaza y extorsión: el independentismo, que para él era la forma de “defenderse” del centralismo españolista de Madrid. Pujol amenazó con azuzar a sus mesnadas cuando realmente sólo defendía, como siempre, la obstrucción de la implantación democrática en el comercio e impedir el libre mercado que les obligase a los catalanes a competir en pie de igualdad. Naturalmente, de su típico y hábil manejo de la extorsión surtió el tradicional efecto de ver satisfechas las demandas de su potente maquinaria ventajista sobre el resto de España. El asunto se resolvió pactando, entre ambos y medio a escondidas, el famoso y vergonzoso PER, que supusieron evitaría el despoblamiento en el sur y garantizaría una reserva permanente de mano de obra, de disponibilidad inmediata y barata, para las zonas más industrializadas, como el País Vasco, o comerciales como Cataluña. Las pateras aún no tenían a España entre sus objetivos.

Libre de la tenaza franquista, a los catalanes les fue muy fácil manejar a su antojo a aquella España entonces tan ingenua con los que en el transcurso del tiempo habrían de ser sus enemigos políticos, los nacionalistas. Madrid continuó descentralizando competencias a favor de Cataluña, mientras ésta continuó afianzándose como un gigantesco almacén de compraventa e importaciones que, reconvertidas como marcas propias, copaban el mercado nacional en un porcentaje muy superior a las producciones locales. Tal sistema les generó muy poca o ninguna competencia a los catalanes, dando así continuidad al proteccionismo franquista sobre la economía de la región catalana. Pero a diferencia del régimen anterior, ahora solo de forma unidireccional: riqueza del resto de España hacia Cataluña, como consecuencia de un mercado que seguía casi cautivo, y desvinculación social y política de Cataluña hacia la Nación y su Estado, en clara deslealtad y en oposición al derecho al desarrollo económico del resto de España, una vez asentado el expolio de sus materias primas, como por ejemplo el algodón andaluz que pasaba a ser transformado en las fábricas de Mataró y a centuplicar su precio cuando regresaba.

A la clásica dependencia del entramado industrial vasco, España le suma ahora la subordinación al entramado comercial catalán, que junto a las grandes empresas de suministros y servicios radicadas en Cataluña —cuyas radicaciones allí fueron exigidas y complacidas en todas las épocas, algunas por Zapatero, como el fallido intento de Endesa—, suponen el expolio para el resto de España mediante el casi monopolio comercial. Y en el futuro ese expolio deberá incrementarse gracias a la inexplicable traición de Zapatero a la Nación española, y a la mas que dudosa constitucionalidad de unos estatutos que no solo conceden la independencia de facto a Cataluña, sino que la convierten en “potencia colonial” sobre España. La nefasta y claudicante descentralización política, paralela a una semi-protegida concentración económica catalana, invierten el papel del Estado, pasando de regidor nacional a servidor legal, pero ilegítimo, de los enemigos declarados de España. Recordemos: “España no me es simpática”. Carod dixit. Así, pues, todo el nuevo andamiaje constituye una traición impune y sin escrúpulos, solo posible con la colaboración de los responsables de proteger a la Nación española.

Dando curso a ese estatuto de Cataluña, recurrido como sabemos y que por lógica debería ser totalmente anulado, los políticos catalanes han tenido la indecencia de no esperar al dictamen del Tribunal Constitucional y han creado su propia Agencia Tributaria “para recaudar SUS impuestos”. Se refuerza así la trampa de que la “nación” catalana mantendrá todos los derechos políticos y civiles en España, mientras España no tendrá absolutamente ninguno en Cataluña al haberle cedido todas las competencias. La clase política catalana podrá así ejercer magistralmente su miserable extorsión en los mercados financieros y comerciales, que irá acompañada de la nazi discriminación excluyente, mediante, entre otros, el uso político del idioma. Lo que los avaros políticos catalanes llaman “sus impuestos”, incluyen los que recaudarán en toda España, por ejemplo en concepto de IVA. Esto significa que además de la tradicional explotación a su propia ciudadanía hispano-catalana, abandonada en la indefensión y desamparo por el Estado, obtienen una concesión ilimitada para ampliarla a todo el territorio español. Recaudarán impuestos de todos los españoles mediante su implantada y blindada red comercial, casi exclusiva, y decidirán las políticas comerciales de su interés y contra los nuestros, y encima lo harán desde NUESTRO propio Parlamento, donde tienen la capacidad de mediatizar las decisiones del Gobierno. Cada español que utilice un servicio o consuma un producto de marca catalana pagará impuestos a la Agencia Tributaria catalana, que así expoliará a la española y por ende a la Nación. Aumentaremos el enriquecimiento de Cataluña a costa del inevitable aumento en el empobrecimiento de España, mediante el expolio del IVA repercutido, como se ha dicho, y de los impuestos sobre beneficios, además de generarles riqueza derivada de la producción, manipulado y transportes de los productos.

La clara independencia, implícita en el estatuto catalán, no se ha concretado oficialmente solo porque del modo en que han quedado gozarán de un estatus mucho más ventajoso que la propia independencia. Es decir, aparcan dicha independencia y se aferran al federalismo “asimétrico” como forma de encubrir y mantener su colonización y explotación de la Nación española, dándose la paradoja de que pagaremos impuestos y, en gran medida, nos someteremos a una “nación” declaradamente enemiga por algunos de sus más significados dirigentes y con poder sobre las decisiones de nuestra política. ¿Se imaginan un estatuto que nos obligara a pagar impuestos a Marruecos y encima decidieran las políticas de su interés, en detrimento de los nuestros, en nuestro propio Parlamento? Si trasladamos eso a Cataluña, tendremos ante los ojos la esencia del estatuto catalán: España, colonia catalana para su explotación económica y mangoneo político.

Los traidores del gobierno se burlan con sarcasmos de los que pronosticamos la ya consumada ruptura nacional, solo porque sus protagonistas-beneficiarios la encubren para su conveniencia. La evidencia resalta y se eleva por encima de todas sus mentiras. La excusa es que todos podrán hacer unos estatutos según sus intereses, pero todo está calculado, porque la posible renovación de los demás estatutos solo servirá para consolidarle, a cada uno, su “nacional” pobreza, a costa de enriquecer a esos listos a los que se les ha blindado el monopolio del poder y de la riqueza. Ni siquiera podrán paliar ligeramente su miseria protegiendo sus productos locales. Ni el Estado ni la UE lo permiten. La trampa es perfecta. Solo la legitimidad del poder soberano del pueblo ante semejante injusticia podrá y deberá neutralizar el delito del gobierno zapaterino. El truco del federalismo “asimétrico” no cuela. ¿Qué utilidad tendrá para los andaluces un estatuto similar al catalán, cuando sus ciudadanos paguen impuestos a Cataluña y no los reciban de nadie porque su balanza comercial será desmesurada y progresivamente negativa? Los andaluces, me temo, seguirán en la cola de cualquier índice de desarrollo, como consecuencia de su contribución al enriquecimiento vasco y catalán, un hecho que dura ya varios siglos.

Los ciudadanos han de exigirles a sus gobiernos autónomos que les defiendan de esta agresión urdida por los políticos de Cataluña, el País Vasco y los traidores ocupas del Estado. Las regiones expoliadas deben promover normas que inciten a sus comerciantes a cubrir sus mercados y a negociar sus propias importaciones directamente en origen, puenteando las rutas Vasca y Catalana. España no puede permitirse esta lacra infecta, de claro corte fascista, que nos prive de derechos y progreso otros quinientos años. A poder ser, ni siquiera uno más.

Clandestino