La ideología política es el lastre de la libertad democrática

Monseñor Romero

"...Si denuncio y condeno la injusticia es porque es mi obligación como pastor de un pueblo oprimido y humillado..."

"...El Evangelio me impulsa a hacerlo y en su nombre estoy dispuesto a ir a los tribunales, a la cárcel y a la muerte..."




La coalición de desalmados que ocupa el Gobierno de España, decide quienes tienen derechos democráticos y a quienes se le deben retirar o impedir. Quienes deben cobrar y quienes deben pagar. A quienes se les impone el deber de cumplir las leyes y a quienes se les otorga el privilegio de estar por encima de ellas. Quienes son los ‘buenos’ y ser premiados, o quienes son los ‘malos’ y ser castigados. Los ‘malos’ y castigados no tienen derecho a protestar, solo a pagar y callar. Entienden el Estado como un instrumento para satisfacer servicios, estatus y prebendas para ellos y los suyos, desheredando a los que no soportan su ‘hedor socialista’, aunque los deberes de mantenimiento, son aportados entre todos. O con ellos o en la nada. O su paraíso robado o la condena de Sísifo.

Se le sigue acosando y reprochando a la curia por hacer política, afirmando que la Iglesia no debe hacerla. ¿Por qué la Iglesia no debe hacer política? ¿Como gestiona la Iglesia su Estado Vaticano sin hacer política? Seguramente la actividad política sea incompatible con sus actividades religiosas, pero nadie les puede negar o impedir el derecho a hacerla, ni el deber de defender sus derechos, frente a los desmanes o tropelías de los políticos, como otro colectivo cualquiera, o sumarse solidariamente, a las reivindicaciones de otros. Un Gobierno digno y honesto, no le puede reprochar o impedir a la curia, ni a nadie, que reivindique públicamente, como institución o como personas que tutelan determinados valores asumidos por millones de fieles, que arropan y apoyan a la Iglesia y les dan legitimidad para representarlos, en aquellos aspectos que perturben sus derechos a decidir su forma de vivir, según su conciencia, sin que desde el Gobierno les invadan ese derecho con leyes especialmente diseñadas solo para ello. Ante situaciones que la iglesia considera irregulares por afectar a sus derechos ciudadanos, o al de sus fieles o al de la ciudadanía en general, tiene el deber de protestar, manifestarse y presionar, como lo tiene un sindicato o un partido político. No es hacer política defender derechos, de quien sea, cuando los hurtan los políticos, o sus primos, o sus vecinos.

Si recuerdan a Monseñor Romero, arzobispo de El Salvador asesinado por sicarios de un régimen criminal-fascista, no hizo política ni un solo día de su vida, sin dejar de amparar, en lo que pudo, y reivindicar el derecho de sus conciudadanos, ni una sola hora de aquella época de su vida. Naturalmente cuando hay abuso de poder, cualquier persona u organismo que se le oponga, desde cualquier tribuna, no podrá evitar interferir en la política de ese poder, como algo inevitable para su fin, pero no como objetivo. Es fácil confundir y utilizarlo, pero es necesario separar y distinguir el derecho y deber como ciudadano neto, del ciudadano con interés político. Cuando vemos a una persona correr, podemos suponer que lo hace por varias causas normales e inocuas, y no necesariamente creer o hacer creer, que es un delincuente que huye de la policía y apedrearlo.

Concretamente en el asunto de la familia, ni el Gobierno tenía por qué provocar este sarao, ni los gays tienen ni necesidad, ni derecho a invadir esos espacios. El Gobierno ni está legitimado, ni tiene derecho ni es su labor, el sumar o restar derechos a nadie. El deber del Gobierno es regular y garantizar los derechos de cada uno y eso no es posible cuando se hace a costa de reducir los derechos consolidados de otros. Los derechos no son del gobierno ni de sus electores. Son de cada ciudadano y son intocables. Sin embargo es algo habitual en la línea de un gobierno que ha suplido su total falta de proyecto y carencias políticas, generando enfrentamientos y crispación en el objetivo de dividir a la sociedad en buenos y malos, premiando y castigando, como única forma de rentabilizar la ineptitud y darse continuidad comprometiendo votos, en este galimatías en el que han convertido al Estado y a la Nación. La ley que regula los derechos gays, se ha utilizado, además, para provocar y afrentar a millones de personas, innecesariamente. Al colectivo gay le había importado un bledo que su derecho a contraer nupcias lo hubieran llamado 'matrimonio' o 'Juan Manuel'. Esa denominación, ni es un derecho, ni la habían reivindicado. Ha sido una de tantas bufonadas macarrónicas de este gobierno en descarada provocación para crispar con su habitual falta de respeto por la mitad de la ciudadanía que sabe que no le votará nunca. Bufonada macarrónica que fue miserable y asquerosamente reforzada y extendida a la educación y programaciones infantiles, en algún caso recomendando la lectura de sus porquerías pornográficas, desde el ministerio de educación.

En una sociedad, democrática o no, todos los seres humanos tienen la responsabilidad civil de apoyar y defender los derechos de sus conciudadanos, como única forma posible de garantizar los suyos propios, independientemente de su posición, oficio o condición con respecto al Estado, pero en un Estado constituido democráticamente, si no nos mentalizamos a priorizar la defensa del derecho democrático por encima del ideológico, aunque le sea conculcado a personas u organizaciones no afines, la democracia se hunde irremisiblemente, en la división y el enfrentamiento. Primero todos a una a salvar y mantener la democracia, acudiendo todos a una, allá donde se intente hurtar o corromper. Luego cada uno sea y defienda la ideología y la confesión que le parezca.

Como dijera alguien: "No estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría la vida para que puedas seguir diciéndolo"


Clandestino