Una Constitución. Un gobierno. Un Estado

Artículo 27, apartado nº 3: Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Han restregado la constitución poniendo “las cosas en su sitio”, a millones de familias cristianas, decentes, honradas, respetuosas con la ley y con sus conciudadanos, arropados por el calor de sus asesores y representantes espirituales que, ante el total abandono político y sin garantías constitucionales, legitima a la iglesia para determinadas reivindicaciones políticas y sociales, a las que el ciudadano indefenso y desarticulado no puede acceder por sus medios.

Ha sorprendido la poco habitual seguridad y firmeza con la que se han dirigido a estos ‘peligrosos’ elementos para la estabilidad de la Nación. Gustándose, se regodean y sacan pecho mientras se mofan de ellos, con sarcasmo y talante hiriente y cobarde, típico de los caudillos, perdonavidas de peana, cuando saben que matan perdices enjauladas, mostrando tanta firmeza y autosuficiencia, con la gente honesta, culta y civilizada, como cobardía rastrera, sumisión y omisión, con el hampa de asesinos nacionalistas. Con los nazis nacionalistas. Ya no hay ninguna duda. Tenemos el gobierno en manos de gente que se muestra miserable y mezquina, capaz de ensañarse con los que respetan la legalidad y temblar como flanes ante los desacatos, desobediencia civil, desafíos, exigencias, imposiciones y agresiones de la morralla que amenaza, exige o asesina.

¿Dónde estaba esa lealtad a la Constitución cuando se aprobó un estatuto anticonstitucional y antinacional? ¿Cuando se aprobaron leyes contra derecho como la de la SGAE o la reforma penal incluyendo el Código de Circulación Vial? ¿O leyes contra el inalienable principio de igualdad, recogidos en nuestra Constitución, como la discriminación ¡positiva! o la de ‘cupos’? ¿Dónde está esa gallardía cuando los ‘fueras de la ley’ del hampa nacionalista, que rigen algunas instituciones -algunos afiliados o asociados al partido de la organización que ocupa el Gobierno de España- incurre en el delito de desobediencia civil? ¿O cuando esos mismos ‘fueras de la ley’ incurren en desacato contra una sentencia del TS? ¿O cuando sienta al Estado en la misma mesa de los asesinos mientras llaman fascistas a sus víctimas? ¿O cuando les niegan a multitud de ciudadanos su derecho a la enseñanza en el idioma oficial de la Nación? ¿O cuando los extorsionan porque desean aprender un idioma internacional en lugar del idioma de su aldea o de su pueblo?

¿Por qué no va con su gallardía y prepotencia a ilustrar a toda esa morralla de los ‘accidentes’ explicándoles sus derechos y deberes constitucionales? ¿Por qué el Gobierno de España se arruga y esconde la Constitución con los acólitos o asociados al partido que lo ocupa, o ante los desmanes y delitos del hampa nacionalista, y adopta una actitud diametralmente opuesta con los que sabe que no los votan y que no pondrán bombas ni quemarán cajeros, ni incumplirán la ley? ¿Cuántas Constituciones hay en España? ¿Cuántos gobiernos rigen el Estado de todos? ¿Cuál es el que arremete cobardemente contra los honrados ciudadanos y cual es el que se arruga sumiso y pacato frente al crimen desafiante con el Estado? ¿Cuál es el que solo tiene redaños con la gente honrada e indefensa? ¿Mantenemos a un Gobierno para la Nación española o solo para su parte del electorado y aliados?

¿A quien pretenden insultar con la simple estupidez de que la tan cacareada ‘voluntad popular’ consiste en votarles cada cuatro años para que expolien, sometan o prevariquen? ¿Cuantas de sus leyes criminales ha aprobado la ‘voluntad popular’? ¿No les dará vergüenza tanta falta de respeto y tanta mofa sobre los contribuyentes?

Cuando un Gobierno democrático elegido para servir a una Nación, mediante su Estado constituido democráticamente, renuncia a sus deberes constitucionales y traiciona a la Nación, permitiendo el delito y acogiendo a los delincuentes bajo amparo del Estado, de todos, acosa a sus víctimas, cuando ejercen legítimamente sus derechos, contraviniendo claramente la Constitución y omitiendo el ineludible deber de cumplir y hacer cumplir la misma, o beneficiando a sectores para perjudicar o perjudicando a otros, de forma sistemática y premeditada, los responsables del Gobierno se salen de la legalidad y quedan deslegitimados para retomar y asumir las labores de gobierno, u otras cualquiera.

El Jefe del Estado, como tal, como garante de La Carta Magna, de la unidad nacional y como Jefe de las FF.AA, está obligado a exigir el cumplimiento de la legalidad o a deponerlos, ponerlos a disposición judicial y nombrar gobierno provisional que imponga el estado de excepción retirando los autogobiernos a las autonomías, hasta quedar clara la lealtad constitucional y rectificando la Constitución para evitar el trasiego de criminales, electos y de cosecha propia, por el Estado. No lo ha hecho, tal vez porque de alguna manera no se le permite ejercer sus deberes constitucionales, generando un enorme agujero constitucional que convierte nuestra democracia en un vulgar albergue de impresentables y malhechores, como podemos observar.

El Jefe del Estado no debe interferir en la gestión del gobierno, pero debe velar porque sea rigurosamente constitucional.

Una vez más hemos podido observar la frustrante y penosa realidad de vernos agredidos en nuestra dignidad y derechos, e insultados en nuestra inteligencia, por nuestros propios servidores, en rebelde omisión de deberes y en claro fraude constitucional o estafa democrática, pasando por encima de ella, al erigirse en amos y verdugos sobre los derechos de los conciudadanos a los que están constitucionalmente, obligados a servir.


Clandestino