Piratas prohibidos y piratas consentidos.

Amplio reportaje en 'La Nación'






Recuerdo este párrafo de una entrada que colgué el 28 de abril del 2007:

“Estamos en una situación en la que una camarilla de nazis apoltronados en su legalidad sujeta a cambios instantáneos según intereses, pueden imponer en España cualquier norma que resulte de su interés económico, político o social, pasándose nuestro sistema legal por el forro y sin que haya forma legal de impedirlo, teniendo, por el contrario, el deber de garantizarlo. Es más, no solo en España. Si estos nazis deciden hacer una ‘pirula’ en un país cualquiera la harán en nombre de España y será esta la que responda de sus desmanes allá donde los provoquen, dado que política y oficialmente son españoles, pero España no podrá exigirles el fin de estos, ni pedirles responsabilidades, por no tener ningún poder legal y por tanto ninguna autoridad sobre sus actuaciones ni dentro ni fuera de España.”



Bien pues aquí tenemos una muestra visible. Ignoramos los 'tapados'. Ni que decir tiene la que se puede armar cuando las “embajadas” catalanas, con 'pabellón' pero sin estado, empiecen a embrollar la “fluidez” que caracteriza la gestión diplomática a manos de la organización del “ministro” Moratinos.

Muy al contrario de lo que ocurriera con el caso del barco francés, en el momento de ser secuestrado, el ‘Playa de Bakio’, era un barco pirata a todos los efectos, al no llevar el preceptivo pabellón español, o el de algún único estado de algún país soberano, que lo ampare. En su lugar ondeaba la ikurriña, que, como bandera de un partido político, y prestada o cedida a una región que nunca tuvo, en medio del mar no es más que un trapajón pirata. Por tanto la tripulación, también lo era. Esto, aparte del pago del rescate, ha supuesto un gran y costoso despliegue diplomático. El problema no solo era rescatar a la tripulación sana y salva, sino conseguir traer a los supuestos españoles, hasta España. Digo supuestos españoles, porque todo el que se enrola en una embarcación pirata sabe que renuncia al amparo de cualquier estado. Sabe que según las normas internacionales, comete delito de piratería, perseguible en todo el mundo marino, por cualquier embarcación de cualquier tipo y bajo cualquier pabellón. Solo la condición de pirata del barco que los abordó, quita legitimadad al abordaje y retención del barco, con todo su contenido. España ha tenido que pasar por el trámite de rescatarlos, de los otros piratas, y por el de evitar las debidas acciones policiales contra ambas embarcaciones, dándoles consideración de piratería por igual, además de eludir a la justicia somalí “tapándoles la boca” ante los tribunales internacionales de justicia, o para que no fueran juzgados -y sin duda condenados- en ese país como piratas.




El gobierno lejos de dar explicaciones, detallando la gestión y el presupuesto de lo que nos cuesta salvar la vida a unos ciudadanos de un ‘país independiente y asociado al estado fantasma español’, que desprecian la nación y la bandera que les ha salvado el trasero. Además deben ser juzgados y condenados, junto con el armador, por piratería, de lo contrario el estado incurrirá en el delito de encubrimiento a dicha piratería, contraviniendo la legalidad internacional, algo que empieza a ser habitual en un país como el nuestro, donde el gobierno se ufana y regodea de su acoso y derribo descarado y tercermundista, contra media nación, pavoneándose ostentosamente, de ser arte y parte de una izquierda que simpatiza, colabora y milita en el terrorismo, el nazismo y el delito legalizado contra la nación, contra el estado y contra los derechos y libertades democráticos, llevándolos a estar mejor vistos y disfrutando de mejor estatus y mas ‘caché’, que ‘la puta España’ honrada, decente y patriota, que los mantiene a todos ellos. Este tipo de delincuencia, patrocinada por el “gobierno”, se manifiesta tan segura y amparada dentro de España, que ha perdido la objetividad para medir la obligada legalidad fuera de ella, donde pretenden dar continuidad a su impunidad patria.

El secretismo en las negociaciones, para el rescate del ‘Playa de Bakio’ y su tripulación, y el que precede a su liberación, esconden hechos muy graves, donde en una situación de piratería y contra-piratería, nuestro “gobierno” lejos de exigir e imponer la legalidad, se alinea con el delito en complicidad directa con el mismo, al que la oculta, ampara y protege, no trayendo a la tripulación del pesquero, en calidad de detenidos, para ser puesta a disposición judicial, bajo acusación de ejercer la piratería internacional. Si son españoles para ser amparados por el estado español, también lo han de ser para cumplir con nuestras leyes democráticas (no las criminales hechas por el “gobierno” para su privilegiado beneficio) y las que ratificamos en los tratados internacionales.

España, ha cumplido con ellos, rescatándolos de sus colegas de piratería y pactando no ser juzgados y condenados en un país lejano y de dudoso respeto por los DD.HH. Todos nos alegramos de su retorno sanos y salvos. Que ellos cumplan con la justicia, junto al gobierno que ha propiciado las condiciones para que se den estas actuaciones delictivas, gravando a la nación y arriesgando su seguridad ciudadana.

El silencio, a su vez cómplice, de la oposición y de la prensa en general, indica que están en el complot y apoyan al “gobierno” en una gestión cuya legalidad, desde mi punto de vista, es bastante más que dudosa, al igual que es clara su renuncia a cumplir sus deberes, desde el Gobierno que ocupan. Un “gobierno” al que las consecuencias de su irresponsabilidad, delitos, traiciones y mala gestión, empiezan a traspasar nuestras fronteras, mientras que en España siguen en libertad y actuando con absoluta impunidad, ante la omisión de todos los responsables de mantener las garantías del orden democrático por el que, se supone, deberíamos regirnos.

España y el mundo deben saber que el estado español, no acudió al rescate de un barco y de unos marinos españoles, sino de un barco y de una tripulación pirata que, como todas ellas, premeditadamente renunciaron al amparo del estado español y al de cualquier otro, al navegar y faenar por aguas internacionales, sin lucir el obligado pabellón único, de cualquiera de ellos. No podemos encubrir un grave delito contra la legalidad internacional, para legitimar la apestosa basura nacional. España y el mundo tienen derecho a saber.

Clandestino