Legalizando ideas para impedir derechos.

Congreso del PSOE o más de lo mismo. Radicalmente se legalizarán las ideas radicales y, como es habitual, a los derechos que les den, por donde habitualmente les suelen dar. Hacen un uso arbitrario de las instituciones y recursos del estado, para imponer una ideología incrustándola en el ‘Imperio de la Ley’, con el único y descarado fin de situar el derecho fuera del alcance de sus titulares.

No faltaron ideas de claro corte progre, cívicas y sociales, especialmente útiles para su propaganda de humo, donde abundan las contradicciones y mensajes para subnormales. Solo voy a destacar la legalización de alguna ‘idea’ como la ampliación de la ley del asesinato, también conocida como ley del aborto. De propina también tratarán la ‘idea’ de la eutanasia. Se puede observar claramente que el ideario socialista de este P$O€ , gira en torno al derecho a la vida. Al derecho a disponer de ella, cuando sus poseedores están en clara indefensión: Niños no natos.




Como no, ampliarán la persecución al cristianismo, con leyes especiales que refuercen la ‘laicidad’ del estado, con el fin de “garantizar la libertad, la convivencia y la pluralidad de creencias”. No dijeron nada de regalar capirotes ni meter el dedo en la boca, conformándose con la tomadura de pelo, solo de forma verbal. Lo de la eutanasia reconozco que pueden darse circunstancias en que sea justificada como acto de caridad. Pero en vista de la evidente falta de escrúpulos y de rigor de los ocupas del estado, puede convertirse en una puerta más para dar rienda suelta a sus desmanes, delitos y corruptelas.

En la mayoría de países europeos, y muy especialmente en España, donde la corrupción es general y ya no engañan a nadie, a pesar de continuar escondiendo sus delitos, tras sus cansinos cacareos democráticos, sobradamente conocidos sus intestinos laberínticos de trampas y obstáculos, con leyes, ideologías y mucha mentira, para corromper al estado, agusanando las esencias democráticas, hasta subordinar el derecho, relegándolo a la prioridad de la consigna, incluso hasta la renuncia, bajo la presión y extorsión del poder y de toda la basura ideológica impuesta, que los transforman en rentabilidad política y económica, de los legalmente privilegiados. El derecho llega a ser un lujo inalcanzable. Su reivindicación es algo impensable, en cuanto que queda fuera de las posibilidades legales y económicas de cualquier persona decente, de nivel medio hacia abajo. O sea del grueso de la nación. Mientras los demás, simplemente disfrutan de los suyos y del de los desahuciados. Dan lustre y populismo a sus basuras y represiones legales, dificultando o impidiendo el acceso a los derechos.



Se inventan leyes como el que hace churros. Pero en su gran mayoría son leyes contra los derechos. Es decir: revientaleyes o delitos de discriminación o agresión sobre amplios colectivos. Es el derecho el que hay que garantizar y servir, no a la ley. No se trata de acatar cualquier ley, sino de regular el natural y cotidiano uso y disfrute de los derechos de forma clara, nítida e inalienable, de forma que la justicia pueda garantizarlos. El derecho es la gran piedra angular que sustenta y da sentido a la existencia y a la función de la ley y de la justicia, en democracia. La ley solo es válida si proporciona la justicia que garantiza el derecho. Ni puede considerarse, ni debe ser acatada como ley, cuando es contraria a su fin e impide la justicia. Entonces solo es un elemento desechable que atenta contra la paz y contra la convivencia. La ley criminal legitima y obliga, a cualquiera de sus víctimas, al ejercicio de legítima defensa del derecho, como elemento de rango muy superior a toda ley y a todo gobierno. La promulgación de la ley contra derecho, delata y proporciona coartadas e impunidad a los delincuentes encumbrados en los poderes, y a los que el conjunto ciudadano esta obligado a combatir, por todos los medios, hasta su absoluta erradicación, evitando el mercadeo a cuenta de la privación de sus derechos. El ciudadano debe defender e imponer la ley de todos, frente a cualquier agresor, especialmente si representa al estado.

No generan violencia quienes exigen sus legítimos derechos, sino las turbas criminales que se los arrebatan desde sus propias instituciones de su propio estado, contra su deber de asegurarlo. Cuando la gestión del estado es insolvente, inepta o se inhibe del deber de facilitar y garantizar la justicia, los afectados podrán tomarla por su mano, legítimamente. Cuando es el estado el agresor, es derecho y deber del ciudadano, articularse y defenderse contra el delito y la corrupción del estado. Contra el uso y abuso de los poderes delegados al gobierno, por el ciudadano para que le garantice la inalienabililidad de sus derechos. El estado es una propiedad comunitaria de los ciudadanos, para la gestión de sus servicios y necesidades comunes y para las garantías de derechos colectivos e individuales. El gobierno no tiene poder sobre la nación, ni sobre ningún ciudadano de pleno derecho. En el mismo instante que los servidores electos no cumplan con las expectativas de servicios y garantías, que lo justifican, deben ser expulsados o puestos a disposición judicial –caso que este servicio no estuviera sometido bajo el poder criminal del gobierno- con la urgencia justa o necesaria, para evitar la acción de su criminalidad sobre la nación, o parte de ella.



Cuando el estado está completamente podrido, por dentro y por fuera, ya no lo justifica ningún electorado, ni ninguna mayoría. El voto legitima para servir, nunca para delinquir. Solo ejerciendo el deber de la rebelión ciudadana se podrá recuperar el orden democrático y la convivencia. La canalla jamás soltará su presa si no son obligados a ello. O son obligados, o se acepta la cobarde resignación de no ser dueños de la vida o de vivirla en la represión y el expoliado, como esclavo, por el resto de los tiempos.


Clandestino