El estado es propiedad y responsabilidad ciudadana.

"Una fuerza de ocupación no debe aplastar sino corromper"


Así aconsejó el que acabara siendo Santo Thomas Becket, a su señor el rey Enrique II, de Inglaterra, cuando aún era su canciller y amigo. Mucho ha llovido desde inicios del s XII hasta nuestros días, pero algunas de sus 'mejores' costumbres y estrategias, siguen siendo de gran utilidad, para relativizar confundiendo el bien con el mal o lo legítimo con lo ilegítimo, sacando beneficios al autoritarismo criminal bajo apariencia democrática y con el apoyo incondicional del grueso de sus víctimas embaucadas y fanatizadas con el gran camelo ideológico.



El mundo está lleno de zorras en una persistente caza de gallinas. No podemos pretender pedir garantías a nuestras gallinas cuando delegamos en las zorras la responsabilidad de su custodia. Si ponemos a nuestros enemigos al mando de nuestro poderes, incluyendo la administración de nuestros recursos y el mangoneo de nuestras leyes, solo podemos esperar lo que ha sucedido. Hemos sido objeto de un miserable golpe de estado, sordo y encubierto que ha reemplazando nuestro estado y nuestra legalidad constitucional, según han ido ocupando sus espacios y malversando nuestros poderes con leyes contra derecho, hasta engullir nuestros recursos y triturar nuestro estado democrático.

Cuando aún no se habían promulgado las leyes de violar los derechos, para que se forraran o apoltronaran legalmente los clanes ventajistas afines a los golpistas, ocurría que día sí y otro también, se manifestaban ostentosamente colectivos o lobbies, con amplias tablas reivindicativas, por todos los medios y pueblos de España, recibiendo una amplia y sospechosa cobertura y comprensión, por los que aún creiamos servidores desde el Gobierno de España. Así por ejemplo, iban las feministas esgrimiendo a maltratadas entre algún que otro cadáver; o el lobbie gay con su obscena promiscuidad llenando nuestras espacios públicos, desde los medios hasta nuestras calles, pasando por libros infantiles, acusando o denunciando como homofobia a todo el que no pasara por la quilla de sus gusaneras; al gran negocio del clan anticultura subvencionada, les fueron concedidas canonjías contra derecho, satisfaciendo vindicaciones según mostraban su adhesión al voto. Así sucesivamente se fue haciendo un uso arbitrario de la ley, legitimando diferentes violaciones del derecho, consolidando el sectarismo excluyente, en un interminable rosario de privilegios, arrollando con la discriminación los inalienables principios de igualdad y cualquier mínima posibilidad de administrar o de impartir justicia, desde una sospechosa colaboración de esta, cuando aún se le presuponía su independencia. No es posible obligar a "administrar justicia" con leyes contra la justicia, más que con un poder judicial sometido o servil al poder de los agresores que nos ocuparon.

Toda esta criminalidad legal, tuvo su origen en una serie de las necesarias vindicaciones, en manifestaciones públicas cuidadosamente programadas, que permitieron a los golpistas, justificar la legitimación de su promulgación, siendo claramente destacadas y diferenciadas aquellas de interés antidemocrático, bajo amparo de los golpistas, de aquellas otras que los importunaban en sus planes de alta traición contra la nación. La manifestación pública, como deber ciudadano en la vindicación de sus derechos y que a priori es democrática y necesaria, se ha decantado al transcurrir del tiempo, como una sucia forma truculenta y connivente, para consolidar intereses bastardos, persiguiendo y ensuciando su práctica cuando es para garantizar el derecho bajo el debido amparo de la justicia. Ya tienen sus leyes de discriminar y saquear a los desechados, y aunque las causas con las que justificaron esas leyes contra derecho, se mantienen o han aumentado sensiblemente, ya nadie consideran necesario ni deber 'presionar' a su ilegítimo valedor.

Así los maltratos, no merecen ni una pequeña manifestación de las organizaciones feministas, en los medios. Ya tienen su ley. A quien le pueden importar las víctimas, aparte de a las propias víctimas y solidarios igualmente discriminados. Queda claro que a los golpistas solo le interesaba privilegiar amarrando sus bancos de votos, seleccionados de entre los corrompibles o adeptos fanáticos gratuitos, y que la vida y la seguridad de los niños, mujeres u hombres maltratados, no solamente se la trae al pairo, sino que legisla su muerte libre y aleatoria, en el caso de los niños no natos, o pniendo fecha de caducidad a los ancianos.

De igual forma todos vimos la 'impotencia' policial para combatir a los 'manteros' que 'pusieron al borde de la extinción' a nuestro amplísimo elenco de la gran vividuría "cultural". La misma impotencia se volvió eficacia extraordinaria, en cuanto les fue regalada la ley de expoliar. De la noche a la mañana no quedó un solo mantero en toda la geografía nacional. Usaron miserablente a unos semiindigentes para la legalización de sus privilegios y que sus benefactores golpistas, acopiaran otro importante banco de votos.


Sucesivamente se fueron empleando semejantes métodos, con semejantes resultados, con cebos y triquiñuelas que cegaran el imaginario colectivo difuninado hasta la impasibilidad frente a la tragedia invisible y ya consumada, a manos de la traición y del hampa que usurpa nuestro templo de nuestra soberanía, con la que se han procurado impunidad para ir desmantelando el estado de derecho y desalojando del amparo constitucional y de la justicia a decenas de colectivos y a millones de españoles, convertidos en vasallos y sirvientes, como meras unidades de ingreso para los señores feudales franquiciados por la banda que nos ocupó el estado democrático, en circunstancias tan dramáticas como sospechosas, y por supuesto aún sin aclarar, entre otros bochornosos espectáculos, donde el manoseo indecente y angustioso culminado con la venta a precio de saldo del derecho nacional, es repugnantemente representado en el feudalismo medieval del estatuto catalán poniendo a toda la nación a su plena e incondicional explotación por los nazionalistas catalanes, a pachas con los nazionalistas vascos.


Finalmente solo necesitan una labor de 'mantenimiento', para conservar el lustre de sus poltronas mediante el uso criminal del estado, ya apropiado y malversado el poder soberano del conjunto ciudadano, tras fragmentar y confrontar la unidad nacional. El erario público es descaradamente admistrado de forma arbitraria en el despilfarro y el privilegio, pagando 'juergas', voluntades, omisiones y caprichos de unos/as, con la privación, el sudor y la sangre de otros/as, vendiéndolo como algo justo y necesario, usando los recursos del estado como un descomunal y mafioso juego de untes, privilegios, discriminaciones y exclusiones, siempre legales, con lo que construyen un poder bastardo sobre el que patean y se defecan en el poder legítimo de la nación, privándola de su estado soberano, demolido con la tiranía de otro paralelo, en constante acoso y derribo sobre todo aquello que represente responsabilidad, esfuerzo y valores, y que se aferra a un concepto de la legalidad como bastión del derecho y de la justicia, siendo los únicos colectivos que presentan una débil resistencia contra el agusanamiento general a manos de redes y 'cordones', organizados o no, en mafias de omisos y corruptos o en hampas o lobbies como ETA, feministas, gays, nazis, titiriteros, nazionalistas, banqueros, gobiernos municipales y autonómicos, anarconegreros, defensores del pueblo, sindicatos, anarcocapitalistas, corruptos propios y extraños, ONGs, untados, renegados, embusteros... con unos excelentes resultados en sus metas y depravación, que consigue las cotas de omisión necesarias, para la anulación plena en todas y cada una de las instituciones y órganos que componen el denostado estado democrático.


Esto ha dejado nuestra legalidad Constitucional, inutilizada en su función de garante del derecho democrático, hasta quedar hecha un auténtico colador infecto que se diluye en la purulencia de la propia casta política a la que le hemos permitido corromper su debida tutela y gestión, impidiendo la más mínima gobernabilidad de España, en una imperdonable omisión del primer deber de todo ciudadano en la defensa y merecimiento de sus derechos. Esto supone la definitiva consolidación de la tiranía fascista en el estado español. España queda sin gobierno con un estado a la deriva, con unas bandas que pululan sobre él, como ratas por un queso.

De todo el mundo es sabido que nunca ningún tirano perdió una votación ni abandonó voluntariamente la ocupación de ningún estado. Pero también que el estado es propiedad y responsabilidad ineludible del ciudadano. Los elegidos para su gestión solo son su personal de servicio, rigurosamente sometidos a la legalidad soberana de la nación. La nación tiene el deber de que así sea siempre, relevándolos cuantas veces sea menester, en caso de observar actos contrario a su ley, sin que la forma o el tiempo supongan impedimento.

Ningún individuo u organización, elegida o votada para gestionar el estado, queda bajo ningún concepto legitimada para delinquir, ni contra ni en nombre de la nación, en un uso partidario y sectario del estado o de la ley, por muchos votos que obtenga. La violación de cualquier derecho, legal o no, siempre es criminal y los que promulgan leyes para violar cualquier derecho, también lo son, por muy electos que sean. Ningún delincuente puede gozar de inmunidad ni mucho menos de impunidad, debiendo ser privado de su libertad e inhabilitado para cargos públicos. Un Gobierno que hace un uso criminal del estado, no es más que una una vulgar banda de delincuentes y estos deben ser perseguidos por la justicia y desalojados de los espacios reservados a la decencia. A falta del amparo de la justicia por parte del estado ocupado y omiso, cualquier colectivo o ciudadano esta obligado a articularse, en el deber y la responsabilidad de perseguir y erradicar el crimen del estado hasta su total recuperación, por todos los medios.

Un pueblo que mansamente se deja manosear y violar en sus derechos, solo es vulgar ganado a libre explotación y disposición. Pero los ciudadanos no pueden consentir ninguna clase de tiranía sobre ellos, aunque el ganado y sus ganaderos, sean mayoría.


Clandestino