Estado de derecho o estado criminal.

Políticamente, aunque se definen de múltiples formas, básicamente solo hay dos clases de estado: El estado de derecho y el estado criminal.

El DRAE define ‘estado’ como el “conjunto de órganos de gobierno de un país soberano”. Bastante pobre y ambiguo, para un ente de tal enjundia, sobre el que pende la vida de toda una nación. Con más ambigüedad y distorsión de la realidad, se define el estado en Wikipedia.

Según lo veo, el estado de derecho es: una central de garantías al derecho, de gestión a los intereses generales y de suministro de servicios e infraestructuras comunes, al conjunto ciudadano.

Solo hay un poder, y este reside en la nación soberana, y al que el estado y todas sus leyes deben quedar sometidos, aunque este sea delegado, mediante elecciones, a los 'poderes' que rigen el estado, en un número no menor de tres y rigurosamente independientes. El poder soberano del pueblo queda articulado en una Constitución como techo de todo el sistema legal y político, como principales servidumbres de la nación, para sus garantías de justicia que proporcione la debida cobertura de amparo a la inviolabilidad del derecho, como pilar fundamental del estado de derecho, que no la ley.

El conjunto nacional mantiene los equipamientos, los empleados y los cargos públicos, necesarios para sus diferentes servicios y necesidades comunes, como propietarios del estado, y como tales además les asiste el derecho y el deber a ejercer el control directo sobre la gestión pública de sus servidores, a los que tendrá que sustituir de sus cargos, en cada elección, si se manifiestan como ineptos para su desempeño, o de inmediato si se manifiestan como mafias criminales, en un uso bastardo de su desempeño.

No son pocos los estados que aún siendo concebidos como democráticos, cuyo articulado constitucional garantiza el estado de derecho y la independencia judicial que lo garantice, terminan siendo regidos por camarillas criminales, en la acción y/o en la omisión, o por lo que es peor, promoviendo y promulgando leyes que violan derechos tan fundamentales como el de la vida humana, entre otras múltiples formas de agredirlo legal y sistemáticamente. No hace falta seguir repitiendo que cualquier estado que promulga y aplica leyes contra derecho, es objeto de un uso criminal, por regidores criminales.



Cuando el uso de un estado de derecho es contrario al mismo y al que sus propietarios desean, estos tienen la ineludible obligación de despedir a los criminales que lo ocupan, una vez deslegitimados en sus funciones, por sus delitos. Nadie es legitimado por el voto para delinquir desde el estado. Por tanto si lo hacen deben ser de inmediato puestos a disposición de la justicia, que no necesariamente judicial.

Las mafias políticas, en el ejercicio de funciones públicas, hacen uso de todos los equipamientos y empleados públicos para las naturales funciones propias a las responsabilidades inherentes a sus respectivos cargos. Aquí se incluyen las FSE y las FF.AA. Ejercer el delito desde el estado de derecho, solo es posible haciendo un uso criminal de los recursos y mecanismos disponibles y articulables para su persecución y erradicación, incluido el empleo de la fuerza. Esto convierte a las FSE, y algunos también a las FF.AA, en cómplices de las mafias criminales, toda vez que su deber es actuar contra ellas y no a sus órdenes.

El crimen organizado en el estado, venderá una imagen delictiva de sus víctimas, deslegitimando cualquier acción reivindicativa que perjudique o arriesgue su impunidad, y dándose razones para emplear su criminalidad legal contra ellos, haciendo recaer la culpabilidad de sus propios delitos sobre las conciencias y el patrimonio de sus víctimas, hasta acobardarlas en el miedo a ser objeto del despojo en la conciencia de su indefensión por ese estado que lo saquea y desampara.

Esto hace necesario que el ciudadano se organice en insurgencia activa, contra el crimen del estado, ejerciendo las funciones de sus regidores, con el fin de recuperarlo y normalizar el estado de derecho. Es decir esa insurgencia no actuará nunca fuera de las garantías del estado de derecho que reclama y pretende implantar, considerándose por el contrario su legítimo representante, en cuanto que defiende y reclama sus principios democráticos, cumpliendo su primer y principal objetivo de dar garantías al derecho persiguiendo a los delincuentes que los viola, desde él. Así debe legitimarse para actuar en la contundencia que merece cualquier organización dedicada al delito y a la traición con la malversación de los órganos de gobierno, desechando cualquier idea de que actúa contra un gobierno, sino que por el contrario lo hace contra el crimen. Incluso debe legitimarse para el empleo proporcional de la fuerza, sin más limite, tanto al alza como a la baja, que el que la resistencia del hampa exija para su total reducción.


Los malos son los que violan el derecho, tanto de forma legal como ilegal, electos o no. El estado de derecho, siempre lo representa, en el deber de defenderlo, de entre todos sus propietarios, aquellos que están del lado de la justicia y de la inviolabilidad del derecho, incluso por encima de la ley, electos o no.

Debe quedar muy claro que el estado de derecho debe fundamentarse sobre la justicia y la inviolabilidad del derecho, y jamás sobre la ley, por caer esta en manos de mafias políticas que las convierten en instrumentos legales para legitimar la violación del derecho y el ninguneo sobre la justicia.


Clandestino