IMPUNIDAD CONTRA LA PAZ, LA CONVIVENCIA Y EL DERECHO, BAJO PIEL DE ESTADO SOCIAL

Siendo la libertad el bien supremo de la humanidad, superior al de la vida, toda nación libre, tiene el deber ineludible de luchar por ella, como único medio de conservarla y merecerla. En eso consiste la democracia. En vigilar, escoltar y defender la integridad existencial y las garantías del estado de derecho que vela por ella.



En democracia, la nación es responsable de todos y cada uno de los crímenes que cometa su estado o se cometan desde él, con sus recursos y en su nombre, contra propios y contra extraños, como propietaria del mismo, como poder responsable de sus actos y como pagana de sus empleados, equipamientos y cargos públicos. Por tanto está obligada a controlar e impedir cualquier acto delictivo en el mismo momento en el que empleados o cargos tomen decisiones ajenas a los deberes contractuales encomendados y contenidos en el articulado constitucional. Ante la eventual rebeldía contra el sometimiento a la soberanía nacional de sus empleados públicos o de su servidumbre electa, deberá ser la propia nación directamente la que se articule como mecanismo democrático en sí misma, y acometa los correspondientes actos de justicia que concluyan con la reducción de los rebeldes y quede restablecido el orden contractual, o lo que es lo mismo, la legalidad constitucional.



Ser elegido en las urnas obliga al honorable deber de servir al ciudadano desde el riguroso respeto y garantías a sus derechos individuales y colectivos, en el riguroso respeto y sometimiento a su poder soberano articulado en su Constitución, como pueblo libre e independiente. La condición de electo no legitima a ningún servidor público para malversar el poder soberano de la nación, ni para hacer un uso criminal y espurio de su estado ni de su ley. No legitima para suplantar la legalidad constitucional por ideología alguna, ni para convertir su ideología en ley. Toda ley tiene que respetar escrupulosamente el principio constitucional de garantía y coexistencia del derecho. Violar el derecho, es marginarse declarándose automáticamente en rebeldía contra la nación y convirtiéndose en fuera de la ley, debiendo ser perseguido hasta su total reducción por los mecanismos y responsables establecidos en el articulado de su Constitución.

Llegados a un punto de omisión e impunidad, es la nación la que tiene el ineludible deber de proceder contra los automarginados e iniciar los movimientos pertinentes para proceder al restablecimiento de su orden constitucional, reduciendo el crimen de todas y cada una de las instituciones de su estado, por todos los medios que obliguen la resistencia criminal de los rebeldes y sus cómplices, hasta su total reducción y puesta a disposición judicial.

Actualmente la nación española, traza una clara y vergonzosa línea descendente, hasta rebasar los niveles mínimos a la dignidad, partiendo de la situación política, económica y social heredada del dictador. Nada puede superar ni justificar la vergonzosa y humillante sumisión de una nación, que paga una carísima democracia, para dejarse manosear que no regirse, por su estado de su propiedad, que le viola y escamotea muchos más derechos y libertades que la dictadura de la que procede. Un conjunto de garantías y servicios pagados a su estado, a precio de “de derecho” y que sin embargo dispensa a su propietario -la nación- un trato más agresivo, despectivo, prepotente, humillante y corrupto en todos los sentidos y con diferencia, que el que recibía del dictador, solo es posible en una nación sumisa y sierva, que renuncia a sus derechos y libertades, manteniendo y asumiendo la responsabilidad de mantener las estructuras de un estado ocupado y utilizado por estafadores, para sus propios intereses y dispensando al ciudadano y a su legalidad constitucional un trato espurio, vejatorio y represivo.

Especialmente desde que zp accediera a ocupar el Gobierno de España, sin que aún haya ejercido como tal ni un solo día, el uso del estado y de la ley a manos de este adalid de la inepcia política pero virtuoso de la mentira y la manipulación, solo ha conseguido elevar a rango de ley y de estado, el engaño, la estafa y la corrupción, hasta poner en grave riesgo la propia existencia de la nación. Sus claves para semejante destrozo residen en imponer la corrupción encubierta con la inocente piel de su “estado social”. Las inapelables 'bondades' del “estado social”, les procuran la impunidad del mangoneo sobre todo derecho y toda ley, arropados con sus afectos privilegiados con parte del botín obtenido de los derechos violados al resto. Privilegiados y afectos que en sus algaradas son multiplicados por mil, agitados y reconvertido en turbas, mediante sus goebbelsianos poderes mediáticos, cual masa vindicativa de la legitimación legal, de sus privilegios.

José Luis Rodríguez Zapatero, ha mostrado por activa y por pasiva su condición de omiso sectario, traidor y enemigo frontal de la nación, desde que accedió a la servidumbre nacional mediante las urnas. Pronto pudimos comprobar que ni asumían la responsabilidad de ejercer sus deberes de Gobierno, ni pensaban hacerlo, ni siquiera tenían más programa que la mentira, la contaminación política y la intoxicación social, tras la que esconder su inepcia y sus intereses espurios. Fue un golpe de estado sibilino, taimado y legal, mientras no se demuestre lo contrario, desde el que destrozan a la nación, por alguna extraña razón que nutre su mal disimulado y nada contenido resentimiento contra ella y todos los símbolos y contenidos que la identifican y justifican. Tanto por acción como por omisión, han corrompido y prostituido las garantías y garantes, constitucionales. Han corrompido el espíritu constructivo del debate parlamentario y su único deber de representar a la soberanía nacional. Han corrompido todos los ricos y amplios valores éticos y morales de nuestra sociedad, suplantándolos con leyes arbitrarias y con el sectarismo, inventando una lucha de clases con intereses opuestos que envilecen y confrontan, condicionan el libre albedrío, la propia libertad individual, e invaden los derechos más íntimos. Han potenciado y legitimado políticamente, el terrorismo nacionalista. Han ninguneado, insultado y descalificado a sus víctimas. Han corrompido la ya paupérrima independencia judicial, mediante la amenaza, la sanción, la ideologización, la corrupción y la confrontación. Han fragmentado y corrompido a la propia nación, mediante privilegios, lenguas y naciones, excluyendo o discriminando por colectivos según ideologías, sexo, creencias, poder o región. Han corrompido la ley con la que ha legalizado esos privilegios y con ellos han corrompido la igualdad ante ella. Han corrompido las garantías democráticas constitucionales que debían haber protegido al estado de derecho, contra ellos, persiguiéndoles sin cuartel. Han podrido a España social, política e institucionalmente.

España es un caos regido por posiciones de poder, al margen de la legalidad constitucional y de la soberanía nacional, ninguneadas a manos de la traición y el desamparo de su estado. Un muladar menos habitable cada día, tras seis años sin gobierno que han minado la convivencia y el estado de derecho, indefensa en la omisión de una mente infantiloide y mediocre de ególatra iluminado. Sin orden constitucional, sin nadie que asuma responsabilidades de gobierno, abanderados bajo la práctica hedonista de su indolente omisión, del control mediático contra la justicia, y sin oposición ni nadie que ose articularse democrática y constitucionalmente, ni rechazar las leyes contra derecho, presionados bajo sanción o acusación de fascista. Sin independencia judicial, sin responsables que cumplan sus deberes de articular los mecanismos democráticos, sin estado de derecho, sin cohesión nacional, sin gobierno.

Solo el caos y el expolio, haciendo equilibrios malabares para mantener los niveles de opulencia y avaricia a sus cómplices y colaboracionistas, a golpe de chequera y privilegios a sus respectivas “obras sociales”, materializadas en ruidosas campañas mediáticas y callejeras, donde se agita en turbas de bienpagaos, para arremeter contra la responsabilidad individual de algunos jueces que aún se resisten a degradarse en el deber de administrar justicia, o contra todo lo que hace peligrar sus intereses bastardos y tribales, pero sobre todo contra España, que queda a merced de sus renegados y de la voluntad enfermiza de zp, ensañándose impunemente contra su nación y contra todos sus valores y nutrientes históricos, espirituales, culturales, morales, patrimoniales, patrióticos y legales.

Mientras España se hunde en la miseria política, económica y social, el desempleo, la represión o la rapiña corrupta y caciquil, el despilfarro sigue siendo la norma y subvención y el subsidio del estado social, siguen ninguneando al estado de derecho, y amniatando el orden constitucional, sometidos al desorden promovido con bochornosas, virulentas y nauseabundas campañas de odio y resentimiento contra partes de colectivos que representan a la justicia, a intereses políticos legítimos o al sentir social cultural o religioso de inmensos colectivos, criminalizados hasta el odio que empieza a decantarse como agresivo, demonizando a millones de ciudadanos identificándolos y asociándolos con la propagación hasta la repugnancia, de los delitos de algunos pocos de sus componentes, hasta arrogarse el derecho a expoliarles o privarles de sus derechos y hasta violentarlos allá donde los encuentren.


Este panorama draconiano, solo deja la puerta de solución democrática y constitucional, al artículo 8.1 de la C.E. del 78. Se impone una profunda y meticulosa limpieza del estado y de las leyes, y un sólido blindaje de la Constitución para que nunca más el crimen vuelva a tomar el estado como su guarida. Una Constitución basada en el “imperio del derecho”, y no en el coladero del “imperio de la ley”, sensible de caer en manos criminales para legalizarse sus delitos. Una Constitución que exija el cumplimiento del servicio público, bajo el rigor del estado de derecho, sin escaqueos ideológicos ni sociales, a un plantel de servidores sin poderes. Solo la democracia garantizando los deberes, derechos y libertades en la más escrupulosa igualdad. Si ésta puerta no se abre en breve, entraremos en barrena hacia una situación de difícil retorno, en la que no pocos ciudadanos empezarán a verse en la encrucijada de elegir cómo morir joven, en un país donde los que ocupan su estado, impiden con la ley y la corrupción, el derecho, la justicia y la dignidad, pudiendo optar a hacerlo de hipotermia e inanición sentados en una esquina; o en la dignidad de ejercer su legítima defensa sobre sus derechos y libertades. El pueblo es tardo y reacio en defenderse del crimen, en general y del de estado en particular, al ser reacio a reconocerse como responsable y cómplice de los delitos de su estado, cometidos con su consentimiento indolente, con sus recursos y en su nombre. Solo lo hace cuando es impulsado por la desesperación. Un pueblo desesperado en movimiento no lo para nada ni nadie más que el punto final. En la actualidad este riesgo es real y ya mucho más que una mera hipótesis.


Clandestino