NO TODOS LOS ASTADOS SON TOROS NI BRAVOS.

La libertad se articula en La Declaración Universal de los DD.HH, como un derecho natural o fundamental. En sí misma es un sentimiento subjetivo manifestado mediante el libre albedrio en la conciencia de asumir la responsabilidad derivada de nuestros actos. Promulgar leyes para “prohibir” es generalmente un acto de agresión u oposición frontal contra la libertad, en sí mismo, y no pocas veces contra derechos. Es totalitarismo antidemocrático que impide el libre albedrío.

Un estado de derecho controlado y garantizado por un articulado constitucional con sus correspondientes mecanismos democráticos, lejos de prohibir nada, es el que garantiza todo derecho a todo ciudadano, individual o colectivamente, desde el riguroso respeto al resto de derechos, tanto fundamentales como legítimamente adquiridos. Sin embargo la gran mayoría de estados denominados ‘de derecho’, violan sistemáticamente el derecho que ha de garantizar. La forma más corriente y frecuente es mediante la regulación de prohibiciones impuestas por la ley. Algo que generalmente viola derechos de forma aparentemente colateral, tanto fundamentales como de uso y disfrute pleno del patrimonio, cultura, profesión, religión o ideología entre otros legítimos y consolidados.

Recientemente en España, el Parlamento autonómico de la región catalana ha votado una ley que prohíbe en esa región, una parte de los festejos taurinos tradicionales en toda la geografía patria, además de en Portugal, Francia y varios países iberoamericanos. Se ha prohibido la tradicional lidia taurina conocida como ‘corridas de toros’, desde hace ochocientos años. Se siguen permitiendo otras formas de festejos taurinos menores, no exentos de riesgos pero sí de su componente artística y cultural.

No soy forofo de las corridas de toros, pero sí lo soy del derecho y de la ley. Pero la ley ha de ser justa. Si no es justa, no es ley. Por tanto es un panfleto criminal que obliga a su derogación o en su defecto al desacato o a la rebelión de forma tan legítima como obligada. Con este panfleto-prohibición se han violado derechos a numerosas personas relacionadas con este festejo, que además de deleitar a cientos de miles de aficionados, es una industria de la que viven miles de personas. Pero sobre todo es tiránica o totalitaria en sus modos, ya que si bien se ha votado en una institución parlamentaria, es una ley política, se ha hecho de forma unilateral, desde el absoluto desprecio al derecho de las partes interesadas. Se han despreciado sus ofertas de diálogo y posibles propuestas, tanto de peñas taurinas como de toreros, ganaderos y empresarios. Incluso han sido despreciadas por la gran servidumbre mediática afecta y subsidiada por el régimen zp, con su habitual malversación de nuestro dinero.

El argumento esgrimido para prohibir, ha sido la salvaguarda del derecho y la dignidad del animal, en la consideración de ser sometido a un espectáculo sanguinario y cruel. Aunque personas doctas y facultadas en este aspecto lo niegan rotundamente, creo que como espectáculo resulta algo desagradable. Sin embargo ni se ha dado voz ni tribuna a estos facultados, ni al resto de afectados e involucrados en este ámbito, dándoles la opción de mantener la fiesta, mediante reajustes en el reglamento taurino, que permitan el mantenimiento de la fiesta y garantizar la dignidad del toro, evitando someterlo a castigos de sangre, tal como se hace en Portugal. Es decir, que en lugar de prohibir violando numerosos derechos a millones de personas, en base a un derecho del toro, se habrían mantenido las garantías y coexistencia de ambos derechos. Se habrían hecho las cosas de forma justa como establece el estado de derecho y sus garantías democráticas, si las hubiera.

Claramente en España ni hay garantías al derecho, ni hay democracia, ni hay demócratas, ni se espera que los haya. No puede haberlas en un estado manoseado por el crimen organizado. Un estado que solo legisla a golpe de prohibición, violación o privilegio y mantiene en el limbo del olvida y la indiferencia un rastro de crímenes y masacres sin resolver ni ofrecer justicia a las víctimas, a las que por el contrario suelen calificar de “fascistas”. Para no haber ni hay ni gobierno. Llamar gobierno a la banda pesoe, sería un insulto a la memoria de algunos ilustres gobernantes que rigieron nuestra nación, con honorabilidad en la servidumbre y con decoro en le defensa del interés nacional, dentro y fuera del territorio. Ningún gobierno, humillaría a su nación esgrimiendo la dignidad del morlaco para negársela a millones de ciudadanos sometidos y violados en su libertad y derechos. Ni movilizaría a una región para legislar el derecho del toro bravo, mientras se pretende habilitar espacios públicos expresamente para la impunidad del delito. Ni homenajearía públicamente a una cómplice o colaboracionista de asesinos nacionalistas, tras rasgarse los vestidos por el sufrimiento de los toros. Este barbarismo solo puede surgir de mentes miserables y enfermas en discapacitados políticos, o de una banda de nazis resentidos, o de cualquier forma de sentimientos criminales de claro corte pandillero de arrabal, o de un montón de basura con patas. Nunca de un gobierno electo, contra su propia ciudadanía. Ni siquiera de un gobierno mediocre.


Clandestino