Descontrol aéreo bajo descontrol de inútiles en el estado español.

En España, cualquier violación al derecho constitucional-fundamental, venga de la mano que venga, es un delito grave contra la Constitución, contra la nación y contra el estado de derecho, cuya autoría, complicidad u omisión de las instituciones del estado, obliga a la intervención militar, según el artículo 8.1 de la C.E. 78.

El problema es que la violación del derecho constitucional, es la norma del crimen organizado en el estado español, desde que decidieron y consiguieron “asesinar a Montesquieu”. Lo que apuntilló toda opción a la obligada práctica democrática que deja en total desamparo al ya inexistente estado de derecho. Y a la vez les abrió de par en par, las puertas de la democracia instituida a todos los enemigos de la democracia real, organizados en mafias profesionales de la estafa y el expolio, con intereses totalmente espurios, y registradas o para registrarse, como partidos políticos.

Ahora que el estado está regido desde varias décadas, de forma absolutamente ilegítima y anticonstitucional, el problema es cuando, como, por qué y quién de todos los fueras de la ley que ostentan el poder estafado a la nación, se siente legitimado para articular alguna de las garantías constitucionales de unos derechos de unos ciudadanos, contra otros derechos de otros ciudadanos, de entre una gran mayoría de ciudadanos con sus derechos constitucionales, criminal y legalmente violados.

Habrá que ver si la medida está justificada, con la verdad de los hechos explicados o utilizados por una banda que lejos de gobernar solo miente, incrimina, discrimina, privilegia y malversa, porque puede ser constitucional que el ejército suplante a los controladores en sus funciones, pero nunca que se imponga el "estado de alarma", con la militarización de los mismos. Queda claro que lo alarmante es la inutilidad política de los que ocupan nuestras instituciones, teniendo que recurrir a medidias dictatoriales, para encubrir sus carencias, delitos y omisiones.

Habrá que saber si se puede militarizar un negocio en vías de ser privatizado. zp anunció, entre otros, la privatización de la mayor parte del transporte aéreo. ¿Lo privatizará ‘privado’, militar o mixto? ¿Democrático o "pesoista"?

Habrá que explicar por qué la situación no se controló en tiempo y forma, por la vía del 'talante negociador', tal como se hizo regalando soberanía nacional a los nazis vascos y catalanes. O como se le regala la dignidad nacional al sátrapa marroquí. O tal como se le regala el patrimonio privado a la SGAE. O tal como se despilfarra el erario público repartiéndolo entre sindicatos, bancos, multinacionales, nazis, ONGs, ministrados/as políticamente inútiles o afectos al régimen zp, en general. O tal como se persiguen o incriminan a los cristianos. O tal como se violan derechos fundamentales con leyes pesoistas contra derecho, aprobadas mediante la compra a sus apoyos, y sancionadas y promulgadas por el Jefe del Estado.

Habrá que saber si un derecho vindicativo constitucional, puede ser reprimido legal y/o militarmente, en pro de otro derecho constitucional, privilegiando a unos derechos, en detrimento o discriminación de otros derechos, tal como viene siendo la norma de la organización pesoe desde que ocupa el Gobierno de España, muy lejos de saber o querer diseñar leyes que permitan la coexistencia de todos los derechos en absoluta igualdad ante esa ley. La huelga de controladores es inmoral, pero dudo que sea inconstitucional o ilegal, sino fruto de la desidia de un estado sin gobierno, durante siete años manoseado por 'el cordón' marginal practicando e imponiendo la ley de la selva.

¿Por qué las FF.AA no cumplieron ni cumplen con su deber constitucional de militarizar el estado español al completo, encarcelando a los responsables institucionales, desde el Jefe del Estado hasta el último cargo público, que por acción y/o por omisión, arrollan los derechos constitucionales y fundamentales de millones de españoles en particular, y de toda la nación en general? ¿Tiene la nación española menos amparo constitucional, estatal y militar, que los turistas que nos visitan?

Habrá que ver si, tras la flagrante omisión del deber de articular a las FF.AA contra el crimen organizado en el estado, y en el caso de que la intervención militar estuviera justificada para este caso de los controladores en particular, qué institución debe dilucidar su necesidad y legitimación, instando al Jefe Supremo de las FF.AA, para que proceda, bien en consenso, bien por encima, o bien en contra del Gobierno, priorizando siempre, como es su deber por encima de cualquier otro, el orden constitucional. ¿Cómo puede ser que el problema asuma la responsabilidad de la solución? ¿Cómo puede ser que el crimen se juzgue así mismo, descargando sus omisiones, errores y delitos, sobre sus víctimas? ¿Como puede ser que los que han hundido a España contra toda lógica y razón, y hasta sus más bajos niveles desde que existe, jueguen a apuntalar y taponar sus millones de vías y de lastres?

Habrá que saber por qué un gobierno criminal, puede manosear a su antojo al ejército, y violar el Orden Constitucional que el ejército está obligado a garantizar, por mandato de la Constitución que el Gobierno y el Jefe Supremo del ejército violan, mientras el Poder Judicial constitucionalmente Independiente, prevarica renunciando a su independencia y alineándose a los violadores, con su clamorosa o criminal indolencia servil, aplicando esas leyes contra derecho, para administrar la Justicia que debe amparo al derecho.


Habrá que aclarar si el amparo constitucional es para todos los españoles o solo para las mafias y unos pocos privilegiados y arrimados al mendrugo de las mafias, que se sirven de nuestras instituciones y muy especialmente de la del Gobierno, que pagamos todos los españoles para servicio exclusivo de todos los españoles, por igual.

Habrá que aclarar si la Constitución articula el derecho y consagra el poder de la soberanía nacional o es entendida o considerada meretriz a exclusiva disponibilid, goce y disfrute del crimen organizado en el estado.

Habrá que aclarar por qué el psoe sigue siendo legitimado y considerado partido político y encima legal, igual que los nazis vascos y catalanes o las mafias engastadas en todas las instituciones y muy especialmente en las autonómicas o sociales asociadas, con la criminal e inexplicable omisión, financiación, cobertura o franquicia de la institución del Gobierno de España.

Pero sobre todo en este asunto del 'descontrol' aéreo y terrenal, habrá que aclarar por qué nuestras FF.AA del ejército de aire, no están debidamente habilitadas para el control del tráfico aéreo civil, al fin de poder ejercer uno de los mandatos constitucionales, en el restablecimiento del orden constitucional, como derechos constitucionales que están obligados a garantizar, y sin la necesidad de violar los derechos de terceros, con una medida desproporcionada y fuera de lugar. Porque si el ejército del aire pudiera ejercer el control aéreo, no sería necesario crear un ‘estado de alarma’, a sumar a la muy preocupante y alarmante inutilidad y criminalidad de nuestras castas mafiosas, que impiden la política y el ejercicio democrático, arruinando así, el estado de derecho en España. No son los controladores, sino el descontrol desde un estado marginal, sin gobierno y sin leyes.

Nadie que sea ocupa de un estado criminal, está legitimado para perseguir o juzgar la presunta criminalidad de un solo ciudadano, sometido a la represión criminal de ese, su propio estado.


Clandestino