No sería descabellado pensar que gran parte de las barbaridades llevadas a cabo por ZP, estaban cuidadosamente planeadas, por “alguien”, desde que este accedió a la secretaría general del PSOE. Si observamos atentamente podremos ver que todas las agresiones al derecho, sectarismos, traiciones, mentiras y absoluto desprecio a la democracia y a la Nación que se la paga, pasando olímpicamente de su legalidad, están llevadas a cabo asegurándose la tibia o nula posibilidad de oposición del único partido que podía ejercerla, el Partido Popular.
Empezó purgando a los constitucionalistas de su propio partido haciendo rodar la cabeza de Nicolás Redondo Terreros y amenazar la de Rosa Díez, por no rendir pleitesía al proyecto del ¿partido?. El miserable juego sucio -similar, en los modos, al que ejercería una mafia organizada- con el manejo del golpe terrorista del 11M, en las vísperas de las elecciones, es sin duda lo que les condujo a la Moncloa. Una vez acoplados, muy rápidamente, como si lo tuvieran planeado desde años antes, se asocian todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, no solo aislando al PP, sino acosándolo hasta rebajarse así mismos, en los modos y en el objetivo, como animales rabiosos.
Inmediatamente dan carácter legal, aprobándolo en el Parlamento, a las negociaciones iniciadas en la ilegalidad, para la debilitación del Estado, la entrega de partes territoriales de España y la mayor parte del rendimiento del mercado de abastecimiento y consumo nacional, a los nazis y asesinos vascos y a los nazis renegados catalanes. Como siempre ignorando a ambas ciudadanías, incluida la del resto de España, y especialmente a las víctimas. La aprobación la encubren bajo unas condiciones, que ni los asesinos ni el gobierno respeta, siguiendo su línea habitual, de desprecio a la verdad y a la legalidad democrática.
Para dar respaldo internacional a sus planes, utilizan, sibilinamente, a la Comisión Europea. ZP negocia “algo” de forma secreta, con el Presidente de la Comisión Europea, el Sr. Durao Barroso. Solo sale a la luz que España renuncia a los fondos de cohesión, con la explicación de que “ya somos ricos” y debemos pagar en lugar de recibir. Nadie relaciona este hecho con el gran ridículo asumido por dicha Comisión, rebajando su talante al del ZP, condenando al franquismo, mediante un juicio sumarísimo, con un extraño y ralo informe, supuestamente elaborado por un extraño diputado o senador, griego. Es de suponer que toda una Comisión Europea no puede acometer actuaciones que la rebajen a un nivel muy inferior a la de un supuesto reo, condenándolo sin jueces, sin juicio, sin pruebas y sin las garantías correspondientes. Tampoco nadie lo relacionó con la no menos democrática “naturalidad” con la que se le abrieron, a los asesinos terroristas etarras, y a sus “familias” del Estado, las puertas del Parlamento Europeo, permitiendo que ZP legitimara el horror de sus asesinatos, el desprecio a sus víctimas directas y a la Nación afecta. Ignoro lo que pactaron ZP y Durao Barroso, pero se dieron “casualidades” clamorosamente criminales. ZP traicionó nuestros intereses nacionales en Europa, pero además la convirtió en su cómplice, construyéndose un dique para la que se avecinaba. De esta forma obtuvo carta blanca para entregarse, entregándonos, a ETA y a la insaciable avaricia de los radicales catalanes, asegurándose a su vez, de que nadie intentaría una aventura como la del Generalísimo. Europa no podría atender las reclamaciones de la oposición española de la misma forma que el abogado de un criminal no puede atender las demandas de su víctima. Queriendo o sin querer, cayeron en el cesto de ZP. En el de las manzanas podridas. Ya no les quedó mas remedio que ser parte de él.
También acomete la segunda ronda de purgas desplazando, expulsando o sancionando y prejubilando a constitucionalistas en cargos relevantes del partido y de instituciones claves, que podían obstruir el grueso de sus planes. Ejerce el control sobre todos los poderes del Estado, algo que nuestra “democracia” permite, y básicamente se dedica a usar las leyes para satisfacer las peticiones de todos aquellos que los transportaron al poder y a los que los mantenían en él: terroristas, corruptos, radicales, nazis, feministas, gays, SGAE y muchos medios de comunicación, son los grandes beneficiados, a costa de ser sacrificados y agredidos, para ello, muchos derechos de aquellos otros sectores o colectivos leales a la Nación, a la legalidad y a valores fundamentales para la convivencia, que nunca serían favorables a sus modos de gobierno. Todos estos colectivos no los deben favorecer porque les importen mucho más, ni ellos ni sus derechos, que esos otros derechos que agrede para "anexionárselos". Simplemente le son útiles en la doble vertiente de apagar voces críticas, con su política canalla, y son voces que la apoyarán por surrealistas y demoníacas que sean.
La oposición liderada por un M. Rajoy que, aunque no es un gran luchador, es valiente e inteligente, dispensa corrección en el trato y respeto indudable a la legalidad constitucional, pero que está atado de pies y manos, sin un gran equipo colaborador, acosado por la gran prensa de los "otros", por todos los demás políticos, vetado en Europa para asuntos antiZP y por el astuto efecto boomerang que los asesores de ZP, le adjuntan a todas sus tropelías. Saben que el intento de atajar la serie de legalizaciones de abusos y delitos, de ZP, para favorecer a sus "útiles", se volverían contra él al permitirle crucificarlo por no respetar los derechos de esos colectivos o la propia “legalidad”. Tendría que soportar las iras y furias de los afectados, que el ejecutivo, o los “productores” del partido, se encargarían de exaltar contra él, como ya hicieran en la campaña electoral de las autonómicas catalanas, y además cerraría cualquier posibilidad de obtener algún voto de esos colectivos beneficiarios de esas leyes. Cualquier queja o protesta, fundada en la legalidad democrática por la que se rige cualquiera de los países de la UE, habría alborotado los ventiladores de sus voceros y lo habrían hecho picadillo a manos de todos los “demócratas” nacionales y mundiales. Todo estaba planeado y todo les funcionó bien. Esto le obliga a centrar su oposición en los únicos resquicios evidentes de la deslealtad del gobierno, aunque apoyada implícitamente por Europa: la política comprensiva con los “derechos” de los asesinos, vendida por ZP, y su actitud sobre el nuevo estatuto catalán, asuntos a todas luces antinacionales y anticonstitucionales. Solo el apoyo de millones de ciudadanos en las calles y de asociaciones y diversos colectivos, le han salvado de ser linchado por "impedir la paz en Euscalerría” y agredir los intereses de los “Países catalanes”.
Esta defensa numantina, ha podido ser clave para limitar o retrasar la consumación del desastre. ZP, o quien sea 'la masa gris' que dirige y planifica el fin de España, de forma encubierta, solo se ha dado una tregua para rebuscar los votos suficientes para que el PP no obtenga la mayoría absoluta. Los tahúres y ventajistas siempre guardan ases en su manga. Ojalá que, entre todos, no sumen mayoría absoluta y no tengamos que comprobarlo. No tengo la más mínima duda de que su “proyecto” solo está en espera.
Clandestino
domingo, agosto 19, 2007
El Estado carga sus muertos al conductor
La carretera sigue produciendo muertos. Son nuestros muertos: conciudadanos, vecinos, amigos o familiares. Son muertes producidas por accidentes y fallos en la conducción, algunas como resultado de una inexistente educación, ni vial ni de ningún tipo, pero también a causa de situaciones lamentables que se producen por la suma de incompetencias y afán recaudatorio de los que deben velar por la seguridad.
No creo que el carné por puntos haya sido ni sea efectivo en un mar de circunstancias que dificultan la normal circulación del tráfico rodado, algunas de ellas ajenas al conductor y que determinan que éste pase a ser un objeto de represión. Especialmente degradante podría considerarse el uso autoritario y a menudo arbitrario de los ayuntamientos, que utilizan el control sobre sus conciudadanos más “rebeldes” y los cazan con frecuencia en las numerosas trampas que se generan en las deficientes infraestructuras, lo que a veces hace imposible el cumplimiento de unas normas que además les sirven para justificar el esquilmo, como sucede en el ayuntamiento de Madrid. La gente acata para evitar el abuso de poder, la represión y el expolio, pero no porque acepte la humillante sumisión a ciertas reglas.
Es tradicional que la DGT presione y dañe al conductor en su dignidad, derechos y patrimonio, lo que le permite dejar las cosas como estaban y justificar otro 'apretón' al año siguiente. Para ello utiliza a los muertos, restregándoselos bien y a menudo a todo el mundo. En lugar de aplicar medidas y formar agentes para evitar accidentes, mejorando el trafico y la seguridad, perpetúa el coto de caza con agentes 'camuflados' o 'furtivos' solo útiles para multar o para recoger las chatarras y/o los cadáveres. Absolutamente para nada más. Y con radares situados estratégicamente para la única utilidad de sancionar, en lugar de situar agentes bien visibles, que salven vidas controlando el tráfico en los puntos negros, hasta que Fomento, las comunidades o los ayuntamientos decidan eliminarlos.
No se puede acabar con las muertes en la carretera incriminando y cargando toda la responsabilidad sobre el conductor. Solo usan el expolio y la amenaza, sin gastar las ganancias que estas generan en aumentar, formar y equipar a los efectivos policiales para regular el tráfico, y la velocidad, según lo permitan las circunstancias. Por mucho que repriman y saqueen al conductor —los vehículos están sujetos a una serie de impuestos que van desde la matriculación inicial, el de circulación anual y acaba en esa parte del león que se recarga en el combustible—, éste no podrá evitar ni asumir las muertes que se producen como consecuencia de la omisión y la ineptitud del Estado, a cuyos sucesivos gobiernos no cabe aplicarles —no por falta de ganas— ni la retirada de puntos ni ningún otro tipo de sanción que no pase por las urnas. Así, pues, no es posible acabar con los accidentes imponiendo solamente normas que al conductor le anulen su criterio, sus conocimientos y su libre albedrío.
Con reglamentos creados desde una mentalidad que trata al ciudadano como ganado al que encima hay que rentabilizar, está claro que no se pueden reducir los accidentes sin controlar ni mejorar, sobre todo, una red vial secundaria en estado penoso. Es una lástima que miles de conductores paguen puntos y sanciones económicas por circular a 142 Km/h en autopistas o autovías despejadas y con buen tiempo, por ejemplo, mientras la mayoría de accidentes mortales se producen en carreteras imposibles y olvidadas. Frente a tal desastre, lo que más chirría es la rígida eficacia de multar y recaudar, y además mediante amenazas y extorsión legal. "Pague ahora y reclame después, o le serán embargados sus bienes", es una frase que ilustraría perfectamente este simulacro “democrático” cargado de incompetencia.
¿Por qué no incluyen entre sus macabros ‘spots’ publicitarios que la plantilla de agentes es casi la misma, en número, que la que dejó la dictadura? ¿Cómo se explica que una red vial que ha aumentado varias veces su kilometraje, y un parque móvil agrandado veinte veces, no merezcan al menos duplicar la plantilla de agentes dedicada a su control y seguridad? ¿Cómo se explica algo así, y más cuando es muy posible que el volumen de la recaudación se haya multiplicado por decenas de veces? ¿Cuántas vidas se salvarían si en lugar de ocho mil agentes, buena parte de ellos camuflados y en labor de recaudadores furtivos, hubiera más del doble o el triple, con la consigna de priorizar la ayuda al conductor y facilitar el tráfico fluido? ¿Han pensado los de la DGT en el uso de abundante señalización vial, visible de forma ostentosa, que convierta a la sanción en una excepción de su labor habitual?
Clandestino
No creo que el carné por puntos haya sido ni sea efectivo en un mar de circunstancias que dificultan la normal circulación del tráfico rodado, algunas de ellas ajenas al conductor y que determinan que éste pase a ser un objeto de represión. Especialmente degradante podría considerarse el uso autoritario y a menudo arbitrario de los ayuntamientos, que utilizan el control sobre sus conciudadanos más “rebeldes” y los cazan con frecuencia en las numerosas trampas que se generan en las deficientes infraestructuras, lo que a veces hace imposible el cumplimiento de unas normas que además les sirven para justificar el esquilmo, como sucede en el ayuntamiento de Madrid. La gente acata para evitar el abuso de poder, la represión y el expolio, pero no porque acepte la humillante sumisión a ciertas reglas.
Es tradicional que la DGT presione y dañe al conductor en su dignidad, derechos y patrimonio, lo que le permite dejar las cosas como estaban y justificar otro 'apretón' al año siguiente. Para ello utiliza a los muertos, restregándoselos bien y a menudo a todo el mundo. En lugar de aplicar medidas y formar agentes para evitar accidentes, mejorando el trafico y la seguridad, perpetúa el coto de caza con agentes 'camuflados' o 'furtivos' solo útiles para multar o para recoger las chatarras y/o los cadáveres. Absolutamente para nada más. Y con radares situados estratégicamente para la única utilidad de sancionar, en lugar de situar agentes bien visibles, que salven vidas controlando el tráfico en los puntos negros, hasta que Fomento, las comunidades o los ayuntamientos decidan eliminarlos.
No se puede acabar con las muertes en la carretera incriminando y cargando toda la responsabilidad sobre el conductor. Solo usan el expolio y la amenaza, sin gastar las ganancias que estas generan en aumentar, formar y equipar a los efectivos policiales para regular el tráfico, y la velocidad, según lo permitan las circunstancias. Por mucho que repriman y saqueen al conductor —los vehículos están sujetos a una serie de impuestos que van desde la matriculación inicial, el de circulación anual y acaba en esa parte del león que se recarga en el combustible—, éste no podrá evitar ni asumir las muertes que se producen como consecuencia de la omisión y la ineptitud del Estado, a cuyos sucesivos gobiernos no cabe aplicarles —no por falta de ganas— ni la retirada de puntos ni ningún otro tipo de sanción que no pase por las urnas. Así, pues, no es posible acabar con los accidentes imponiendo solamente normas que al conductor le anulen su criterio, sus conocimientos y su libre albedrío.
Con reglamentos creados desde una mentalidad que trata al ciudadano como ganado al que encima hay que rentabilizar, está claro que no se pueden reducir los accidentes sin controlar ni mejorar, sobre todo, una red vial secundaria en estado penoso. Es una lástima que miles de conductores paguen puntos y sanciones económicas por circular a 142 Km/h en autopistas o autovías despejadas y con buen tiempo, por ejemplo, mientras la mayoría de accidentes mortales se producen en carreteras imposibles y olvidadas. Frente a tal desastre, lo que más chirría es la rígida eficacia de multar y recaudar, y además mediante amenazas y extorsión legal. "Pague ahora y reclame después, o le serán embargados sus bienes", es una frase que ilustraría perfectamente este simulacro “democrático” cargado de incompetencia.
¿Por qué no incluyen entre sus macabros ‘spots’ publicitarios que la plantilla de agentes es casi la misma, en número, que la que dejó la dictadura? ¿Cómo se explica que una red vial que ha aumentado varias veces su kilometraje, y un parque móvil agrandado veinte veces, no merezcan al menos duplicar la plantilla de agentes dedicada a su control y seguridad? ¿Cómo se explica algo así, y más cuando es muy posible que el volumen de la recaudación se haya multiplicado por decenas de veces? ¿Cuántas vidas se salvarían si en lugar de ocho mil agentes, buena parte de ellos camuflados y en labor de recaudadores furtivos, hubiera más del doble o el triple, con la consigna de priorizar la ayuda al conductor y facilitar el tráfico fluido? ¿Han pensado los de la DGT en el uso de abundante señalización vial, visible de forma ostentosa, que convierta a la sanción en una excepción de su labor habitual?
Clandestino
jueves, agosto 16, 2007
REFORMAR LA CONSTITUCIÓN A IMAGEN Y SEMEJANZA DE LOS QUE LA INCUMPLEN
Jamás habrá derechos ni libertades sin quedar debidamente reguladas por la ley. El imperio de la ley es el garante de todos los derechos humanos, desde su respeto, acatamiento y uso para impartir justicia. La ley ha de ser justa. Solo la ley justa es ley. El derecho y la libertad, en democracia, solo es posible, su uso y disfrute, desde el obligado cumplimento de una serie de deberes entre el que destaca, como principal, el acatamiento y cumplimiento de la ley que nos hacemos todos para todos.
Es fácil vocear y encajar una serie de aspectos que resulten agradables por mostrar su lado mas grato y liviano en la concepción de la ley adaptada a nuestros intereses y sazonarla con palabras receptivas como derechos y libertad, cuando realmente exigen intereses y poder, con el objetivo de atajar eludiendo algunos deberes legales y desheredando a millones de personas que solo reclaman sus derechos, al margen de coincidir o no con una ideología o confesión.
Es fácil vocear y convencer, acusando de enemigos del derecho y de la libertad, a los que exigen y recuerdan la parte desagradable que corresponde a los deberes legales y constitucionales.
La democracia, y todas sus prebendas en derechos, deberes y libertades, ha de ser escrita y suscrita por la ciudadanía y flanqueada por unas leyes justas. Cualquier régimen político pasa por una constitución y por unos códigos legales que regulen y permitan la convivencia. Especialmente en democracia, y cuanto más democracia sea más aún, la ley ha de ser inflexible y por igual para todos. La ley injusta o la debilidad en su aplicación, es el orín que irremisiblemente la corroerá y transformará en un vertedero donde se rebozan los poderes en una anarquía que la rechaza y desprecia.
Nadie. Absolutamente nadie, y muchísimo menos desde instituciones del Estado, puede incurrir en desobediencia civil incumpliendo, de forma sistemática y desafiante, la legalidad vigente, a la vez que se acusa de fascistas, u otras lindezas peores, a sus propias víctimas que los sufren y padecen, a los que los denuncian, o a los que reclaman retomar nuevamente dicha legalidad para desde ahí estudiar las posibilidades de cambios favorables a todos.
Fascismo, nazismo, bananerismo, totalitarismo, hamponería, etc., es hacer un uso fraudulento de las instituciones , violentando la constitución y las más básicas leyes y normas democráticas, perturbando y obstruyendo el derecho y libertades de grandes bolsas ciudadanas, creando cortinas de humo acusando a la constitución, al PP, a la Iglesia y a otros, -dando por sentado que esas instituciones no tienen derechos democráticos- de ser lo que son ellos y lo que practican, descaradamente a la luz, con total impunidad, por omisión, dejación y desamparo del Estado. Desde este montón de injusticias y totalitarismo nazi, se reclama “justicia y modernidad”.
La constitución ni es blindada, ni intocable, ni muchísimo menos arma política. Pero mientras esté vigente, el Jefe del Estado, el T.C. y el gobierno tienen derecho y obligación de observar su mas riguroso y escrupuloso cumplimiento, articulando, si fuera necesario, los diversos mecanismo dispuestos para ello. Cualquier cambio constitucional o legal ha de seguir sus procedimientos establecidos. Pero ha de iniciarse desde la legalidad del Estado. Es decir todos los españoles deben estar en absoluta igualdad de amparo y garantías democráticas, legales y constitucionales, vivan donde vivan y gobierne quién gobierne, obligando a retroceder a los ventajistas que han tomado “justicia y ley” por su cuenta. Si para ello es necesario retirar competencias, habrá que retirar competencias.
No se puede permitir reformar la constitución, ni ningún estatuto, cediendo desde el chantaje de flagrante delito de incumplimiento de la legalidad actual. No se puede reformar una constitución, o estatuto, en un Estado democrático, mejorando y aumentando las competencias a regiones cuyos gobiernos son manifiestamente antidemocráticos e incumple les leyes y la sustituye por el más despreciable de los radicalismos discriminatorios y excluyentes, sobre cientos de miles de ciudadanos españoles. No se puede reformar una constitución, o estatuto, bajo los auspicios de un gobierno cuya estabilidad depende del chantaje permanente de esa forma de gobierno. Del olvido institucional de millones de víctimas permitiendo el escarnio de homanajes públicos a sus agresores. No se puede reformar una constitución, o estatuto, con un gobierno que transmite la sensación de que el Estado premia y cede privilegios a los que le presionan y amenazan desde instituciones o desde el crimen organizado.
Previamente, cualquier iniciativa al respecto, ha de pasar necesariamente por el claro y firme posicionamiento, del gobierno, del lado de la ley y de la constitución, -persiguiendo y castigando su incumplimiento, y amparando firmemente a sus víctimas-, y a su medio natural de neutralidad y equidad con el conjunto ciudadano, de la misma forma firme, clara y transparente. Cualquier decisión reformista en base a intereses bastardos, debe ser considerada ilegítima, por tanto ilegal, y rechazada por el Jefe del Estado, T.C., la oposición, la ciudadanía, servicios judiciales y diferentes organizaciones publicas y sociales.
Tomar atajos y tomarse, cada uno, los cambios por su mano, supone la anarquía. Si nos creamos problemas, de convivencia, con un Estado regulado con leyes e instituciones ¿Cuánto tiempo seremos capaces de aguantar una anarquía?
Clandestino
Enero del 2006
Es fácil vocear y encajar una serie de aspectos que resulten agradables por mostrar su lado mas grato y liviano en la concepción de la ley adaptada a nuestros intereses y sazonarla con palabras receptivas como derechos y libertad, cuando realmente exigen intereses y poder, con el objetivo de atajar eludiendo algunos deberes legales y desheredando a millones de personas que solo reclaman sus derechos, al margen de coincidir o no con una ideología o confesión.
Es fácil vocear y convencer, acusando de enemigos del derecho y de la libertad, a los que exigen y recuerdan la parte desagradable que corresponde a los deberes legales y constitucionales.
La democracia, y todas sus prebendas en derechos, deberes y libertades, ha de ser escrita y suscrita por la ciudadanía y flanqueada por unas leyes justas. Cualquier régimen político pasa por una constitución y por unos códigos legales que regulen y permitan la convivencia. Especialmente en democracia, y cuanto más democracia sea más aún, la ley ha de ser inflexible y por igual para todos. La ley injusta o la debilidad en su aplicación, es el orín que irremisiblemente la corroerá y transformará en un vertedero donde se rebozan los poderes en una anarquía que la rechaza y desprecia.
Nadie. Absolutamente nadie, y muchísimo menos desde instituciones del Estado, puede incurrir en desobediencia civil incumpliendo, de forma sistemática y desafiante, la legalidad vigente, a la vez que se acusa de fascistas, u otras lindezas peores, a sus propias víctimas que los sufren y padecen, a los que los denuncian, o a los que reclaman retomar nuevamente dicha legalidad para desde ahí estudiar las posibilidades de cambios favorables a todos.
Fascismo, nazismo, bananerismo, totalitarismo, hamponería, etc., es hacer un uso fraudulento de las instituciones , violentando la constitución y las más básicas leyes y normas democráticas, perturbando y obstruyendo el derecho y libertades de grandes bolsas ciudadanas, creando cortinas de humo acusando a la constitución, al PP, a la Iglesia y a otros, -dando por sentado que esas instituciones no tienen derechos democráticos- de ser lo que son ellos y lo que practican, descaradamente a la luz, con total impunidad, por omisión, dejación y desamparo del Estado. Desde este montón de injusticias y totalitarismo nazi, se reclama “justicia y modernidad”.
La constitución ni es blindada, ni intocable, ni muchísimo menos arma política. Pero mientras esté vigente, el Jefe del Estado, el T.C. y el gobierno tienen derecho y obligación de observar su mas riguroso y escrupuloso cumplimiento, articulando, si fuera necesario, los diversos mecanismo dispuestos para ello. Cualquier cambio constitucional o legal ha de seguir sus procedimientos establecidos. Pero ha de iniciarse desde la legalidad del Estado. Es decir todos los españoles deben estar en absoluta igualdad de amparo y garantías democráticas, legales y constitucionales, vivan donde vivan y gobierne quién gobierne, obligando a retroceder a los ventajistas que han tomado “justicia y ley” por su cuenta. Si para ello es necesario retirar competencias, habrá que retirar competencias.
No se puede permitir reformar la constitución, ni ningún estatuto, cediendo desde el chantaje de flagrante delito de incumplimiento de la legalidad actual. No se puede reformar una constitución, o estatuto, en un Estado democrático, mejorando y aumentando las competencias a regiones cuyos gobiernos son manifiestamente antidemocráticos e incumple les leyes y la sustituye por el más despreciable de los radicalismos discriminatorios y excluyentes, sobre cientos de miles de ciudadanos españoles. No se puede reformar una constitución, o estatuto, bajo los auspicios de un gobierno cuya estabilidad depende del chantaje permanente de esa forma de gobierno. Del olvido institucional de millones de víctimas permitiendo el escarnio de homanajes públicos a sus agresores. No se puede reformar una constitución, o estatuto, con un gobierno que transmite la sensación de que el Estado premia y cede privilegios a los que le presionan y amenazan desde instituciones o desde el crimen organizado.
Previamente, cualquier iniciativa al respecto, ha de pasar necesariamente por el claro y firme posicionamiento, del gobierno, del lado de la ley y de la constitución, -persiguiendo y castigando su incumplimiento, y amparando firmemente a sus víctimas-, y a su medio natural de neutralidad y equidad con el conjunto ciudadano, de la misma forma firme, clara y transparente. Cualquier decisión reformista en base a intereses bastardos, debe ser considerada ilegítima, por tanto ilegal, y rechazada por el Jefe del Estado, T.C., la oposición, la ciudadanía, servicios judiciales y diferentes organizaciones publicas y sociales.
Tomar atajos y tomarse, cada uno, los cambios por su mano, supone la anarquía. Si nos creamos problemas, de convivencia, con un Estado regulado con leyes e instituciones ¿Cuánto tiempo seremos capaces de aguantar una anarquía?
Clandestino
Enero del 2006
martes, agosto 07, 2007
DISCURSO DE NICOLAS SARKOZY, PRESIDENTE DE FRANCIA
'fernández' es un comentarista del blog de Jordi Sevilla
fernández dijo:
3 de Agosto de 2007 - 18:06
A continuación copio un correo que he recibido. Merece la pena ser leído, por su paralelismo con el Reino de España:
DISCURSO DE NICOLAS SARKOZY, PRESIDENTE DE FRANCIA
“Hemos derrotado la frivolidad y la hipocresía de los intelectuales
progresistas . El pensamiento único es el del que lo sabe todo, y que
condena la política mientras la practica.
No vamos a permitir mercantilizar el mundo en el que no quede lugar para la cultura : Desde 1968 no se podía hablar de moral.
Nos habían impuesto el relativismo. La idea de que todo es igual, lo
verdadero y lo falso, lo bello y lo feo, que el alumno vale tanto como el
maestro, que no hay que poner notas para no traumatizar a los malos
estudiantes.
Nos hicieron creer que la víctima cuenta menos que el delincuente. Que la
autoridad estaba muerta, que las buenas maneras habían terminado.
Que no había nada sagrado, nada admirable. Era el eslogan de mayo del 68 en las paredes de la Sorbona: “VIVIR SIN OBLIGACIONES Y GOZAR SIN TRABAJAR”. Quisieron terminar con la escuela de excelencia y del civismo.
Asesinaron los escrúpulos y la ética.
Una izquierda hipócrita que permitía indemnizaciones millonarias a los
grandes directivos y el triunfo del depredador sobre el emprendedor. Esa
izquierda está en la política, en los medios de comunicación, en la
economía. Le ha tomado el gusto al poder.
La crisis de la cultura del trabajo es una crisis moral. Voy a rehabilitar
el trabajo.
Dejaron sin poder a las fuerzas del orden y crearon una frase: ‘SE HA
ABIERTO UNA FOSA ENTRE LA POLICIA Y LA JUVENTUD’:
Los vándalos son buenos y la Policía es mala.
Como si la sociedad fuera siempre culpable, y el delincuente inocente.
Defienden los servicios públicos, pero jamás usan un transporte colectivo.
Aman tanto la escuela pública, pero sus hijos estudian en colegios privados.
Dicen adorar la periferia y jamás viven en ella. Firman peticiones cuando se expulsa a algún okupa, pero no aceptan que se instalen en su casa.
Esa izquierda que desde mayo del 68 ha renunciado al mérito y al esfuerzo, que atiza el odio a la familia, a la sociedad y a la República.
Esto no puede ser perpetuado en un país como Francia y por eso estoy aquí.
No podemos inventar impuestos para estimular al que cobra del Estado sin
trabajar.
Quiero crear una ciudadanía de DEBERES. Primero los DEBERES, luego los DERECHOS.
Sarkozy
(Sólo queda decir: ¿No tendrán otro Sarkozy para traerlo aquí?)
fernández dijo:
3 de Agosto de 2007 - 18:06
A continuación copio un correo que he recibido. Merece la pena ser leído, por su paralelismo con el Reino de España:
DISCURSO DE NICOLAS SARKOZY, PRESIDENTE DE FRANCIA
“Hemos derrotado la frivolidad y la hipocresía de los intelectuales
progresistas . El pensamiento único es el del que lo sabe todo, y que
condena la política mientras la practica.
No vamos a permitir mercantilizar el mundo en el que no quede lugar para la cultura : Desde 1968 no se podía hablar de moral.
Nos habían impuesto el relativismo. La idea de que todo es igual, lo
verdadero y lo falso, lo bello y lo feo, que el alumno vale tanto como el
maestro, que no hay que poner notas para no traumatizar a los malos
estudiantes.
Nos hicieron creer que la víctima cuenta menos que el delincuente. Que la
autoridad estaba muerta, que las buenas maneras habían terminado.
Que no había nada sagrado, nada admirable. Era el eslogan de mayo del 68 en las paredes de la Sorbona: “VIVIR SIN OBLIGACIONES Y GOZAR SIN TRABAJAR”. Quisieron terminar con la escuela de excelencia y del civismo.
Asesinaron los escrúpulos y la ética.
Una izquierda hipócrita que permitía indemnizaciones millonarias a los
grandes directivos y el triunfo del depredador sobre el emprendedor. Esa
izquierda está en la política, en los medios de comunicación, en la
economía. Le ha tomado el gusto al poder.
La crisis de la cultura del trabajo es una crisis moral. Voy a rehabilitar
el trabajo.
Dejaron sin poder a las fuerzas del orden y crearon una frase: ‘SE HA
ABIERTO UNA FOSA ENTRE LA POLICIA Y LA JUVENTUD’:
Los vándalos son buenos y la Policía es mala.
Como si la sociedad fuera siempre culpable, y el delincuente inocente.
Defienden los servicios públicos, pero jamás usan un transporte colectivo.
Aman tanto la escuela pública, pero sus hijos estudian en colegios privados.
Dicen adorar la periferia y jamás viven en ella. Firman peticiones cuando se expulsa a algún okupa, pero no aceptan que se instalen en su casa.
Esa izquierda que desde mayo del 68 ha renunciado al mérito y al esfuerzo, que atiza el odio a la familia, a la sociedad y a la República.
Esto no puede ser perpetuado en un país como Francia y por eso estoy aquí.
No podemos inventar impuestos para estimular al que cobra del Estado sin
trabajar.
Quiero crear una ciudadanía de DEBERES. Primero los DEBERES, luego los DERECHOS.
Sarkozy
(Sólo queda decir: ¿No tendrán otro Sarkozy para traerlo aquí?)
sábado, julio 21, 2007
La ley que avala el delito
Sentirse español y patriota, leal a la Nación y a la legalidad del Estado de Derecho, en España, es causa de acoso político por el partido del gobierno y por sus socios y apoyos nazis. Y lo es mucho más, paradójicamente, que por negociar, amparar o dar cobertura política internacional a la banda terrorista ETA, legitimándola. Esto da una idea de lo que está padeciendo la Nación española a merced de individuos de semejante ralea.
En un régimen corrupto y autoritario, se suele legislar contra derecho, por lo que acatar algunas leyes propiciadas por ese régimen supone renunciar a ciertas libertades fundamentales, además de ser privado de la justicia y el amparo debidos por el Estado. Ejercer la legítima defensa, haciendo pleno uso de esas libertades, pasa necesariamente por el desacato de las leyes injustas. No obstante, la apariencia democrática tras la que discurren las situaciones arbitrarias, permiten al tirano perseguir y neutralizar el ejercicio a la legítima defensa, convirtiendo en criminal, por desobediencia civil, lo que evidentemente es una persecución política. El tirano intentará eliminar así, como si de un vulgar delincuente se tratase, al honesto ciudadano que ha optado, debido a su integridad, por el acto de legítima rebeldía que le zafe de las medidas opresivas. Un ejemplo claro, no de los más graves, lo tenemos en los objetores de la asignatura “Educación para la Ciudadanía”, a los que se les amenaza con no graduarse sin haber aprobado dicha asignatura.
Las opciones del ciudadano, por lo tanto, se reducen a ser perseguido como un vulgar delincuente o bien a prescindir de su dignidad en un acto de aceptación sumisa de sus derechos conculcados. Ahora bien, acatar el poder del régimen y sobrevivir con la conciencia de estar siendo vilipendiado, además de afectar al honor y a menudo al patrimonio, es una forma de legitimar a ese régimen corrupto. Lo que ocurre es que en este caso nada puede hacerse en el ámbito de la Justicia, porque los tribunales, a su vez, simplemente aplican las leyes tal cual y según les llegan. Y es que nos hallamos ante un aparato judicial, mitad controlado, mitad mediatizado, que en gran parte secunda al mismo tirano que “fabrica” las leyes. Luego las alternativas son: O indignidad marginal, por desobediencia a la ley, o indignidad cobarde por sumisión.
Si ya es doloroso sufrir este dilema bajo la angustia diaria de no poder escapar a una carga que impide el disfrute pleno de la democracia, lo más descorazonador es ser deslegitimado, en cada crítica o reclamación, mediante el despectivo encasillamiento ideológico que supone, a menudo, que uno sea alineado con un determinado partido político. Es decir, el poder, además de expoliar y vejar a muchos ciudadanos, se permite acusarlos de fascistas por el mero hecho de que se nieguen a aceptar “pulpo, como animal de compañía”. Otro de los aspectos desagradables que conlleva el presente régimen, es el hecho de ser acusado de idiota por voceros gritones y semianalfabetos que, disponiendo de muchas horas en sus medios, arrojan sus descalificaciones con insoportable autosuficiencia y con patéticas poses de intelectuales de tabernilla.
La mitad de los españoles estamos siendo reprimidos y expoliados, mientras se nos distrae con el acoso y derribo destinado al Partido Popular. Un acoso que, en principio, fue contra Aznar, personaje que ahora se asocia a todo aquel que se oponga a las fechorías del partido en el poder. Como si de un pecado original se tratase, cualquier opositor pasa a ser heredero de los demonizados “antecendentes” de Aznar y de la no menos demonizada lealtad de Rajoy a la legalidad democrática y a la Nación. Aun sin tener ninguna relación personal, comercial ni política con estos señores del PP, uno está obligado a renunciar a sus derechos para no ser estratégicamente asimilados a ellos. La mayor parte de la otra mitad de españoles, afines al régimen, en su mayoría gozan de la deferencia de recibir el trato de “sin dolor”. Es decir, sin que tengan ni pajolera idea de que les están mangando hasta el NIF —solo unos pocos reciben beneficios netos—, mientras les envenenan la sangre y les llenan de odio hacia cualquiera que se manifieste disconforme del acoso antidemocrático del gobierno contra la oposición o contra los “fascistas” de las AVTs.
Si no se produce un cambio muy significativo, España camina directamente al suicidio con leyes políticas que desequilibran la igualdad, rompen la convivencia y destruyen su unidad. Y esto sucede por la iniquidad de un gobierno que se arroga el derecho a repartir canonjías según criterios adaptados en exclusiva a sus intereses y objetivos, entre los que, ya no tengo ninguna duda, está el fin de España como Nación.
Clandestino
En un régimen corrupto y autoritario, se suele legislar contra derecho, por lo que acatar algunas leyes propiciadas por ese régimen supone renunciar a ciertas libertades fundamentales, además de ser privado de la justicia y el amparo debidos por el Estado. Ejercer la legítima defensa, haciendo pleno uso de esas libertades, pasa necesariamente por el desacato de las leyes injustas. No obstante, la apariencia democrática tras la que discurren las situaciones arbitrarias, permiten al tirano perseguir y neutralizar el ejercicio a la legítima defensa, convirtiendo en criminal, por desobediencia civil, lo que evidentemente es una persecución política. El tirano intentará eliminar así, como si de un vulgar delincuente se tratase, al honesto ciudadano que ha optado, debido a su integridad, por el acto de legítima rebeldía que le zafe de las medidas opresivas. Un ejemplo claro, no de los más graves, lo tenemos en los objetores de la asignatura “Educación para la Ciudadanía”, a los que se les amenaza con no graduarse sin haber aprobado dicha asignatura.
Las opciones del ciudadano, por lo tanto, se reducen a ser perseguido como un vulgar delincuente o bien a prescindir de su dignidad en un acto de aceptación sumisa de sus derechos conculcados. Ahora bien, acatar el poder del régimen y sobrevivir con la conciencia de estar siendo vilipendiado, además de afectar al honor y a menudo al patrimonio, es una forma de legitimar a ese régimen corrupto. Lo que ocurre es que en este caso nada puede hacerse en el ámbito de la Justicia, porque los tribunales, a su vez, simplemente aplican las leyes tal cual y según les llegan. Y es que nos hallamos ante un aparato judicial, mitad controlado, mitad mediatizado, que en gran parte secunda al mismo tirano que “fabrica” las leyes. Luego las alternativas son: O indignidad marginal, por desobediencia a la ley, o indignidad cobarde por sumisión.
Si ya es doloroso sufrir este dilema bajo la angustia diaria de no poder escapar a una carga que impide el disfrute pleno de la democracia, lo más descorazonador es ser deslegitimado, en cada crítica o reclamación, mediante el despectivo encasillamiento ideológico que supone, a menudo, que uno sea alineado con un determinado partido político. Es decir, el poder, además de expoliar y vejar a muchos ciudadanos, se permite acusarlos de fascistas por el mero hecho de que se nieguen a aceptar “pulpo, como animal de compañía”. Otro de los aspectos desagradables que conlleva el presente régimen, es el hecho de ser acusado de idiota por voceros gritones y semianalfabetos que, disponiendo de muchas horas en sus medios, arrojan sus descalificaciones con insoportable autosuficiencia y con patéticas poses de intelectuales de tabernilla.
La mitad de los españoles estamos siendo reprimidos y expoliados, mientras se nos distrae con el acoso y derribo destinado al Partido Popular. Un acoso que, en principio, fue contra Aznar, personaje que ahora se asocia a todo aquel que se oponga a las fechorías del partido en el poder. Como si de un pecado original se tratase, cualquier opositor pasa a ser heredero de los demonizados “antecendentes” de Aznar y de la no menos demonizada lealtad de Rajoy a la legalidad democrática y a la Nación. Aun sin tener ninguna relación personal, comercial ni política con estos señores del PP, uno está obligado a renunciar a sus derechos para no ser estratégicamente asimilados a ellos. La mayor parte de la otra mitad de españoles, afines al régimen, en su mayoría gozan de la deferencia de recibir el trato de “sin dolor”. Es decir, sin que tengan ni pajolera idea de que les están mangando hasta el NIF —solo unos pocos reciben beneficios netos—, mientras les envenenan la sangre y les llenan de odio hacia cualquiera que se manifieste disconforme del acoso antidemocrático del gobierno contra la oposición o contra los “fascistas” de las AVTs.
Si no se produce un cambio muy significativo, España camina directamente al suicidio con leyes políticas que desequilibran la igualdad, rompen la convivencia y destruyen su unidad. Y esto sucede por la iniquidad de un gobierno que se arroga el derecho a repartir canonjías según criterios adaptados en exclusiva a sus intereses y objetivos, entre los que, ya no tengo ninguna duda, está el fin de España como Nación.
Clandestino
sábado, julio 14, 2007
Estatutos para el expolio “federal”
¿Por qué tengo que pagar impuestos a una “nación” enemiga y permitir que el Estado que mantengo esté más a su servicio que al mío, o que sus diputados y senadores mangoneen las políticas y las legislaciones en mi Parlamento y en el Senado de mi Nación?
Si no recuerdo mal, hace algo más de veinte años, el Presidente Felipe González tuvo un lapsus de lucidez que, alineándolo con sus deberes, le llevó a tratar de implantar el libre comercio y “descentralizarlo”. Con el fin de frenar el subdesarrollo económico tradicional de la mitad sur de España y el consiguiente despoblamiento de sus provincias, González permitió algunas importaciones de productos cuyo abastecimiento, desde tiempos inmemoriales, había sido acaparado por el mercantilismo de Cataluña. Fue un intento tímido de diversificar el comercio a través de distintas rutas peninsulares.
Muchos recordarán la trifulca histérica y medio vociferante con la que le obsequió el señor Pujol, esgrimiendo su tradicional y eficaz arma de amenaza y extorsión: el independentismo, que para él era la forma de “defenderse” del centralismo españolista de Madrid. Pujol amenazó con azuzar a sus mesnadas cuando realmente sólo defendía, como siempre, la obstrucción de la implantación democrática en el comercio e impedir el libre mercado que les obligase a los catalanes a competir en pie de igualdad. Naturalmente, de su típico y hábil manejo de la extorsión surtió el tradicional efecto de ver satisfechas las demandas de su potente maquinaria ventajista sobre el resto de España. El asunto se resolvió pactando, entre ambos y medio a escondidas, el famoso y vergonzoso PER, que supusieron evitaría el despoblamiento en el sur y garantizaría una reserva permanente de mano de obra, de disponibilidad inmediata y barata, para las zonas más industrializadas, como el País Vasco, o comerciales como Cataluña. Las pateras aún no tenían a España entre sus objetivos.
Libre de la tenaza franquista, a los catalanes les fue muy fácil manejar a su antojo a aquella España entonces tan ingenua con los que en el transcurso del tiempo habrían de ser sus enemigos políticos, los nacionalistas. Madrid continuó descentralizando competencias a favor de Cataluña, mientras ésta continuó afianzándose como un gigantesco almacén de compraventa e importaciones que, reconvertidas como marcas propias, copaban el mercado nacional en un porcentaje muy superior a las producciones locales. Tal sistema les generó muy poca o ninguna competencia a los catalanes, dando así continuidad al proteccionismo franquista sobre la economía de la región catalana. Pero a diferencia del régimen anterior, ahora solo de forma unidireccional: riqueza del resto de España hacia Cataluña, como consecuencia de un mercado que seguía casi cautivo, y desvinculación social y política de Cataluña hacia la Nación y su Estado, en clara deslealtad y en oposición al derecho al desarrollo económico del resto de España, una vez asentado el expolio de sus materias primas, como por ejemplo el algodón andaluz que pasaba a ser transformado en las fábricas de Mataró y a centuplicar su precio cuando regresaba.
A la clásica dependencia del entramado industrial vasco, España le suma ahora la subordinación al entramado comercial catalán, que junto a las grandes empresas de suministros y servicios radicadas en Cataluña —cuyas radicaciones allí fueron exigidas y complacidas en todas las épocas, algunas por Zapatero, como el fallido intento de Endesa—, suponen el expolio para el resto de España mediante el casi monopolio comercial. Y en el futuro ese expolio deberá incrementarse gracias a la inexplicable traición de Zapatero a la Nación española, y a la mas que dudosa constitucionalidad de unos estatutos que no solo conceden la independencia de facto a Cataluña, sino que la convierten en “potencia colonial” sobre España. La nefasta y claudicante descentralización política, paralela a una semi-protegida concentración económica catalana, invierten el papel del Estado, pasando de regidor nacional a servidor legal, pero ilegítimo, de los enemigos declarados de España. Recordemos: “España no me es simpática”. Carod dixit. Así, pues, todo el nuevo andamiaje constituye una traición impune y sin escrúpulos, solo posible con la colaboración de los responsables de proteger a la Nación española.
Dando curso a ese estatuto de Cataluña, recurrido como sabemos y que por lógica debería ser totalmente anulado, los políticos catalanes han tenido la indecencia de no esperar al dictamen del Tribunal Constitucional y han creado su propia Agencia Tributaria “para recaudar SUS impuestos”. Se refuerza así la trampa de que la “nación” catalana mantendrá todos los derechos políticos y civiles en España, mientras España no tendrá absolutamente ninguno en Cataluña al haberle cedido todas las competencias. La clase política catalana podrá así ejercer magistralmente su miserable extorsión en los mercados financieros y comerciales, que irá acompañada de la nazi discriminación excluyente, mediante, entre otros, el uso político del idioma. Lo que los avaros políticos catalanes llaman “sus impuestos”, incluyen los que recaudarán en toda España, por ejemplo en concepto de IVA. Esto significa que además de la tradicional explotación a su propia ciudadanía hispano-catalana, abandonada en la indefensión y desamparo por el Estado, obtienen una concesión ilimitada para ampliarla a todo el territorio español. Recaudarán impuestos de todos los españoles mediante su implantada y blindada red comercial, casi exclusiva, y decidirán las políticas comerciales de su interés y contra los nuestros, y encima lo harán desde NUESTRO propio Parlamento, donde tienen la capacidad de mediatizar las decisiones del Gobierno. Cada español que utilice un servicio o consuma un producto de marca catalana pagará impuestos a la Agencia Tributaria catalana, que así expoliará a la española y por ende a la Nación. Aumentaremos el enriquecimiento de Cataluña a costa del inevitable aumento en el empobrecimiento de España, mediante el expolio del IVA repercutido, como se ha dicho, y de los impuestos sobre beneficios, además de generarles riqueza derivada de la producción, manipulado y transportes de los productos.
La clara independencia, implícita en el estatuto catalán, no se ha concretado oficialmente solo porque del modo en que han quedado gozarán de un estatus mucho más ventajoso que la propia independencia. Es decir, aparcan dicha independencia y se aferran al federalismo “asimétrico” como forma de encubrir y mantener su colonización y explotación de la Nación española, dándose la paradoja de que pagaremos impuestos y, en gran medida, nos someteremos a una “nación” declaradamente enemiga por algunos de sus más significados dirigentes y con poder sobre las decisiones de nuestra política. ¿Se imaginan un estatuto que nos obligara a pagar impuestos a Marruecos y encima decidieran las políticas de su interés, en detrimento de los nuestros, en nuestro propio Parlamento? Si trasladamos eso a Cataluña, tendremos ante los ojos la esencia del estatuto catalán: España, colonia catalana para su explotación económica y mangoneo político.
Los traidores del gobierno se burlan con sarcasmos de los que pronosticamos la ya consumada ruptura nacional, solo porque sus protagonistas-beneficiarios la encubren para su conveniencia. La evidencia resalta y se eleva por encima de todas sus mentiras. La excusa es que todos podrán hacer unos estatutos según sus intereses, pero todo está calculado, porque la posible renovación de los demás estatutos solo servirá para consolidarle, a cada uno, su “nacional” pobreza, a costa de enriquecer a esos listos a los que se les ha blindado el monopolio del poder y de la riqueza. Ni siquiera podrán paliar ligeramente su miseria protegiendo sus productos locales. Ni el Estado ni la UE lo permiten. La trampa es perfecta. Solo la legitimidad del poder soberano del pueblo ante semejante injusticia podrá y deberá neutralizar el delito del gobierno zapaterino. El truco del federalismo “asimétrico” no cuela. ¿Qué utilidad tendrá para los andaluces un estatuto similar al catalán, cuando sus ciudadanos paguen impuestos a Cataluña y no los reciban de nadie porque su balanza comercial será desmesurada y progresivamente negativa? Los andaluces, me temo, seguirán en la cola de cualquier índice de desarrollo, como consecuencia de su contribución al enriquecimiento vasco y catalán, un hecho que dura ya varios siglos.
Los ciudadanos han de exigirles a sus gobiernos autónomos que les defiendan de esta agresión urdida por los políticos de Cataluña, el País Vasco y los traidores ocupas del Estado. Las regiones expoliadas deben promover normas que inciten a sus comerciantes a cubrir sus mercados y a negociar sus propias importaciones directamente en origen, puenteando las rutas Vasca y Catalana. España no puede permitirse esta lacra infecta, de claro corte fascista, que nos prive de derechos y progreso otros quinientos años. A poder ser, ni siquiera uno más.
Clandestino
Si no recuerdo mal, hace algo más de veinte años, el Presidente Felipe González tuvo un lapsus de lucidez que, alineándolo con sus deberes, le llevó a tratar de implantar el libre comercio y “descentralizarlo”. Con el fin de frenar el subdesarrollo económico tradicional de la mitad sur de España y el consiguiente despoblamiento de sus provincias, González permitió algunas importaciones de productos cuyo abastecimiento, desde tiempos inmemoriales, había sido acaparado por el mercantilismo de Cataluña. Fue un intento tímido de diversificar el comercio a través de distintas rutas peninsulares.
Muchos recordarán la trifulca histérica y medio vociferante con la que le obsequió el señor Pujol, esgrimiendo su tradicional y eficaz arma de amenaza y extorsión: el independentismo, que para él era la forma de “defenderse” del centralismo españolista de Madrid. Pujol amenazó con azuzar a sus mesnadas cuando realmente sólo defendía, como siempre, la obstrucción de la implantación democrática en el comercio e impedir el libre mercado que les obligase a los catalanes a competir en pie de igualdad. Naturalmente, de su típico y hábil manejo de la extorsión surtió el tradicional efecto de ver satisfechas las demandas de su potente maquinaria ventajista sobre el resto de España. El asunto se resolvió pactando, entre ambos y medio a escondidas, el famoso y vergonzoso PER, que supusieron evitaría el despoblamiento en el sur y garantizaría una reserva permanente de mano de obra, de disponibilidad inmediata y barata, para las zonas más industrializadas, como el País Vasco, o comerciales como Cataluña. Las pateras aún no tenían a España entre sus objetivos.
Libre de la tenaza franquista, a los catalanes les fue muy fácil manejar a su antojo a aquella España entonces tan ingenua con los que en el transcurso del tiempo habrían de ser sus enemigos políticos, los nacionalistas. Madrid continuó descentralizando competencias a favor de Cataluña, mientras ésta continuó afianzándose como un gigantesco almacén de compraventa e importaciones que, reconvertidas como marcas propias, copaban el mercado nacional en un porcentaje muy superior a las producciones locales. Tal sistema les generó muy poca o ninguna competencia a los catalanes, dando así continuidad al proteccionismo franquista sobre la economía de la región catalana. Pero a diferencia del régimen anterior, ahora solo de forma unidireccional: riqueza del resto de España hacia Cataluña, como consecuencia de un mercado que seguía casi cautivo, y desvinculación social y política de Cataluña hacia la Nación y su Estado, en clara deslealtad y en oposición al derecho al desarrollo económico del resto de España, una vez asentado el expolio de sus materias primas, como por ejemplo el algodón andaluz que pasaba a ser transformado en las fábricas de Mataró y a centuplicar su precio cuando regresaba.
A la clásica dependencia del entramado industrial vasco, España le suma ahora la subordinación al entramado comercial catalán, que junto a las grandes empresas de suministros y servicios radicadas en Cataluña —cuyas radicaciones allí fueron exigidas y complacidas en todas las épocas, algunas por Zapatero, como el fallido intento de Endesa—, suponen el expolio para el resto de España mediante el casi monopolio comercial. Y en el futuro ese expolio deberá incrementarse gracias a la inexplicable traición de Zapatero a la Nación española, y a la mas que dudosa constitucionalidad de unos estatutos que no solo conceden la independencia de facto a Cataluña, sino que la convierten en “potencia colonial” sobre España. La nefasta y claudicante descentralización política, paralela a una semi-protegida concentración económica catalana, invierten el papel del Estado, pasando de regidor nacional a servidor legal, pero ilegítimo, de los enemigos declarados de España. Recordemos: “España no me es simpática”. Carod dixit. Así, pues, todo el nuevo andamiaje constituye una traición impune y sin escrúpulos, solo posible con la colaboración de los responsables de proteger a la Nación española.
Dando curso a ese estatuto de Cataluña, recurrido como sabemos y que por lógica debería ser totalmente anulado, los políticos catalanes han tenido la indecencia de no esperar al dictamen del Tribunal Constitucional y han creado su propia Agencia Tributaria “para recaudar SUS impuestos”. Se refuerza así la trampa de que la “nación” catalana mantendrá todos los derechos políticos y civiles en España, mientras España no tendrá absolutamente ninguno en Cataluña al haberle cedido todas las competencias. La clase política catalana podrá así ejercer magistralmente su miserable extorsión en los mercados financieros y comerciales, que irá acompañada de la nazi discriminación excluyente, mediante, entre otros, el uso político del idioma. Lo que los avaros políticos catalanes llaman “sus impuestos”, incluyen los que recaudarán en toda España, por ejemplo en concepto de IVA. Esto significa que además de la tradicional explotación a su propia ciudadanía hispano-catalana, abandonada en la indefensión y desamparo por el Estado, obtienen una concesión ilimitada para ampliarla a todo el territorio español. Recaudarán impuestos de todos los españoles mediante su implantada y blindada red comercial, casi exclusiva, y decidirán las políticas comerciales de su interés y contra los nuestros, y encima lo harán desde NUESTRO propio Parlamento, donde tienen la capacidad de mediatizar las decisiones del Gobierno. Cada español que utilice un servicio o consuma un producto de marca catalana pagará impuestos a la Agencia Tributaria catalana, que así expoliará a la española y por ende a la Nación. Aumentaremos el enriquecimiento de Cataluña a costa del inevitable aumento en el empobrecimiento de España, mediante el expolio del IVA repercutido, como se ha dicho, y de los impuestos sobre beneficios, además de generarles riqueza derivada de la producción, manipulado y transportes de los productos.
La clara independencia, implícita en el estatuto catalán, no se ha concretado oficialmente solo porque del modo en que han quedado gozarán de un estatus mucho más ventajoso que la propia independencia. Es decir, aparcan dicha independencia y se aferran al federalismo “asimétrico” como forma de encubrir y mantener su colonización y explotación de la Nación española, dándose la paradoja de que pagaremos impuestos y, en gran medida, nos someteremos a una “nación” declaradamente enemiga por algunos de sus más significados dirigentes y con poder sobre las decisiones de nuestra política. ¿Se imaginan un estatuto que nos obligara a pagar impuestos a Marruecos y encima decidieran las políticas de su interés, en detrimento de los nuestros, en nuestro propio Parlamento? Si trasladamos eso a Cataluña, tendremos ante los ojos la esencia del estatuto catalán: España, colonia catalana para su explotación económica y mangoneo político.
Los traidores del gobierno se burlan con sarcasmos de los que pronosticamos la ya consumada ruptura nacional, solo porque sus protagonistas-beneficiarios la encubren para su conveniencia. La evidencia resalta y se eleva por encima de todas sus mentiras. La excusa es que todos podrán hacer unos estatutos según sus intereses, pero todo está calculado, porque la posible renovación de los demás estatutos solo servirá para consolidarle, a cada uno, su “nacional” pobreza, a costa de enriquecer a esos listos a los que se les ha blindado el monopolio del poder y de la riqueza. Ni siquiera podrán paliar ligeramente su miseria protegiendo sus productos locales. Ni el Estado ni la UE lo permiten. La trampa es perfecta. Solo la legitimidad del poder soberano del pueblo ante semejante injusticia podrá y deberá neutralizar el delito del gobierno zapaterino. El truco del federalismo “asimétrico” no cuela. ¿Qué utilidad tendrá para los andaluces un estatuto similar al catalán, cuando sus ciudadanos paguen impuestos a Cataluña y no los reciban de nadie porque su balanza comercial será desmesurada y progresivamente negativa? Los andaluces, me temo, seguirán en la cola de cualquier índice de desarrollo, como consecuencia de su contribución al enriquecimiento vasco y catalán, un hecho que dura ya varios siglos.
Los ciudadanos han de exigirles a sus gobiernos autónomos que les defiendan de esta agresión urdida por los políticos de Cataluña, el País Vasco y los traidores ocupas del Estado. Las regiones expoliadas deben promover normas que inciten a sus comerciantes a cubrir sus mercados y a negociar sus propias importaciones directamente en origen, puenteando las rutas Vasca y Catalana. España no puede permitirse esta lacra infecta, de claro corte fascista, que nos prive de derechos y progreso otros quinientos años. A poder ser, ni siquiera uno más.
Clandestino
jueves, julio 05, 2007
La ley destinada al expolio
Estoy profundamente convencido de que estoy siendo legalmente humillado y agredido en mis derechos y en mi patrimonio, cuando me obligan al pago de un canon a la SGAE, por consumo de productos legales y de libre comercialización y venta en todo el mundo. Sin embargo, reconozco que la SGAE, aunque es la sociedad recaudadora, no comete un delito por estar legalmente autorizada a hacerlo. Efectivamente, los de la SGAE no son ladrones, al menos por esto. Realmente es el gobierno el que pone la ley al servicio de los grupos de presión en un mercadeo con derechos ajenos, arrogándose la potestad de darlos a quien convenga, hurtándolos previamente a sus legítimos dueños, traicionando a la Nación, una vez más, al adulterar la ley que garantiza ese derecho, legislando a favor de actuaciones que en cualquier “Legalidad Democrática” son constitutivas de delito. Mientras que en democracia el expolio siempre es delito, bajo cualquiera de sus formas, en un régimen totalitario plagado mafias, corruptos, desleales a la Constitución, a la Nación y a cualquier valor o principio, el expolio es la tónica habitual.
De esta forma el Estado, además de ahorrarse perseguir y erradicar el delito, lo usa como excusa para justificar leyes que sirven para reprimir, recaudar y repartir la responsabilidad civil subsidiaria sobre toda la población. Al ahorro por la laboriosa y poco eficaz tarea de perseguir un delito, como la piratería, se suma la rentabilidad que supone el que todos hemos de pagar las pérdidas de los colectivos “afectados”, tanto institucionales como privados, tanto afines como acreedores. Así se hace con la SGAE. Con el tráfico rodado. Con el mal trato doméstico. Con la “ley” de igualdad. Con la discriminación positiva. Con las fugas por trapicheos fiscales. Con las prejubilaciones. Con las subvenciones. Con las corrupciones. Con numerosas omisiones de los capitostes municipales, regionales y del propio Ejecutivo... Todo un descomunal revoltijo de víctimas y delincuentes obligados a convivir compartiendo los espacios físicos y legales.
Esto naturalmente solo es posible en un país donde la nación, además de pagar el lujo y el despilfarro a un gobierno desleal, permite su autoritarismo sectario y que haga gala de un absoluto desprecio al derecho y a la justicia. El Estado es utilizando a modo de plataforma para intereses de partido y de todo su entorno-colchón beneficiario, afín o asociado. Un gobierno en manos de gente que, por su calaña, son habitualmente denominados tercermundistas, barriobajeros o bananeros, de talla moral muy inferior a la de esa ciudadanía cuya explotación se reparten, como si fuera ganado.
Un gobierno decente y democrático articularía todos los medios a su alcance para facilitar al ciudadano la mejor enseñanza, en total libertad, inculcándole el libre acceso, creación, divulgación y disfrute de toda la cultura posible. Un gobierno decente educaría a ese ciudadano para que en el mundo cultural distinguiera la calidad, las formas, los estilos y orígenes, lo que favorecería la evolución del individuo y le prepararía así para que fuese capaz de eludir las basuras y sus basureros disfrazados de cultura. Un gobierno decente jamás legislaría para impedir la cultura, para obstruirla, gravarla o convertirla en vulgar estrategia de lucro o para consolidar su mercado de votos. Un pueblo culto es un pueblo unido, libre, creativo, activo y fuerte, con gran capacidad de autogobierno y muy difícil de someter y engañar.
Que se respeten y garanticen los derechos de autor, como todos los demás derechos, me parece algo legítimo. Que se legisle una transfusión de derechos a favor de la SGAE, criminalizando y desposeyendo de esos derechos a grandes colectivos o a toda la Nación, es una vulgar y humillante estafa democrática que además motiva la indefensión de sus víctimas. La cultura, en todos sus estilos y formas de expresión y divulgación, nunca dejó de crecer en abundancia, riqueza y solidez desde milenios antes de existir la SGAE. Una cosa es el arte y la cultura y otra bien diferente el negocio generado a su sombra y a costa de imponerlo por la fuerza.
La SGAE sobra, como sobran todas las mafias y corporativismos. Su boyante y antidemocrático negocio procedente del expolio, también. El que tenga algo que ofrecer, que compita en el mercado como cada hijo de vecino. El consumidor premiará el trabajo y la calidad, hundiendo a los vividores y chupópteros.
Clandestino
De esta forma el Estado, además de ahorrarse perseguir y erradicar el delito, lo usa como excusa para justificar leyes que sirven para reprimir, recaudar y repartir la responsabilidad civil subsidiaria sobre toda la población. Al ahorro por la laboriosa y poco eficaz tarea de perseguir un delito, como la piratería, se suma la rentabilidad que supone el que todos hemos de pagar las pérdidas de los colectivos “afectados”, tanto institucionales como privados, tanto afines como acreedores. Así se hace con la SGAE. Con el tráfico rodado. Con el mal trato doméstico. Con la “ley” de igualdad. Con la discriminación positiva. Con las fugas por trapicheos fiscales. Con las prejubilaciones. Con las subvenciones. Con las corrupciones. Con numerosas omisiones de los capitostes municipales, regionales y del propio Ejecutivo... Todo un descomunal revoltijo de víctimas y delincuentes obligados a convivir compartiendo los espacios físicos y legales.
Esto naturalmente solo es posible en un país donde la nación, además de pagar el lujo y el despilfarro a un gobierno desleal, permite su autoritarismo sectario y que haga gala de un absoluto desprecio al derecho y a la justicia. El Estado es utilizando a modo de plataforma para intereses de partido y de todo su entorno-colchón beneficiario, afín o asociado. Un gobierno en manos de gente que, por su calaña, son habitualmente denominados tercermundistas, barriobajeros o bananeros, de talla moral muy inferior a la de esa ciudadanía cuya explotación se reparten, como si fuera ganado.
Un gobierno decente y democrático articularía todos los medios a su alcance para facilitar al ciudadano la mejor enseñanza, en total libertad, inculcándole el libre acceso, creación, divulgación y disfrute de toda la cultura posible. Un gobierno decente educaría a ese ciudadano para que en el mundo cultural distinguiera la calidad, las formas, los estilos y orígenes, lo que favorecería la evolución del individuo y le prepararía así para que fuese capaz de eludir las basuras y sus basureros disfrazados de cultura. Un gobierno decente jamás legislaría para impedir la cultura, para obstruirla, gravarla o convertirla en vulgar estrategia de lucro o para consolidar su mercado de votos. Un pueblo culto es un pueblo unido, libre, creativo, activo y fuerte, con gran capacidad de autogobierno y muy difícil de someter y engañar.
Que se respeten y garanticen los derechos de autor, como todos los demás derechos, me parece algo legítimo. Que se legisle una transfusión de derechos a favor de la SGAE, criminalizando y desposeyendo de esos derechos a grandes colectivos o a toda la Nación, es una vulgar y humillante estafa democrática que además motiva la indefensión de sus víctimas. La cultura, en todos sus estilos y formas de expresión y divulgación, nunca dejó de crecer en abundancia, riqueza y solidez desde milenios antes de existir la SGAE. Una cosa es el arte y la cultura y otra bien diferente el negocio generado a su sombra y a costa de imponerlo por la fuerza.
La SGAE sobra, como sobran todas las mafias y corporativismos. Su boyante y antidemocrático negocio procedente del expolio, también. El que tenga algo que ofrecer, que compita en el mercado como cada hijo de vecino. El consumidor premiará el trabajo y la calidad, hundiendo a los vividores y chupópteros.
Clandestino
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